El presidente Bernardo Arévalo ha situado la elección del próximo fiscal general del Ministerio Público en Guatemala como un punto crítico para el destino institucional del país.
Desde el Palacio Nacional, en conferencia de prensa transmitida por el Canal de Gobierno, Arévalo indicó que el nuevo titular deberá ser una persona que inspire confianza, mostrar integridad y vocación de servicio, para evitar el retorno a una etapa marcada por la corrupción y la impunidad.
Esta postura es relevante dado que, en los próximos días, el Ejecutivo recibirá una lista final de seis candidatos y candidatas elaborada por la Comisión de Postulación, de la que dependerá la capacidad del Estado guatemalteco para restituir su sistema de justicia.
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Mientras la atención pública se concentra en la etapa final del proceso, la Comisión de Postulación prepara la nómina definitiva tras evaluar los expedientes de cuarenta y ocho aspirantes.
Antes de la revisión documental, la comisión realizó entrevistas públicas que permitieron a la ciudadanía conocer los perfiles de los postulantes. En esta fase decisiva, la evaluación utiliza una tabla de gradación que otorga un máximo de 100 puntos por candidato —setenta por méritos profesionales, veintiocho por logros académicos y dos por actividades de proyección social—.
La ponderación resalta la experiencia penal y la formación universitaria, aunque no da un puntaje concreto a la integridad ética, aspecto señalado como fundamental por el presidente.
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Arévalo descarta la continuidad de Consuelo Porras y exige independencia
Durante una conferencia de prensa, Arévalo respondió sobre la posible presencia de la actual titular, Consuelo Porras, en la nómina definitiva. Señaló que: “difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los cinco van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras, para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación”.
El presidente también se refirió a aspirantes vinculados a su administración, como Marco Villeda, ministro de Gobernación, y Julio Saavedra, procurador general de la Nación. Arévalo afirmó que ocupar cargos en su gobierno respalda que ambos “son personas íntegras, honradas y profesionales destacados”, aunque precisó: “Privilegios no va a dar este hecho”. Aclaró que la exigencia se extiende a todos los seleccionados, quienes deben demostrar cualidades éticas y compromiso con el país.
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La evaluación que concluirá en la selección de seis finalistas empleará criterios objetivos, pero Arévalo insistió en que se requiere una dimensión ética esencial: “el país demanda profesionales comprometidos con el combate a la corrupción, que amen a su país, defiendan su democracia y no estén dispuestos a darle la espalda a nuestro pueblo”.
Mecanismos de puntuación y última decisión presidencial
La Comisión de Postulación, al finalizar la revisión y el puntaje, ordenará a los aspirantes por puntaje descendente. Existe la posibilidad de que la comisión imponga una nota mínima de corte para conformar la nómina definitiva, introduciendo un filtro que podría modificar el grupo final de los seis candidatos.
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El método de evaluación separa los méritos profesionales en experiencia penal (cincuenta puntos), gestión administrativa (diez) y desempeño en la entrevista (diez). Los méritos académicos suman veintiocho puntos —diez para títulos universitarios, ocho por docencia, cuatro por participación en eventos, cuatro por publicaciones y dos por otros méritos—. Las acciones de proyección social representan dos puntos adicionales.
La lista definitiva que según, el cronograma de la Comisión se tiene prevista para el viernes 17 de abril, será remitida al Ejecutivo para la resolución final. Arévalo reiteró que, en su condición de presidente y “garante de la unidad nacional”, tomará la decisión basándose en “una brújula ética clara y un compromiso transparente, libre de toda presión y poniendo siempre al pueblo de Guatemala primero”. La determinación definirá quién conducirá la persecución penal en los próximos años, estableciendo los parámetros de legitimidad institucional e independencia que exige la sociedad guatemalteca.
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