La Comisión de Postulación para Fiscal General presentó la lista definitiva de seis profesionales, entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo deberá elegir a quien ocupará el cargo de fiscal general tras la salida de Consuelo Porras. Esta nómina incluye perfiles que acumulan trayectorias con antecedentes judiciales, experiencia en cargos estatales y vínculos a episodios recientes de relevancia política y judicial en Guatemala, según la información recopilada por la propia Comisión.
Una cifra que resalta del proceso es que tres de los seis postulantes ya formaron parte de la nómina de candidatos en el proceso de 2022. Entre ellos está Nector Guilebaldo De León Ramírez, quien integró la lista final anterior y ha tenido participación directa en casos judiciales vinculados a figuras políticas, lo que suma experiencia y señala continuidad en la selección de perfiles, según la Comisión de Postulación.
La conformación de la terna implica una decisión central para el gobierno en ejercicio, ya que la designación definirá la orientación del Ministerio Público en un periodo clave mientras el país enfrenta investigaciones sensibles por corrupción y crimen organizado. El proceso de selección, elaborado por la Comisión de Postulación, resume no solo credenciales técnicas, sino también los antecedentes y controversias asociadas a cada candidato, de acuerdo con medios locales.
Algunos candidatos arrastran antecedentes políticos y judiciales recientes
Julio César Rivera Clavería figura nuevamente como aspirante al cargo, repitiendo su postulación desde 2010 y habiendo alcanzado la calidad de finalista en 2014, de acuerdo con la Comisión. Su historial incluye cargos como director del Sistema Penitenciario, viceministro de Gobernación y director de la Guardia de Hacienda. Fue secretario de la Corte Suprema de Justicia y asesor tanto en el Congreso de la República como en la municipalidad capitalina. Además, la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala lo vinculó en el pasado con la Red Moreno, una organización dedicada al contrabando, y en 2023 fue candidato presidencial por el partido político Mi Familia, aunque también ha militado en otras agrupaciones como Democracia Cristiana.
Por otra parte, Zoila Tatiana Morales Valdizón acumula una carrera extensa en el Ministerio Público, ascendiendo desde agente fiscal hasta desempeñarse como fiscal especial en casos de violaciones a derechos humanos. Ha dirigido investigaciones relevantes como el caso de Espionaje Postal en el Edificio de Correos y el denominado Conexión Panamá. Morales Valdizón fue jefa de la Fiscalía contra la Corrupción y trabajó en unidades especializadas en medio ambiente, propiedad intelectual y crimen organizado.
Cesar Augusto Ávila Aparicio, actual magistrado suplente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa (periodo 2024-2029), fue previamente titular en Chiquimula hasta 2023 y vinculado, según el Movimiento Pro Justicia, a redes familiares que han ejercido injerencia en esa jurisdicción. Según esta organización, es esposo de Heidy Mariela Hichos Posadas, sobrina del fallecido diputado Baudilio Hichos, quien fue denunciado por colocar familiares en cargos del poder judicial. Ávila Apricio también ha sido relacionado con el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez.
Magistrados vinculados a decisiones sobre casos de alto perfil
El perfil de Beyla Estrada Barrientos destaca por su participación en sentencias que han tenido repercusión política en el país. Como magistrada de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, intervino en la anulación de la condena contra cinco exdirectivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en la confirmación del cierre del expediente judicial contra el exministro de Defensa Williams Mansilla, imputado por aprobar un bono mensual de Q50 mil al entonces presidente Jimmy Morales. Estrada Barrientos también fue responsable de dictar arresto domiciliario a Samuel Morales y José Manuel Morales —hermano e hijo del presidente Morales— en el caso Botín Registro de la Propiedad, así como de conceder medidas sustitutivas a Gustavo Alejos, rechazar el antejuicio contra el entonces alcalde Álvaro Arzú y ordenar la libertad bajo fianza de la exmagistrada Blanca Stalling. Estrada Barrientos está casada con Alfredo Brito, quien fungió como secretario de Comunicación Social durante el gobierno de Jimmy Morales.
El candidato Gabriel Estuardo García Luna integró la nómina final en el proceso de 2022. Actualmente forma parte de la Junta de Disciplina Judicial. Comenzó su carrera en el Organismo Judicial en 1997 y ha recorrido distintos cargos, desde oficial y secretario hasta juez de paz, juez de primera instancia y magistrado penal en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz.
Decisión clave para el Ministerio Público ante investigaciones pendientes
Entre los nombres reiterados en la nómina, Nector Guilebaldo De León Ramírez es exmagistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, cargo que ejerció desde 2014 en prolongación de funciones hasta 2023. Desde 2016 fue también suplente en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2020 avaló dar trámite a un antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata Vela y Gloria Porras. Además, fue juez pesquisidor en el antejuicio contra Gilmar Othmar Sánchez Herrera, diputado del Parlamento Centroamericano vinculado al caso de fraude en el Registro de la Propiedad, y recomendó retirarle la inmunidad. Fue denunciado por el abogado Alfonso Carrillo por prevaricato tras excarcelar a la magistrada Blanca Stalling.
La Comisión de Postulación para Fiscal General incluye dicho historial en la evaluación de los seis perfiles finalistas, señalando que varios candidatos han tenido roles directos en procesos relevantes para la administración de justicia en Guatemala y podrían influir de manera decisiva en la conducción futura del Ministerio Público.
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