El Fiscal General, Gabriel García Luna, confirmó a Infobae la destitución del esposo de Consuelo Porras, Gilberto de Jesús Porres de Paz, así como de otros nueve fiscales allegados a la administración anterior.
Porres de Paz tenía 18 años de trabajar en el Ministerio Público (MP). Empezó en un interinato en 2008, después en 2010 fue contratado y nombrado como agente fiscal de sección. Después asumió como fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción, pero durante la administración de su esposa fue ascendido como Subjefe.
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Tras la llegada de García Luna lo trasladaron a la Unidad de Investigación el pasado 2 de junio, pero este miércoles 1 de julio fue destituido de su cargo, junto con, por lo menos, nueve fiscales más, quienes eran allegados a la antigua jefa del MP.
Porres de Paz estudió en la Escuela Politécnica. Ingresó en 1983 hasta convertirse en cadete, pero dejó la institución después de solicitar su retiro voluntario. Contrajo matrimonio con Consuelo Porras en noviembre de 2012, ese mismo año integró el Consejo del MP, donde permaneció hasta 2014.
Otros destituidos
Además de Porres de Paz, el Fiscal General confirmó la destitución del fiscal Marlon Oswaldo Rossatti Ramírez, quien dirigía la Fiscalía Regional VI Sur, así como a Lizbeth Janeth Pérez de Paz, de la Fiscalía contra Delitos Electorales.
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De igual forma se destituyó a los siguientes fiscales: Donal Demecio Pérez Pérez, Marlon Oswaldo Rossati Ramirez, Lizbeth Janeth Pérez de Paz, Mario Francisco Pérez Zapeta, Ruth Patricia Arrazola González Morales, Marilyn Stafanny Estrada Argueta, Julio Antonio Lux López y a Christian José Aguilar Gálvez.
El caso de Consuelo Porras
Consuelo Porras asumió la jefatura del MP en 2018, luego que fue seleccionada por el expresidente Jimmy Morales, para reemplazar a Thelma Aldana, quien había luchado fuertemente contra la corrupción en el país, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
No obstante, en la segunda mitad de su mandato la relación con las fiscalías anticorrupción se tensó de forma crítica, al punto que en 2021 destituyó a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien se había convertido en un valuarte de la lucha contra la corrupción.
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A pesar de los fuertes señalamientos y críticas de su gestión, en 2022 fue reelecta como Fiscal General por el expresidente Alejandro Giammattei, para un segundo mandato de cuatro años.
Durante esta etapa, su administración dio un giro hacia la persecución penal y criminalización de antiguos operadores de justicia, jueces, fiscales anticorrupción, periodistas y activistas, muchos de los cuales se vieron forzados al exilio.
Fue sancionada por 44 países, quienes consideraron que sus acciones socavaban la democracia y protegían redes de corrupción. Las restricciones incluyeron vetos migratorios y congelamiento de activos.
Entre los países que mantienen las sanciones contra Porras se encuentran Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido.
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