
El estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal incluye un objetivo que trasciende la violencia armada: desarticular las redes de extracción ilegal de jade y oro que, según el Gobierno de Guatemala, financian al crimen organizado.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que la medida busca un “ataque frontal a toda la minería ilegal” que opera, principalmente, en el departamento de Izabal.
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Villeda ofreció una conferencia de prensa el lunes 16 de noviembre antes de supervisar los primeros avances del dispositivo de seguridad, vigente por 30 días mediante el Decreto Gubernativo 8-2026.
El funcionario explicó que las operaciones se coordinan con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público (MP), aunque evitó detallar las estrategias específicas.

Jade y oro sin licencia del Ministerio de Energía y Minas
Durante la conferencia de prensa, el ministro confirmó que la minería ilegal detectada corresponde a extracción de jade y también de oro.
“Minería ilegal que viene operando desde hace mucho tiempo, sin licencia del Ministerio de Energía y Minas. Muchas veces esa minería incluso se está llevando a cabo en terrenos del Estado”, explicó Villeda.
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El funcionario vinculó directamente esta actividad con el financiamiento del crimen organizado: “Esa minería ilegal también sirve para financiar actividades de grupos criminales que también han diversificado su operación.

Ya no solo se dedican a temas relacionados con el narcotráfico, sino que también controlan la minería ilegal".
Un negocio que no es nuevo en el país
La explotación ilícita de jade en Guatemala no constituye un fenómeno reciente. Investigaciones periodísticas han documentado desde 2019 un saqueo millonario en la aldea Valle Nuevo, municipio de Morales, Izabal, donde la extracción a cielo abierto llegó a producir cerca de 10 toneladas semanales de jade en bruto, con un valor estimado de entre 9 y 10,3 millones de dólares.
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Ese año, un decomiso de un contenedor con 10 toneladas del mineral fue valorado en unos 10 millones de dólares. El material suele venderse a compradores de origen asiático para su exportación hacia China y Taiwán.
En una investigación del medio Soy502 se señaló como un cabecilla de estas redes al exgobernador de Izabal, Erick Bosbellí Martínez Reyes, destituido en 2020 tras ser vinculado a cobros para garantizar impunidad a extractores ilegales.
También la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue señalada en 2015 por presunto liderazgo de estructuras de contrabando de jade, sin que esa línea de investigación jurídica o en una condena específica por ese delito.
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La entonces diputada Regina Guzmán enfrentó cuestionamientos por conflicto de interés al promover reformas que reducían las regalías al jade mientras era propietaria de una empresa exportadora del mineral.

El oro de Fred Machado en Chiquimula y Jalapa
El problema de la minería ilegal no se circunscribe a Izabal. En Chiquimula y Jalapa operó, entre finales de 2020 e inicios de 2021, una estructura vinculada al empresario argentino Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Camiones de empresas ligadas a Machado extrajeron oro sin licencia del polígono minero El Pato II, entre los municipios de San José La Arada y San Luis Jilotepeque.
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El yacimiento, valorado en su momento en 165 millones de dólares, podría superar hoy los 2.000 millones de dólares por el alza del precio del oro.
El Ministerio de Energía y Minas impuso entonces multas de 129.000 dólares a las empresas responsables, que hasta la fecha no las pagaron, mientras el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estimó los daños ambientales en unos 97.457 dólares.
La Ley de Minería guatemalteca sanciona la extracción sin licencia con multas de entre 645 y 3.226 dólares, montos que fiscales ambientales han señalado como insuficientes para disuadir a las redes de extracción ilegal.
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