El gobierno de Guatemala logra mejorar dos años seguidos en el índice de corrupción

El gobierno de Guatemala ha logrado por primera vez en su historia mejorar durante dos años consecutivos su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, un avance que sus autoridades consideran el resultado directo de una estrategia institucional para recuperar el control de las instituciones públicas y ofrecer servicios públicos eficientes.

El impacto de estos avances no se limita a las estadísticas internacionales, sino que ya se percibe en la vida cotidiana de la ciudadanía, según el balance presentado por Julio Flores, comisionado contra la Corrupción, en conferencia de prensa.

Entre los diez países en el mundo que han logrado mejorar en dos años sucesivos en la evaluación de Transparencia Internacional, Guatemala destaca junto a República Dominicana a nivel regional. Según Flores, hasta 2023 la tendencia en los indicadores de corrupción era negativa y había llevado al país a un mínimo histórico de 23 puntos. La gestión actual revirtió esa dinámica, primero deteniendo el deterioro y luego sumando mejoras consecutivas en la valoración global, algo reconocido internacionalmente.

“Es la primera vez que sucede en la historia de Guatemala”, subrayó el representante del Ejecutivo, quien remarcó: “Guatemala va contra esa tendencia”. El presidente Bernardo Arévalo afirmó que su administración cumple un mandato claro centrado en el rechazo a la corrupción y el respaldo a la transparencia.

El mandatario aseguró que la tendencia de corrupción e impunidad en Guatemala ha cambiado, subrayando que antes, los gobiernos previos habían generado “grandes agujeros de corrupción e impunidad” y remarcó: “Estamos respondiéndole al pueblo digno”.

Según, el comisionado anticorrupción, el origen de estos resultados comenzó con una “Ruta de Integridad”, implementada bajo el liderazgo del presidente Arévalo y el respaldo de cada autoridad ejecutiva. Esta ruta partió de la política general de gobierno 2024-2028, cuyo eje inicial es la promoción de una función pública eficiente y legítima. Entre los primeros pasos, el gobierno impulsó la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción para coordinar esfuerzos sectoriales.

Esta estructura institucional, ha tenido como objetivo alinear prioridades, acompañar y capacitar, así como establecer espacios en los que estas entidades comparten prácticas contra la corrupción. Como resultado de este proceso, el sistema de integridad ya ha generado datos significativos: más de cuatrocientas denuncias fundamentadas se han presentado ante autoridades competentes y al menos ochenta mil servidores y contratistas han sido capacitados en prácticas éticas. Además, operan más de ciento cincuenta canales de denuncias y se firmaron más de sesenta y cinco acuerdos internos que fortalecen los sistemas de control.

El Ejecutivo sostiene que cada dos días detecta y documenta un caso de corrupción, lo que revela el nivel de sistematización que alcanzó el problema debido a décadas de captura institucional. “Lo que nos demuestra es la complejidad del trabajo que se debe hacer para arrebatar de las manos de los corruptos las instituciones que por décadas habían estado capturadas”, puntualizó Flores.

De cara al futuro, el gobierno presentó una estrategia de mediano y largo plazo con acciones proyectadas desde 2025 hasta 2032. Este plan incluye reformas para mejorar el servicio civil, optimizar la transparencia en la contratación pública y promover la participación ciudadana. Las expectativas oficiales apuntan a que la mejora sostenida en las evaluaciones internacionales dependa también de la incorporación de otras ramas del Estado, la aprobación de una agenda legislativa anticorrupción —con leyes como la antilavado o la de contrataciones estatales— y el fortalecimiento de la persecución penal para reducir la impunidad.