Uruguay registró su inflación interanual más baja en 70 años

El nivel de la inflación en Uruguay sigue rompiendo récords. El Índice de Precios del Consumo (IPC) en febrero de 2026 fue de 3,11%, el valor más bajo desde agosto de 1956, cuando fue 2,72%. Así, el avance de los precios acumula 33 meses dentro del rango de tolerancia (3%-6%) que fijó el Banco Central del Uruguay (BCU).

Sin embargo, para el equipo económico del gobierno esta noticia implica también un desafío. La meta de la inflación es 4,5% y si el indicador no converge hacia ese valor se pueden afectar otras variables económicas, como el déficit fiscal y el mercado laboral.

El dato del IPC fue informado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el mes la variación mensual fue del 0,35%.

Hubo algunos rubros que registraron una baja de los precios en el mes. Estos fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,06%), ropa y calzado (-1,60%) y recreación, deporte y cultura (-0,95%) Por su parte, los rubros que registraron aumento de los precios fueron: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,52%), mobiliarios, enseres domésticos y demás artículos regulares del hogar (1,20%) y cuidado personal, protección social y bienes diversos (0,83%).

Durante mucho tiempo, en Uruguay hubo un consenso en que si la inflación anual estaba en torno al 8%, la suba de precios estaba dentro de una zona de confort. Pero eso comenzó a cambiar desde el último quinquenio con la gestión de Luis Lacalle Pou, lo que fue continuado por la administración de Yamandú Orsi. Pese al cambio de signo político, la necesidad de una inflación más baja se convirtió en una política de Estado.

Pero las autoridades tienen un riesgo impensado: que la inflación sea más baja de lo fijado como deseable. Es que si bien un IPC más bajo implica para la población que el dinero rinda más, que no se cumpla con la meta afecta otras variables económicas que consideraron ese índice al hacer las estimaciones.

Por ejemplo, el gobierno envió a mediados del año pasado pautas salariales considerando una inflación de 4,5%. Que el IPC sea menor, implica que el salario real de los trabajadores sea más alto y esto puede tener un efecto en la contratación del personal. Además, también provoca que la recaudación estatal por los impuestos sea menor –en términos reales– a la estimada.

Por tanto, el gobierno mira con atención posibles efectos en el resultado fiscal y en el mercado de trabajo de una inflación más baja.

Ante este escenario, el BCU –la autoridad monetaria de Uruguay– ha recurrido a una flexibilización de su política monetaria. El martes, el Banco Central decidió reducir la tasa de la política monetaria en 75 puntos básicos –hasta 5,75%– con el objetivo de que la inflación converja hacia la meta de 4,5% anual y que las expectativas de analistas y empresarios se mantengan en torno a ese valor.

“En enero, la inflación disminuyó por séptimo mes consecutivo y se ubicó en 3,46%, acercándose al piso del rango de tolerancia. Esta reducción se verificó de forma generalizada en sus distintos componentes, destacándose la tendencia descendente de los precios no transables (5,6%), históricamente más rígidos. En tanto, los datos de alta frecuencia de actividad económica sorprendieron a la baja”, analiza el comunicado.

Los integrantes del Copom numeran, por un lado, que “persisten factores estructurales” que favorecen la “debilidad del dólar en los últimos meses” y señalan que el conflicto en Medio Oriente dio lugar a un “fortalecimiento”. “Este escenario geopolítico impulsó la suba en los precios de la energía, en particular del petróleo, ante el riesgo de interrupciones en el abastecimiento, en un contexto de elevada incertidumbre respecto a la escalada del conflicto”, explicaron en el comunicado.

A fines de enero, el BCU había definido otra reducción de la tasa de 100 puntos básicos.