
Las falsas promesas laborales y el silencio de las autoridades sellaron el destino de al menos una decena de salvadoreños, arrastrados por una red internacional que los condujo a la guerra entre Rusia y Ucrania. Dos familias, bajo nombres ficticios, relatan a Infobae el viaje sin retorno de sus seres queridos.
La vida de Marta Hernández cambió el día que su esposo, Luis Gómez, le anunció que viajaría a Rusia tras recibir una oferta para trabajar en “seguridad” con un salario que superaba cualquier expectativa local.
“Me dijo que era la oportunidad de pagar todas las deudas y asegurar el futuro de nuestros hijos”, recuerda. La oferta llegó en diciembre de 2024, cuando la familia enfrentaba dificultades económicas y el empleo de Luis como repartidor en una cadena de comida rápida apenas cubría los gastos básicos.
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La promesa vino de una mujer rusa, conocida como "Polina", quien gestionó los boletos y la logística. Según Marta, dicha mujer contactó a varios hombres, incluyendo a Luis y dos de sus primos.
“Les aseguró que viajarían como turistas, que todo estaba en regla”. La realidad era distinta. En el primer intento, el grupo no logró pasar de Panamá porque no tenían boleto de regreso; la autoridad migratoria los retuvo y los envió de vuelta a El Salvador.
La presión económica y la insistencia de Polina no tardaron en surtir efecto. En agosto de 2025, con la documentación completa, el grupo volvió a intentarlo. Esta vez, el trayecto incluyó escalas en Turquía y Moscú. Al llegar, el ambiente se tornó hostil.
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“A los pocos días, mi esposo me contó que todo era distinto a lo prometido. Les quitaron los pasaportes, los teléfonos, y los sometieron a un entrenamiento extenuante”, relata Marta. La comunicación se volvió esporádica, limitada a mensajes en Telegram, pues los obligaron a desinstalar WhatsApp.
Luis advirtió que la supuesta capacitación era en realidad preparación militar. Los relatos recogidos por Infobae confirman que Polina y otros coordinadores amenazaban a quienes querían abandonar el lugar: “Si no continúan, los enviamos presos”, fue el mensaje que Luis transmitió a su esposa.
La desesperación creció. Marta describe noches sin respuesta, días enteros sin saber si Luis seguía vivo. “Me decía que lo trataban como animal, que lo obligaban a marchas forzadas sin alimento ni agua”.
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El 14 de septiembre de 2025, Luis se despidió por última vez. “Me dijo que lo enviarían al frente, que sentía miedo, que no sabía si regresaría”. Desde esa fecha, el silencio se apoderó de la familia.
Solo meses después, en febrero de 2026, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, citó a la familia para informarles que Luis había muerto en combate, abatido por un dron mientras realizaba labores militares.
“Nos leyeron la copia de un documento ruso, pero nunca entregaron el cuerpo ni tradujeron el contrato que él firmó allá”, lamenta Marta. La promesa de una indemnización nunca se materializó. Ni la embajada salvadoreña en Moscú ni las autoridades locales ofrecieron respuestas claras.
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Un contrato, dos destinos: la odisea de Carlos Rivera en Rusia
Otra familia salvadoreña vive un drama similar. Rosa Jiménez despachó a su esposo, Carlos Rivera, en agosto de 2025, convencida por la ilusión de un empleo bien remunerado en Rusia.
“Él se enteró por un amigo, le hablaron de un contrato de seis meses y un pago cercano a cinco mil dólares mensuales. Pensó que podríamos salir adelante”, relata Rosa.
La gestión del viaje también estuvo a cargo de una reclutadora extranjera, identificada en este caso como Alexandra. Carlos partió también en agosto de 2025, junto a tres compañeros. Según el relato de su esposa, al llegar a Rusia les confirmaron que el contrato era por doce meses y no seis.
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Los primeros días transcurrieron en un hotel, con promesas de estabilidad. La situación cambió tras la firma del contrato. “Empezó el entrenamiento. Le dijeron que haría tareas de apoyo, pero pronto perdió contacto. La alimentación era escasa, no había agua y los obligaban a largas jornadas físicas”, detalla Rosa.
Las condiciones empeoraron cuando Alexandra les confiscó los pasaportes y limitó sus comunicaciones. Carlos logró establecer contacto con un funcionario salvadoreño en Rusia, identificado como "Iván Castro", y solicitó ayuda para regresar, pero la respuesta fue la misma que recibió la familia de Luis: “Todo depende de las autoridades rusas”.
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El último mensaje de Carlos llegó el 4 de septiembre de 2025, cuando informó que lo enviaban a una base militar cerca de la frontera de conflicto. Ese día, otro salvadoreño le confirmó a Rosa que Carlos había sido enviado a la primera línea de combate junto a un colombiano, sin haber completado un mes de entrenamiento.
Semanas después, la familia recibió la noticia de su muerte a través de documentos oficiales, aunque nunca vieron el cuerpo ni obtuvieron una confirmación definitiva. “Solo nos dijeron que murió el mismo día que lo mandaron a misión, pero la documentación no prueba nada”, asegura Rosa.
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Las historias de Marta Hernández y Rosa Jiménez son solo una muestra de cómo la trata de personas y las redes de engaño encuentran terreno fértil en contextos de vulnerabilidad. Las voces recogidas por Infobae revelan un patrón: ofertas irresistibles, trámites opacos, contratos incomprensibles y una cadena de abandono institucional.
“Lo único que pedimos es saber la verdad y que nadie más pase por esto”, concluye Rosa. La incertidumbre, la impotencia y el dolor definen el presente de estas familias, que hoy exigen respuestas y justicia.
Las familias salvadoreñas afectadas por las falsas ofertas laborales en Rusia han acudido a las diferentes instituciones en busca de información de sus seres queridos y están a la espera de respuestas.
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