El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal contra las cinco cadenas televisivas que integran el pool de prensa de la Casa Blanca —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— para determinar si su decisión de suspender la cobertura del presidente Donald Trump configuró una violación a las leyes antimonopolio federales, según difundió Associated Press.
La pesquisa fue confirmada el sábado 11 de octubre por la portavoz del organismo, Emily Covington, y marcó una nueva escalada en la tensión entre la administración y los grandes medios de comunicación del país.
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El viernes 10 de octubre, el Departamento envió “demandas de investigación civil” a las redes involucradas, según confirmó un funcionario de la institución a NBC News. “Los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman”, señaló Covington en un comunicado.
“La División Antimonopolio está investigando simplemente para determinar si estas organizaciones de noticias violaron las leyes antimonopolio”, agregó.

La revocación de credenciales que detonó el conflicto
El 19 de septiembre, la Casa Blanca bloqueó el ingreso de periodistas de CNN, Politico y MSNOW al edificio presidencial, alegando que los tres medios difundían “noticias falsas”.
La administración también les remitió cartas en las que calificaba de amenaza a la seguridad nacional una serie de artículos publicados por esas redacciones sobre temas como el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, la guerra en curso con Irán y la convención republicana de mitad de mandato.
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En respuesta, las cinco cadenas del pool televisivo anunciaron en forma conjunta la suspensión de sus tareas de cobertura, en señal de solidaridad con los medios sancionados. La decisión coincidió con la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Washington, lo que amplificó el impacto político del cese.
A través de su declaración, las cadenas sostuvieron: “El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a un medio de comunicación por sus contenidos editoriales”.
El pool televisivo: un sistema de décadas con cobertura compartida
El pool de televisión de la Casa Blanca es un mecanismo de larga data, reconocido por administraciones de ambos partidos, mediante el cual las cinco redes se turnan para registrar las actividades públicas del presidente y distribuyen el material —imágenes, audio, información— al resto de los medios suscriptores, entre ellos Newsmax, One America News Network, C-SPAN y decenas de medios internacionales.
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El sistema permite que cientos de redactoras y redactores en todo el país accedan a contenido de la presidencia sin necesidad de desplegar equipos propios en cada evento.
Las cinco cadenas del pool de televisión de la Casa Blanca (CNN, ABC, CBS, Fox News y NBC) suspendieron su cobertura presidencial entre el 19 y el 24 de septiembre, después de que la administración Trump revocara credenciales. Durante ese período, algunas redes, como NBC, continuaron cubriendo en forma individual los eventos abiertos a la prensa, fuera del esquema rotativo del pool.

El juez ordenó restituir el acceso; la Casa Blanca mantiene restricciones parciales
Las tres organizaciones afectadas —CNN, MSNOW y Politico— presentaron demandas judiciales de manera inmediata, alegando que la exclusión constituía una violación a la Primera Enmienda de la Constitución y que la administración las sancionaba por sus líneas editoriales.
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El juez federal Timothy Kelly emitió una orden de restricción temporal que obligó a la Casa Blanca a restituir las credenciales el 24 de septiembre. Kelly fundamentó su fallo en que la prohibición era probablemente inconstitucional y ordenó al gobierno “restituir y restaurar de inmediato” el acceso de los medios afectados.
Sin embargo, la restitución formal de los pases no implicó el restablecimiento pleno del acceso. La administración continuó impidiendo el ingreso de periodistas de CNN y Politico al Despacho Oval y a bordo del Air Force One. La orden judicial, que vencía el jueves, fue prorrogada por Kelly hasta el martes 14 de octubre mientras el magistrado continúa evaluando el caso.
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La investigación antimonopolio y sus implicancias
La apertura de la investigación por parte del Departamento de Justicia representa, según analistas del sector, una presión legal y económica directa sobre los medios para que mantengan la cobertura presidencial incluso cuando discrepan con el trato que reciben de la Casa Blanca.
La Ley Sherman, invocada por el organismo, es una legislación federal centenaria que prohíbe los acuerdos entre competidores que restrinjan el comercio o monopolicen el mercado.
José Zamora, director regional para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), rechazó la iniciativa del gobierno. “El gobierno no debería usar investigaciones antimonopolio para intimidar a los medios que defienden el acceso a la prensa”, sostuvo Zamora en un mensaje publicado en X. Además añadió: “El derecho del público a saber depende de ese acceso”.
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Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press (Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa), calificó la investigación como “otro intento de intimidar a los periodistas”, y subrayó que la Primera Enmienda protege las decisiones editoriales de las organizaciones de noticias respecto de su propia cobertura.
ABC informó que hasta el momento de publicación no había recibido notificación formal del Departamento de Justicia, aunque anticipó que la recibirá. Los representantes de NBC, CBS, Fox News y CNN declinaron hacer comentarios ante la agencia AP.
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