El Gobierno de Guatemala declaró reservada por siete años la información clave del proyecto de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal: primero cerró el acceso al convenio de construcción entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, y luego hizo lo mismo con todo el expediente ambiental, con el argumento de que su difusión pondría en riesgo la estrategia de seguridad y la propia ejecución de la obra.
La prisión prevé una inversión de 1.000 millones de quetzales y 12 módulos con capacidad para 2.074 privados de libertad. El diseño contempla cubículos para dos personas, en lugar de celdas colectivas como las que predominan en otras cárceles de la región.
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La primera de esas decisiones quedó formalizada en la Resolución ministerial 000290, publicada el 22 de mayo. La medida clasificó como reservada por siete años la totalidad del convenio específico de cooperación interinstitucional firmado el 25 de marzo de 2026 entre Gobernación y Defensa para levantar el centro penitenciario.
La resolución sostuvo que divulgar ese contenido podría comprometer acciones o estrategias vinculadas con la construcción del centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad. También afirmó que permitir el acceso al documento facilitaría a la delincuencia organizada identificar áreas de riesgo en materia de seguridad penitenciaria.
La reserva del convenio se extiende hasta 2033 y puede ampliarse
La vigencia de la reserva del convenio comenzó el 23 de mayo de 2026 y mantendrá restringido el acceso hasta 2033. El texto de la resolución añade que el plazo podrá ampliarse con base en el artículo 28 del Decreto 57-2008, la Ley de Acceso a la Información Pública.
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De acuerdo con la resolución publicada por el diario oficial, la solicitud de clasificación fue presentada por el director general de la Dirección General del Sistema Penitenciario, dependencia que además fue señalada como fuente de la información sometida a reserva. El acuerdo identificó como responsables de la conservación del expediente a la Subdirección Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, la Dirección de Planificación y la propia Dirección General del Sistema Penitenciario.
La justificación oficial añadió que el perjuicio de liberar esos datos era mayor que el interés público de conocerlos. En la versión leída en voz alta del acuerdo ministerial también se indicó que la divulgación podía acercar información a grupos delictivos que pretendan involucrarse o infiltrarse en tareas de custodia de personas reclusas.
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El expediente ambiental también quedó bajo secreto oficial por siete años
La segunda decisión fue adoptada por el MARN mediante la Resolución Ministerial 181-2026, emitida el 23 de junio de 2026 y publicada en el Diario de Centro América. El ministerio declaró reservado por siete años todo el expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la prisión.
La medida alcanzó la totalidad de la información, los documentos y los actos administrativos que el ministerio reciba o produzca dentro de ese expediente. La resolución fue firmada por la ministra Ana Patricia Orantes Thomas.
El procedimiento respondió a una solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional presentada el 4 de mayo de 2026 a través del Oficio número CB-42026006931 DBI/sbms. En ese requerimiento, la cartera pidió activar el procedimiento legal para clasificar como reservado el “Instrumento Ambiental” del proyecto.
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El MARN invocó el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la publicidad de los actos administrativos pero prevé una excepción para asuntos militares o diplomáticos relacionados con la seguridad nacional. También citó el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite reservar información vinculada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional.
La resolución incorporó además una “prueba de daño”. El ministerio sostuvo que divulgar el contenido vulneraría la seguridad nacional y la normativa militar vigente, y que el perjuicio de hacer públicos esos datos sería mayor que el interés público de conocerlos.
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La custodia de esa documentación quedó a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN. El plazo de la reserva comenzó a contarse desde la fecha de publicación en el diario oficial del Estado guatemalteco.
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