En su 195 periodo de sesiones en Guatemala la CIDH describe el crimen organizado como una amenaza grave

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó la Resolución No. 1/26 en la Ciudad de Guatemala el 10 de marzo, estableciendo 50 recomendaciones específicas para que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfrenten el crimen organizado bajo un marco que prioriza la protección de derechos humanos e incorpora a las víctimas en el centro de las políticas de seguridad, según informó la CIDH en el reciente 195 Periodo de Sesiones del organismo. El documento, resultado de un proceso participativo con organizaciones de la sociedad civil, expertos, academia, Estados y organismos internacionales, busca responder al impacto expansivo de las economías ilícitas y la violencia territorial en las democracias de la región.

Durante el anuncio, la CIDH subrayó que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la vigencia de los derechos humanos en las Américas, con efectos particularmente desproporcionados sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad y discriminación estructural e histórica. La resolución enfatiza la necesidad de respuestas estatales que superen enfoques fragmentados o meramente reactivos y apuesta por estrategias integrales que incluyan la prevención social, la eficacia judicial y la reparación integral para las víctimas.

La resolución, que recoge la preocupación de la CIDH por el crecimiento exponencial de este flagelo, sostiene que para enfrentar de manera sostenible y efectiva el fenómeno, los Estados deben actualizar sus estándares y diseñar respuestas centradas en los derechos humanos. Esta perspectiva, según la Comisión, resulta fundamental para proteger tanto las instituciones democráticas como la seguridad de comunidades afectadas por la violencia del crimen organizado.

En la resolución la CIDH advierte sobre la gravedad y el impacto que genera el crimen organizado en el goce efectivo de los derechos humanos, al remarcar la necesidad de políticas de seguridad pública que aborden el problema desde una perspectiva amplia y estructural.

Lograruna respuesta sostenible exige superar medidas limitadas o reactivas, destacael organismo, que considera imprescindible la prevenciónsocial y la mejora en el funcionamiento de la administraciónde justicia. Asimismo, hace hincapié en la participaciónde las víctimas y en asegurar la reparaciónintegral como parte fundamental de estas estrategias.

LaCIDH sostieneque solo con este enfoque integral será posible proteger a las personas encondiciones de vulnerabilidad yalcanzar el cumplimiento de las obligacionesinternacionales de derechos humanos.

50 recomendaciones y el marco jurídico internacional

El texto presentado proporciona un marco actualizado de 50 recomendaciones, poniendo énfasis en el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La CIDH exige que todas las acciones dirigidas a combatir el crimen organizado respeten los límites y garantías establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El organismo aclara que la soberanía de los Estados, la integridad territorial, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza son principios irrenunciables en cualquier iniciativa estatal, lo que obliga a un equilibrio entre el combate al crimen organizado y el respeto riguroso de las obligaciones internacionales.

Proceso participativo y composición de la CIDH

La resolución es el resultado de amplias consultas y audiencias temáticas en distintos periodos de sesiones, espacios en los que participaron personas expertas, integrantes de la sociedad civil, académicos y representantes estatales. Los aportes recopilados permitieron incorporar una variedad de experiencias y perspectivas regionales en el contenido del documento.

La CIDH es un órgano independiente de la OEA y su mandato principal es promover y defender los derechos humanos en el continente americano. Está compuesta por siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y no representan los intereses de los países de los que son originarios o donde residen.