Un informe presentado ante la ONU reveló por qué el conglomerado militar GAESA es responsable del hambre en Cuba

El observatorio Food Monitor Program (FMP) presentó ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación un informe en el que responsabilizó al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) de profundizar la crisis alimentaria en Cuba, al ejercer un monopolio sobre divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos bajo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El documento, dirigido a la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de una convocatoria sobre la concentración del poder corporativo en los sistemas alimentarios globales, sostiene que el conglomerado militar representa la expresión más acabada de un modelo de “capitalismo administrativo” que opera en beneficio de la élite militar cubana.

A través de empresas bajo su dirección, como Flora y Fauna S.A., GAESA centraliza el acceso a recursos naturales con valor alimentario —carnes, alimentos del mar, carbón vegetal— y los orienta hacia la exportación, mientras la población que los produce enfrenta desabastecimiento.

Según FMP, el 96% de los cubanos perdió capacidad de adquisición de alimentos en los últimos años, de acuerdo con su encuesta nacional de seguridad alimentaria de 2024.

El informe señaló que GAESA respondió a esa contracción, no con medidas de abastecimiento interno, sino con la digitalización de la comercialización de alimentos, un sistema que orienta la oferta hacia quienes reciben remesas del exterior y convierte a la diáspora cubana en el mercado prioritario. La extracción de divisas, según el documento, se impone sobre el derecho a la alimentación de la población residente.

El monopolio que frena la producción nacional

El impacto del conglomerado sobre la agricultura cubana es cuantificable. Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, mientras la producción agrícola nacional registró una caída del 67% en los últimos cinco años, según datos documentados por el observatorio.

El informe atribuye este retroceso a la posición privilegiada de la élite política, sostenida en el monopolio sobre la importación y circulación de mercancías, que desalienta la producción interna y perpetúa la dependencia de los mercados externos.

Los productores cubanos operan bajo un marco normativo centralizado que elimina los incentivos para invertir y crecer. El sector privado enfrenta regulaciones sin consenso: topes de precios, alzas tributarias, restricciones de importación de insumos y una burocracia provincial que bloquea la comunicación entre los agricultores y las autoridades. La toma de decisiones permanece en manos exclusivas del Estado sin mecanismos de participación real para los actores productivos.

Food Monitor Program recogió en el documento un testimonio que refleja esa realidad: "No es justo que nosotros, los que vivimos y trabajamos la tierra, no tengamos el control sobre lo que producimos, cómo lo hacemos o a quién le vendemos“, declaró un campesino a la organización.

Otro productor describió así el proceso de consulta con las autoridades: “Las organizaciones campesinas han tenido su espacio en algunas discusiones de políticas agrarias, pero al final, parece que las decisiones vienen de arriba y nosotros solo estamos ahí para hacer bulto. A veces da la impresión de que solo nos usan para legitimar lo que ya tenían decidido”.

Participación simulada y criminalización de alternativas independientes

El informe dedicó una sección a lo que el Food Monitor Program denominó “participación controlada”. Desde 1961, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) agrupa oficialmente al campesinado cubano bajo la tutela del Partido Comunista, absorbiendo la base voluntaria e independiente de la producción rural.

Dentro de esa estructura, no se toleran el disenso ni la autonomía, y los productores carecen de participación real en las decisiones sobre precios, insumos, acceso a mercados o uso de tierras. Según el escrito, estas organizaciones permiten al régimen cubano simular apertura y consulta, mientras neutraliza la movilización popular genuina y legitima políticas centralizadas.

Las iniciativas que buscan operar fuera de ese esquema enfrentan represalia directa. El informe documentó una serie de casos: el retiro de tierras al campesino Ibar González en febrero de 2020, por denuncias de corrupción en la entrega de usufructos; los operativos y la confiscación de animales y bienes a la familia Carballosa Beltrán en Mayarí, en junio de 2020; y la persecución a la familia Urquiola en la Finca El Infierno, con episodios registrados en febrero de 2024 y mayo de 2025.

Organizaciones independientes como la Cooperativa Transición y la Alianza Nacional de Agricultores Independientes de Cuba, activa desde 1998, han sufrido hostigamientos sistemáticos y detenciones.

Food Monitor Program señaló que estas medidas funcionan como “castigos ejemplarizantes” que desalientan cualquier forma de organización autónoma en el sector alimentario.

Un marco legal sin contrapesos

Ante la pregunta que planteó el informe sobre qué tipo de legislación se necesita para limitar la concentración corporativa y garantizar la rendición de cuentas, el propio reporte fue categórico: en Cuba no existe separación real entre los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que el aparato legal opera como respaldo y legitimador de las políticas oficiales, no como herramienta de protección de derechos.

El régimen ha promulgado la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN, Nº 148/2022) y las “63 medidas para dinamizar la agricultura”, aprobadas en abril de 2021. Sin embargo, FMP advirtió que esos instrumentos fueron diseñados y ejecutados sin la participación de los actores interesados, más allá de las instituciones oficiales. Los organismos de sociedad civil controlada han absorbido durante décadas las demandas populares bajo la apariencia de representatividad, sin que exista un mecanismo autónomo que salvaguarde los intereses de los productores con independencia del Estado.

No existe ninguna demanda judicial que haya avanzado contra las corporaciones señaladas en el informe ni fallo alguno en su contra. Las violaciones de derechos socioeconómicos —represión, amedrentamiento por criterios ideológicos, confiscaciones— no encuentran camino en los tribunales nacionales, dado el respaldo de la cúpula de poder a las entidades responsables.

El trabajo de Food Monitor Program y el contexto de colapso institucional

Ante la imposibilidad de operar libremente en el terreno, Food Monitor Program concentró su labor en el monitoreo, la documentación y la visibilización de formas de autonomía popular. La organización brindó asesoramiento sobre conservación de alimentos, potabilización de agua y técnicas de resiliencia comunitaria, aunque advirtió que el trabajo directo con la población es prácticamente inviable por la vigilancia y penalización de las actividades comunitarias fuera del marco oficial.

Este mes, en diálogo con Infobae, el economista Emilio Morales, presidente y CEO de Havana Consulting Group, aportó contexto adicional sobre la expansión de GAESA: el conglomerado tomó el control de corporaciones como CIMEX y ETECSA, acaparó el mercado dolarizado, el turismo y las remesas, y se apropió del Banco Financiero Internacional (BFI), a través del cual circula más del 95% de las transacciones comerciales entre empresas cubanas y extranjeras.

"No hay auditoría, no hay control, ni siquiera la Asamblea Nacional, ni el Ministerio de Economía, ni la Contraloría General de la República pueden acceder a ese banco“, afirmó Morales en una entrevista con este medio.

La presentación del informe de Food Monitor Program ante el Relator Especial de la ONU busca visibilizar esta situación en instancias internacionales y promover acciones que garanticen el derecho a la alimentación en la isla, en un escenario en el que las iniciativas de economía social y solidaria quedan relegadas a los márgenes del sistema controlado por GAESA.