Bolivia eliminó la ley que regulaba los estados de excepción en plena escalada de bloqueos

La norma de 2020 imponía límites y controles legislativos a esa medida. Su anulación deja vigente solo el marco constitucional y abre interrogantes sobre la aplicación de futuras medidas.

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Imagen de archivo del presidente Rodrigo Paz. REUTERS/Claudia Morales
Imagen de archivo del presidente Rodrigo Paz. REUTERS/Claudia Morales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la abrogación de una ley que regulaba los estados de excepción en su país. Tras la aprobación en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, el mandatario firmó la anulación de la Ley 1341 cuando inicia la cuarta semana de bloqueos de carreteras en el país.

La ley 1732, que ya está en vigencia al estar publicada en la Gaceta Oficial, consta de un artículo único en el que se establece la abrogación de la 1341, que había sido promulgada por la exsenadora Eva Copa el 23 de julio de 2020, al calor de las protestas sociales que exigían la realización de las elecciones durante el mandato interino de Jeanine Añez.

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La norma regulaba los estados de excepción: ponía un límite de 60 días, prohibía la declaratoria de otro sin autorización legislativa, establecía que las sanciones al incumplimiento de la medida solo podían ser multas equivalentes al 10% del salario mínimo y anulaba las disposiciones que exoneren de responsabilidad a servidores públicos en la ejecución del estado de excepción.

Por otro lado, la ley del año 2020 facultaba a la Asamblea Legislativa para modificar, rechazar o dar por finalizada la medida en cualquier momento de su vigencia, disposiciones que, entre otras, fueron consideradas inconstitucionales y restrictivas en las atribuciones del presidente.

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Residentes observan a la policía retirar las barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una carretera, el sábado 23 de mayo de 2026, en El Alto, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)
Residentes observan a la policía retirar las barricadas levantadas por manifestantes antigubernamentales en una carretera, el sábado 23 de mayo de 2026, en El Alto, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

“Es una ley que ponía demasiadas limitaciones a la posibilidad de lograr pacificar el país y el entendimiento entre los bolivianos”, justificó el presidente del Senado, Diego Ávila, un aliado de larga data del presidente Paz.

La Constitución Política del Estado establece que la declaratoria de un estado de excepción es atribución exclusiva del Gobierno y fija algunos lineamientos básicos como la prohibición de suspender derechos fundamentales o dictar más de una medida en el mismo año.

Sin embargo, también señala que requiere una ley que regule los estados de excepción y que “la vigencia” de su declaración “dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa” en un plazo de 72 horas.

“La Asamblea (tendría que) analizar dentro de las 72 horas y ratificar o dejar sin efecto su vigencia, eso está en la Constitución”, explicó el abogado constitucionalista José Luis Santistevan en entrevista con Infobae.

En ese sentido, según Santistevan, la Asamblea debe dictar en los próximos días una ley que regule “pero en sintonía con el texto constitucional y no destruya el estado de excepción”.

“Necesita una ley pero no lo coarta al presidente de ejercer su atribución”, afirmó y remarcó: “él lo dicta y él lo deja sin efecto”. En esa línea, el senador Ávila también defendió su eventual implementación: “la facultad la tiene con o sin la ley”.

Rodrigo Paz en conferencia de prensa. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
Rodrigo Paz en conferencia de prensa. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

La abrogación de la ley que regulaba el estado de excepción se da en un momento de alta conflictividad en el país. Este miércoles inicia la cuarta semana de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente, luego de más de un mes de protestas sectoriales.

La medida de presión se realiza desde varios frentes, entre ellos campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, y se ha extendido a seis de los nueve departamentos del país. Según los manifestantes y algunos analistas, el reclamo de fondo es la falta de inclusión de campesinos indígenas y la clase trabajadora en el Gobierno.

El Gobierno ha convocado a espacios de diálogo a sectores que tienen demandas específicas, pero ha descartado negociaciones con quienes piden la renuncia del primer mandatario. En un intento por incluir a los sectores sociales en la toma de decisiones, la administración de Paz ha creado el Consejo Económico y Social que tendrá carácter consultivo y fue convocado por primera vez este miércoles.

Luego de tres semanas de bloqueos que tienen cercada la sede de Gobierno, donde hay desabastecimiento de alimentos y combustible, y en las que se han producido algunos episodios de violencia, los reclamos por poner fin al conflicto y restablecer el orden son crecientes.

Un grupo de mujeres de La Paz protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz y exige su renuncia. REUTERS/Claudia Morales
Un grupo de mujeres de La Paz protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz y exige su renuncia. REUTERS/Claudia Morales

Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas, un escenario es insistir con el diálogo, pero lo veo cada vez más desgastado”, explicó a Infobae el analista y consultor político Carlos Saavedra. “Siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”, agregó.

Para Saavedra, lo que pase en las próximas horas y días será decisivo no solo para mitigar el conflicto sino también para sentar las bases de la gobernabilidad. “La única posibilidad es que este sea un gobierno de pactos en muchos niveles. Sin pactos no va a haber posibilidad de gobernar

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