
El exfutbolista guatemalteco Pedro Samayoa fue detenido comienzos de junio en el estado de Georgia, Estados Unidos, junto a su madre y hermano, después de permanecer prófugos a raíz de una orden de captura vigente por su presunta vinculación con el asesinato de Claudina Velásquez Paiz en 2005. La detención, confirmada por registros oficiales consultados por el medio La Hora, marca un giro en un caso que durante casi dos décadas ha simbolizado la ineficacia del Estado guatemalteco ante la violencia contra las mujeres.
Según información publicada por La Hora con base en reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tanto Pedro Samayoa como Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno se encuentran bajo custodia en el Stewart Detention Center. Los tres aparecen en el portal de ICE desde su detención, con reportes activos y acusaciones de delitos graves: asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.
Una cifra central distingue el carácter extraordinario del caso: en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala al establecer su “responsabilidad internacional” por no investigar de forma diligente el asesinato de Velásquez Paiz. Según el fallo, las autoridades guatemaltecas actuaron con “graves irregularidades” en la pesquisa y recurrieron a “estereotipos de género”.
Dos décadas de impunidad y alerta internacional
El nombre de Pedro Samayoa, mediocampista formado en el CSD Municipal y jugador de equipos como Mixco, Universidad de San Carlos, Petapa, Xelajú y Mictlán, era conocido inicialmente por su carrera deportiva. Tras retirarse en 2025 luego de militar en el club Chiquimulilla, su figura pasó al centro de uno de los procesos judiciales más visibles de Guatemala.
El asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz ocurrió el 13 de agosto de 2005. La joven, de 19 años, fue reportada como desaparecida la noche anterior, tras salir de la universidad hacia una fiesta. De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana y con datos provistos por el Ministerio Público guatemalteco, las autoridades se negaron de inicio a buscar a Velásquez Paiz antes de que transcurrieran 24 horas. Su cuerpo fue hallado la mañana siguiente en un baldío de la calzada Roosevelt, con pruebas de extrema violencia y agresión sexual.
La investigación inicial, según documentó la Corte Interamericana en 2015, estuvo plagada de omisiones y negligencias. El caso, junto con otros de desaparición de mujeres jóvenes, condujo a la creación del mecanismo de alerta inmediata para mujeres desaparecidas, hoy conocido como Alerta Isabel-Claudina.
Durante años, Samayoa y su familia no figuraron oficialmente entre los sospechosos. Samayoa explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompañó a la víctima a la fiesta y que ella decidió marcharse sola de madrugada. El giro en el caso ocurrió en 2025, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo D de Guatemala emitió una orden de captura nacional e internacional contra él y miembros de su entorno familiar, al considerar que existían elementos para vincularlos al proceso penal. Al no ser localizados, el tribunal los declaró en rebeldía.

Aún sin definición el futuro legal en Estados Unidos
En este momento, Pedro Samayoa, su madre y su hermano permanecen recluidos en el Stewart Detention Center. La detención fue confirmada por el acceso público al portal de ICE, aunque no se ha esclarecido si están bajo custodia por ingreso irregular al país, por la alerta internacional o por una combinación de ambas causas, según precisa la cobertura de La Hora.
El Estado de Guatemala permanece bajo observación internacional en el contexto de este caso. La Corte mantiene la supervisión del cumplimiento de la sentencia condenatoria y Guatemala debe probar avances en la investigación y sanción de los responsables. El proceso incluye obligaciones de revisar errores de etapas previas: las denuncias no atendidas de inmediato, la ausencia de procedimientos urgentes y la subsistencia de estereotipos en la indagatoria penal, reconocidos por el propio tribunal internacional en su dictamen.
En entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Samayoa reconoció haber tenido una amistad con la víctima, pero subrayó que no la acompañó cuando ella decidió dejar la reunión esa madrugada.
El futuro inmediato de los tres detenidos depende de las decisiones que adopten las autoridades migratorias y judiciales de Estados Unidos. No hay, por el momento, confirmación oficial sobre eventuales procesos de extradición. El caso de Claudina Velásquez Paiz, identificado durante años como símbolo de negligencia estatal en la investigación de feminicidios en Guatemala, ha ingresado en una etapa judicial internacional que podría derivar en la responsabilidad penal de quienes por décadas eludieron comparecer ante la justicia.
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