El MARN de Guatemala declaró reservado por siete años todo el expediente ambiental de la prisión de máxima seguridad El Triunfo, una obra que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo construye en Morales, Izabal, y que quedó bajo secreto oficial por tratarse de un asunto de seguridad nacional.
La medida quedó fijada en la Resolución Ministerial número 181-2026, emitida el 23 de junio de 2026 y publicada en el Diario de Centro América. El documento alcanza la totalidad de la información, los documentos y los actos administrativos que el ministerio reciba o produzca dentro del expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
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La futura cárcel supone una inversión de 1.000 millones de quetzales y prevé 12 módulos con capacidad para 2.074 privados de libertad. Todos estarán alojados en cubículos para dos personas, en un esquema distinto al de celdas colectivas que predomina en otras prisiones de la región.
La resolución fue firmada por la ministra Ana Patricia Orantes Thomas y respondió a una solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional, presentada mediante el Oficio número CB-42026006931 DBI/sbms., fechado el 4 de mayo de 2026. En ese pedido, la cartera de Defensa requirió que se activara el procedimiento legal para clasificar como reservado el “Instrumento Ambiental” de la obra.
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La reserva cubre todo el expediente ambiental de la prisión
El fundamento jurídico citado por el ministerio incluye el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa norma establece la publicidad de los actos administrativos, pero contempla una excepción expresa para asuntos militares o diplomáticos vinculados con la seguridad nacional.
El MARN también invocó el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008. Según esa disposición, puede considerarse reservada la información relacionada con asuntos militares clasificados como de seguridad nacional.
La resolución incorpora además una “prueba de daño”. La cartera sostuvo que la divulgación del contenido vulneraría la seguridad nacional y la normativa militar vigente, y que el perjuicio derivado de hacer públicos esos datos sería mayor que el interés público de conocerlos.
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La custodia de los documentos quedó a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN. El plazo de la reserva empezará a contarse desde la fecha de publicación en el diario oficial del Estado guatemalteco.
El Triunfo nació tras una fuga y quedó envuelto en disputas judiciales y locales
El Triunfo fue presentado como el proyecto penitenciario de mayor escala en Guatemala en más de cuatro décadas. Bernardo Arévalo colocó la primera piedra el 27 de marzo de 2026, después de una fuga masiva de 20 reos ocurrida en octubre de 2025 que aceleró la decisión política de avanzar con la obra.
La construcción está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se levanta en una finca que el Estado incautó en 2012 al narcotraficante Mario Ponce mediante el juzgado de Extinción de Dominio. La base legal del proyecto se apoya en el Decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas.
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Esa norma facultó al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ministerio de Gobernación para ejecutar la prisión. El Congreso de la República aprobó además una partida adicional de 694 millones de quetzales para profundizar la reforma penitenciaria y buscar que líderes de pandillas y del crimen organizado dejen de ejercer control desde las cárceles del país.
La construcción, de todos modos, quedó atravesada por impugnaciones. Un día después del acto de colocación de la primera piedra, el 28 de marzo de 2026, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Izabal, constituida en Tribunal de Amparo, ordenó la suspensión provisional de las obras tras un recurso presentado por ciudadanos particulares.
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También hubo rechazo de comunidades del municipio de Morales por el posible impacto en la seguridad local. El alcalde Mynor Portillo señaló que la prisión estaría ubicada a unos siete kilómetros de zonas habitadas.
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