Honduras: 13 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votan a favor de sobreseer el cuestionado Estado de Excepción

La Corte Suprema de Justicia sobreseyó el estado de excepción que rigió en Honduras durante más de tres años, decisión adoptada por la mayoría de sus magistrados mediante un voto concurrente que reconoce las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo la medida impulsada por la presidenta Xiomara Castro.

La resolución, que evita responsabilidades penales y civiles para autoridades y agentes involucrados, ha agudizado el debate sobre la ausencia de reparación a las víctimas y la eficacia de la justicia constitucional.

En el fallo definitivo, los magistrados optaron por cerrar el amparo presentado contra el decreto que suspendió garantías constitucionales en el contexto electoral, argumentando que la medida ya no estaba vigente.

Siete de los 13 magistrados votaron por el sobreseimiento concurrente, lo que les permitió dejar constancia formal de las violaciones documentadas durante el estado de excepción. Otros seis magistrados optaron por cerrar el caso sin justificación adicional, mientras que, Marvin Espinal y Walter Miranda, manifestaron posiciones particulares en desacuerdo con el sobreseimiento, aunque sin detallar alternativas procesales, ya que los efectos legales de la normativa habían concluido.

La comisionada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, subrayó que la resolución implica omitir cualquier investigación sobre la posible responsabilidad penal y civil de ministros, diputados y agentes del orden que implementaron una política estatal sin los debidos controles internacionales.

Izaguirre puntualizó que el organismo recolectó más de 800 quejas documentadas durante los años de la suspensión de derechos, entre ellas casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo custodia estatal.

Izaguirre recordó que el amparo admitido por la corte había sido presentado por abogados independientes, organizaciones civiles y el colegio de abogados, quienes tampoco encontraron respuesta cuando solicitaron revisar la constitucionalidad del estado de excepción.

Según Izaguirre: “Me parece increíble que no va a haber ningún tipo de adopción de responsabilidad y que no hay una resolución que exija esta reparación para las víctimas, porque al final los más afectados eran los hondureños que estaban en las zonas donde había un estado de excepción que muchas veces no tenía absolutamente nada que ver con el crimen organizado y fueron víctimas de todos estos abusos y vulneraciones”.

La abogada constitucionalista Ruth Lafosse calificó el sobreseimiento como una manipulación política que ignora los abusos cometidos durante la vigencia de la medida. Lafosse cuestionó el prolongado tiempo transcurrido para emitir fallo: “Es como que si el tiempo yo lo manipulo, yo lo manejo, para poder lograr que el poder o el abuso de poder se consolide o se legitime”. También criticó la falta de resultado efectivo en la protección de derechos: “¿Logra al final restablecer el control constitucional o que la constitución sea efectiva? Obviamente que no, evidentemente que no y eso fue su razón de no resolverlo oportunamente”.

La jurista señaló que la justicia constitucional se ha transformado en un instrumento de poder, permitiendo la consolidación de violaciones a través de formalismos y tecnicismos. La derogación del estado de excepción, sin pronunciamiento sobre los abusos denunciados, mantiene en la indefensión a las víctimas y plantea dudas sobre la reparación de quienes sufrieron detenciones arbitrarias y otras violaciones, especialmente pertenecientes a sectores sin vínculos con el crimen organizado.