El Departamento de Justicia de EE. UU. amenaza con sanciones penales a los estados que permitan votar a no ciudadanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió cartas el martes a los funcionarios electorales de los cincuenta estados y del Distrito de Columbia para advertirles que podrían enfrentar acciones penales si permiten a sabiendas que personas no ciudadanas voten o permanezcan en los padrones.

La medida se inscribe en la presión del presidente Donald Trump para endurecer los controles de ciudadanía en las elecciones federales.

Cada estado recibió un plazo de 5 días para explicar cómo planea cumplir la ley federal y garantizar que los no ciudadanos no participen en los comicios. La decisión llegó mientras el departamento mantiene litigios contra decenas de estados para obtener registros electorales sin censura.

Según CBS News, las cartas fueron firmadas por la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles, y usaron un texto idéntico en al menos los envíos dirigidos a Arizona, Michigan y Maine, que el medio revisó.

En esas misivas, Dhillon advirtió que cualquier funcionario electoral, incluido el responsable de una comisión electoral estatal, que mantenga de forma consciente a no ciudadanos en el registro o les facilite el acceso al voto podría quedar expuesto a responsabilidad penal.

La funcionaria añadió que también constituye delito que dos o más personas conspiren para privar a otras de sus derechos constitucionales. Instó a los estados a comunicarse con el departamento para discutir qué medidas deberían adoptar para mantener actualizadas las listas de votantes, como exige la ley.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Justicia sostuvo: “El Departamento envió estas cartas a los cincuenta estados y al Distrito de Columbia, solicitando el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones conforme a la ley federal para garantizar que solo los ciudadanos voten en las elecciones federales”.

El envío de cartas se produjo mientras la División de Derechos Civiles intenta forzar la entrega de padrones electorales completos. De acuerdo con CBS News, el área afirmó que busca verificar el cumplimiento de las leyes federales que obligan a los estados a mantener registros depurados, aunque luego también reconoció su intención de compartir esos datos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Ese intercambio permitiría revisar los padrones en busca de votantes no ciudadanos. El medio informó previamente que el organismo planea usar la información reunida a partir de los registros electorales para la aplicación de la ley penal y migratoria.

La presión de Trump y el debate por la prueba de ciudadanía

Trump sostiene desde hace meses que las personas no ciudadanas votan con frecuencia en las elecciones federales, aunque los casos de ese tipo son raros. El presidente también presionó al Senado para aprobar la llamada Ley para Salvar a Estados Unidos, que obligaría a los estadounidenses a presentar en persona una prueba de ciudadanía para inscribirse para votar.

El mandatario amenazó además con no firmar otros proyectos de ley si el Congreso no avanzaba en esa dirección. A comienzos de este año firmó una orden ejecutiva para crear listas federales de votantes habilitados e impedir que el Servicio Postal de Estados Unidos enviara boletas por correo a personas que no aparecieran en esos registros, pero un juez federal bloqueó la medida.

Los litigios por el acceso a los padrones y el revés en el Sexto Circuito

Hasta ahora, la estrategia judicial del gobierno no produjo victorias. El Departamento de Justicia suma once derrotas en tribunales de distrito en su intento por obtener esos registros electorales.

El mes pasado, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito se convirtió en el primer tribunal federal de apelaciones en ratificar uno de esos fallos y dio la razón a Michigan. Ese revés reforzó la resistencia de varios estados frente a las exigencias federales sobre el acceso a los padrones.

Uno de los funcionarios que recibió la advertencia fue el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes. En su respuesta pública, defendió el trabajo de su estado y dijo que la insinuación de que los funcionarios electorales de Arizona no cumplen su tarea “simplemente no está respaldada por los hechos”.

Fontes fue más lejos en su rechazo: “Es un insulto insinuar que los buenos funcionarios de las oficinas de registro de condados en todo el estado no están haciendo bien su trabajo”.

El funcionario demócrata agregó que las autoridades electorales de Arizona siempre trabajaron para garantizar que solo los ciudadanos habilitados estén registrados para votar y que seguirán cumpliendo la ley estatal, no directrices nacidas de la retórica política o de la intimidación.