La Embajada de Estados Unidos en Guatemala celebró la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero por parte del Congreso guatemalteco y pidió una aplicación rápida y efectiva, al considerar que la norma fortalece el Estado de derecho, protege a los ciudadanos de actividades criminales y terroristas y favorece la seguridad y la prosperidad económica de ambos países, según expresó la sede diplomática.
La ley fue aprobada este martes con 147 votos a favor en el Congreso de la República de Guatemala. Según el propio Congreso, la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento actualiza el marco legal del país para prevenir y combatir estos delitos conforme a estándares internacionales.
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La norma adquiere peso por una razón concreta: sustituye una legislación que llevaba más de 25 años en vigor y, por primera vez, reúne en un solo cuerpo legal las disposiciones para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos.
La embajada estadounidense sostuvo que la aprobación “demuestra el compromiso con el fortalecimiento económico y el Estado de derecho en Guatemala al establecer un marco legal que protege a sus ciudadanos de actividades criminales y terroristas”. En ese mismo mensaje, añadió que espera “su implementación rápida y efectiva para promover la prosperidad económica y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala”.
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La nueva norma busca evitar sanciones internacionales y reforzar el control financiero
Según la información difundida por el Congreso, la iniciativa fue diseñada para dotar a Guatemala de herramientas legales modernas frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que, de acuerdo con ese organismo, han presionado la integridad del sistema financiero nacional.
El núcleo de la ley es directo: moderniza la capacidad del Estado para vigilar operaciones financieras sospechosas, mejorar la cooperación internacional y reforzar la respuesta frente a delitos complejos y transnacionales. Durante la discusión parlamentaria, los diputados señalaron la necesidad de contar con una normativa actualizada para fortalecer la vigilancia y el control sobre esas operaciones.
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El texto también busca impedir que recursos de origen ilícito ingresen a la economía formal, proteger a los negocios lícitos y resguardar el valor de la moneda. En esa misma línea, plantea restringir el flujo de efectivo ilegal para reducir el margen de acción del crimen organizado y prevenir el financiamiento de actividades terroristas.
Otro efecto señalado en la información disponible es externo: al alinearse con exigencias globales, Guatemala reduce el riesgo de ser incluida en listas negras internacionales que dificultarían el comercio y las transacciones mundiales. La legislación también fortalece la capacidad de las autoridades para monitorear, detectar y sancionar delitos financieros, en particular la de la SIB.
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La Superintendencia de Bancos definió la aprobación como un hito institucional
La aprobación del Decreto 15-2026 fue recibida por la Superintendencia de Bancos como un hito. Según un comunicado oficial emitido tras la votación, la entidad reconoció el trabajo de los distintos actores institucionales que participaron en la elaboración, el análisis y la aprobación del texto.
La votación se produjo después de semanas de negociaciones y discusiones entre distintos bloques legislativos. De acuerdo con la información difundida por el Congreso, esas conversaciones permitieron analizar y consensuar enmiendas al texto final antes de llevarlo al pleno.
El respaldo de la mayoría de los diputados presentes, según la información legislativa, expresó una voluntad política orientada a blindar la economía nacional frente a delitos de alcance transnacional. Esa orientación también fue destacada por la sede diplomática de Estados Unidos, que vinculó la norma con la seguridad compartida entre ambos países.
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La SIB advirtió que el resultado dependerá ahora de la ejecución. De acuerdo con la entidad, la efectividad del nuevo marco legal estará atada a su implementación adecuada, a la articulación entre las autoridades competentes y a la participación de todos los actores del sistema financiero.
En ese comunicado, la Superintendencia reiteró su compromiso de contribuir a la aplicación efectiva de la ley y de mantener la integridad del sistema financiero guatemalteco en línea con los compromisos internacionales.
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