Kathy Hochul pide revisar la respuesta de la Universidad de Cornell ante la denuncia de violación grupal en una fraternidad

La solicitud coincide con la reapertura de la causa por parte de la fiscalía de Tompkins, después de que una exalumna demandara a la institución y a siete integrantes de la organización Chi Phi

Una exalumna presentó una demanda civil contra la Universidad de Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi por un ataque en 2024 (REUTERS/David Dee Delgado).
Una exalumna presentó una demanda civil contra la Universidad de Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi por un ataque en 2024 (REUTERS/David Dee Delgado).
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, solicitó una revisión sobre la respuesta de la Universidad de Cornell a la denuncia de una exalumna que asegura haber sido drogada y violada por varios hombres en una fraternidad en 2024.

El pedido se produce mientras la fiscalía del condado de Tompkins reabre la investigación penal del caso.

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La demanda civil, presentada contra la universidad y siete miembros de la organización Chi Phi, sostiene que la mujer fue llevada a una casa y agredida durante horas.

De acuerdo con CBS News, uno de los hombres habría enviado un mensaje a un chat de Snapchat en el que afirmaba que había una mujer disponible para mantener relaciones sexuales; posteriormente, más hombres habrían llegado al lugar.

Casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York (REUTERS/Lauren Petracca).
Casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York (REUTERS/Lauren Petracca).

Hochul reclama una revisión externa sobre la respuesta de Cornell

La gobernadora señaló que las acusaciones son “verdaderamente espeluznantes” y remarcó que una estudiante que denuncia una experiencia de este tipo demuestra “una valentía extraordinaria”. En el comunicado difundido por su oficina, Hochul respaldó la decisión de reabrir la causa penal.

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“Ningún estudiante debería tener que preguntarse si las instituciones que deben protegerlo lo escucharán y actuarán”, aseveró la funcionaria.

Al mismo tiempo, sostuvo que persisten “serias dudas” sobre la cultura del campus y los mecanismos de prevención, denuncia y respuesta de Cornell.

Por ello, solicitó que asesores legales externos lleven a cabo “una revisión transparente e independiente” para determinar si la universidad cumplió con todas sus obligaciones de proteger a los estudiantes y procurar justicia.

Cornell manifestó ante ABC News que comparte el compromiso de la gobernadora de abordar los problemas vinculados con la cultura universitaria y que trabaja con las autoridades estatales en materia de seguridad y bienestar estudiantil.

Por otro lado, el alcalde de Ítaca, Robert Cantelmo, anunció que emitirá una directiva para que la ciudad deje de otorgar permisos para eventos estudiantiles de Cornell hasta que la institución presente un informe sobre sus protocolos ante delitos de violencia sexual y publique nuevas normas y prácticas. La medida requeriría la aprobación del Concejo Municipal.

Retrato de la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, una mujer con cabello castaño oscuro, vistiendo un blazer gris, de pie frente a la bandera de Estados Unidos
La gobernadora Kathy Hochul solicitó una revisión externa e independiente sobre la respuesta de la Universidad de Cornell ante la denuncia de agresión sexual (REUTERS).

La fiscalía reabrió el expediente tras una demanda civil

El incidente tuvo lugar el 19 de octubre de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York. La presunta violación grupal habría durado hasta las 5:45 de la mañana.

La mujer presentó la denuncia ante la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024. No obstante, ninguno de los señalados enfrentó cargos penales y tan solo recibieron medidas disciplinarias.

Dos años después, el 14 de septiembre de 2026, la víctima identificada como Jane Doe presentó una demanda civil de 101 páginas ante la Corte Suprema del estado de Nueva York.

La acción judicial apunta contra la Universidad de Cornell, siete integrantes de una fraternidad y otros codemandados, entre ellos el local nocturno Moonies Bar & Nightclub, de Ithaca, al que se responsabiliza de haberle servido alcohol a Doe antes del presunto ataque.

La demanda menciona a los siete acusados como Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.

El escándalo público llevó al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, a reabrir el caso. Según informó ABC News, el funcionario reconoció que su oficina se basó en la investigación realizada por la Policía de Cornell y que no llevó adelante una pesquisa independiente.

Un hombre con traje, corbata y auriculares inalámbricos se encuentra sentado en una oficina con un diploma colgado en la pared
Matthew Van Houten, fiscal del condado de Tompkins, reabrió la investigación penal tras la demanda civil presentada por una exalumna de Cornell (Captura de video: NewsChannel 9 WSYR Syracuse).

Asimismo, Van Houten sostuvo que las acusaciones de la demanda civil son “drásticamente diferentes” de la declaración que la denunciante había presentado previamente.

Entre las discrepancias, Doe habría reconocido haber ingerido drogas y alcohol de manera voluntaria. Además, no habría afirmado que alguien la obligara a realizar acto alguno ni habría manifestado haber estado inconsciente o incapacitada en algún momento.

A su vez, el abogado de la víctima y la fiscalía discrepan sobre si la captura de pantalla del chat de Snapchat llegó a los investigadores. Según el letrado Thomas Giuffra, fue entregada a las autoridades en 2024, pero Van Houten explicó que nunca llegó a su oficina.

La Policía de Ithaca también aseguró que no recibió una denuncia sobre el supuesto hecho en el momento en que habría ocurrido y que conoció las acusaciones recientemente a través de los medios.

La exalumna presentó su denuncia ante la Policía de Cornell, que llevó adelante la investigación del caso (REUTERS/Lauren Petracca).
La exalumna presentó su denuncia ante la Policía de Cornell, que llevó adelante la investigación del caso (REUTERS/Lauren Petracca).

Cornell asegura que impuso expulsiones y suspensiones

En un comunicado sobre su apoyo a la reapertura del caso, la universidad detalló que llevó a cabo una investigación en virtud del Título IX, un procedimiento administrativo federal independiente de una causa penal.

Según la declaración recogida por CBS News, durante el proceso aplicó suspensiones temporales y otras restricciones antes de que un panel integrado por profesores y personal capacitado analizara las pruebas durante varios días.

Cornell señaló que el panel impuso “una serie de sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones”. La institución negó que los acusados hubieran recibido consecuencias mínimas y advirtió que esa versión podría hacer que los sobrevivientes se sintieran menos seguros y desalentar las denuncias de agresiones sexuales.

La universidad añadió que el capítulo de Chi Phi implicado fue cerrado en 2024 y permanece excluido del campus.

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