Durante la sexta sesión de la Comisión de Postulación para conformar la nómina de aspirantes a Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, se revisaron 11 expedientes de postulantes excluidos temporalmente, tras la presentación de pruebas de descargo.
Según información publicada en rede del Organismo Judicial, la evaluación determinó que únicamente Sully Claudet Merlos Moya cumplió con los requisitos establecidos, por lo que su caso fue reincorporado al proceso.
Los otros diez aspirantes quedaron excluidos de manera definitiva. Las pruebas psicométricas para candidatos seleccionados se realizarán el martes 24 de marzo de 2026 a las 9:00 horas bajo la responsabilidad de la Universidad del Valle de Guatemala.
Durante la jornada también se abordó la elaboración y envío de informes circunstanciados requeridos por la Corte de Constitucionalidad, en el marco de los expedientes de amparo 1807-2026 y 1883-2026 presentados contra la modificación a la tabla de gradación.
A la sede de la Comisión de Postulación en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, se presentaron autoridades ancestrales que solicitaron audiencia pública y expusieron argumentos para ser considerados en el proceso. La Magistrada Claudia Lucrecia Paredes, presidenta de la Comisión, manifestó que dichas peticiones serán tomadas en cuenta.
Quedan fuera del proceso de elección a fiscal general
Durante el proceso, el fiscal Marlon Ordóñez fue el primero en quedar fuera, luego de que su explicación sobre amonestaciones previas no resultó aceptada. Sostenía que dichas sanciones ya no tenían vigencia en el MP y que había continuado su trayectoria en la institución, pero la comisión consideró que esas faltas constituían un obstáculo para su postulación. Ordóñez ha estado vinculado a investigaciones como los casos Melisa Palacios, Floridalma Roque y Hogar Seguro, de los cuales fue removido antes de ser trasladado a Quiché.
Otro caso destacado es el de las magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Blanca Alfaro e Irma Palencia, ambas apartadas por no cumplir con la documentación requerida. Alfaro no presentó la constancia de carencias de condenas morales otorgada por la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), mientras que Palencia fue excluida por no entregar su finiquito, y no se encontró motivo válido que justificara su omisión.
El presidente Arévalo tendrá la última decisión
El proceso de selección inició con la aprobación del Acuerdo Legislativo 1-2026, del Congreso de la República en enero recién pasado con la convocatoria a aspirantes. La nueva administración asumirá funciones en mayo, al concluir el período de Consuelo Porras, figura objeto de fuertes cuestionamientos públicos.
El proceso está a cargo de la Comisión de Postulación, presidida por la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Lucrecia Paredes quien evalúa a los candidatos y presentará al presidente Bernardo Arévalo la lista final de postulantes. El mandatario tendrá la atribución de elegir a la nueva autoridad, que ejercerá el cargo entre 2026 y 2030. Los diputados exigieron que todo el procedimiento se realice bajo total transparencia.
Según la legislación, el fiscal general y jefe del Ministerio Público tiene la responsabilidad de ejercer la acción penal y la persecución penal en todo el territorio nacional. El mandato dura cuatro años, está sujeto a reelección y el puesto cuenta con inmunidades equiparables a las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución faculta al presidente de la República a destituir al fiscal general en caso de cause justificada debidamente fundamentada.
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