La Arquidiócesis de San Francisco pagará USD 395 millones a 530 víctimas de abuso sexual infantil cometido por sacerdotes

La Arquidiócesis de San Francisco acordó el lunes pagar USD 395 millones para resolver más de 500 demandas por abuso sexual infantil cometido por miembros del clero. El acuerdo cubre a aproximadamente 530 sobrevivientes, muchos de los cuales guardaron silencio durante décadas antes de presentar sus casos.

Lo anunció el abogado Jeff Anderson, quien representa a decenas de las víctimas. El acuerdo se ubica entre los mayores de su tipo en la historia de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Solo lo supera el que la Arquidiócesis de Los Ángeles firmó en 2024 por USD 880 millones.

El proceso de quiebra y la ley que abrió la puerta

La arquidiócesis presentó su solicitud de quiebra en 2023, tres años antes de que se alcanzara este acuerdo. Lo hizo como respuesta directa a las cientos de demandas acumuladas contra la institución.

Ese aluvión de litigios fue posible gracias a una ley de California aprobada en 2019 que permitió a las víctimas presentar reclamos por hechos ocurridos décadas atrás, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2022. Varias arquidiócesis del estado recurrieron a la figura de la quiebra ante la magnitud de los reclamos.

La quiebra, en este contexto, no significa que la institución desaparece ni que deja de operar. Es un mecanismo legal que permite reorganizar las deudas bajo la supervisión de un tribunal federal, que en este caso también será el encargado de vigilar que la arquidiócesis cumpla con los términos del acuerdo.

Más que dinero: las condiciones del acuerdo

El acuerdo extrajudicial —es decir, resuelto fuera de un juicio formal— va más allá de la compensación económica. El arzobispo Salvatore Cordileone deberá escribir una carta de disculpa personal a cada uno de los sobrevivientes.

En su declaración pública, Cordileone reconoció el daño causado: “Acepto plena responsabilidad por lo sucedido y me disculpo sinceramente con todos los que resultaron perjudicados”. Además, señaló que el acuerdo ofrece “un camino hacia una compensación justa para sobrevivientes que han cargado con el peso de este abuso durante toda una vida”.

La distribución del dinero no la decidirá la arquidiócesis. Un comité integrado por nueve sobrevivientes, que dedicó miles de horas a las negociaciones durante tres años, tendrá la autoridad para establecer los criterios de reparto.

Cada víctima podrá presentar su testimonio ante un asignador independiente, quien determinará una distribución que Anderson describió como “equitativa según las circunstancias únicas de cada sobreviviente”.

Las voces de quienes esperaron décadas

Margie O’Driscoll demandó a la arquidiócesis por el abuso que dice haber sufrido hace casi 50 años a manos de un sacerdote cuando era estudiante en la Marin Catholic High School, en Kentfield, al norte del puente Golden Gate. Fue co-presidenta del comité de sobrevivientes durante las negociaciones.

“Yo, como cada sobreviviente, he cargado este dolor y esta vergüenza como una bola y una cadena durante mucho, mucho tiempo”, dijo O’Driscoll en una conferencia de prensa citada por The Guardian y ABC News. “Avergonzada y confundida por lo que pasó, rechazada por la arquidiócesis, y a veces ni siquiera creída por familiares y amigos. Creo que hoy la vergüenza va a cambiar de lado”.

Brigid Crotty, otra sobreviviente, describió el daño que le dejó el abuso: “Lo que se rompió en mí no puede ser roto por medios humanos, era tan profundo”. Recordó que el sacerdote le decía: “Eres una niña mala y si le cuentas a alguien, todos sabrán que eres una niña mala”.

El plan de 14 puntos para proteger a la infancia

La Arquidiócesis de San Francisco es una de las 13 diócesis de Estados Unidos que hasta ahora no había publicado una lista de acusados con credibilidad. El acuerdo la obliga a cambiar eso mediante un plan de 14 medidas de protección infantil y transparencia institucional, según ABC7 News:

• Contratar a un consultor independiente de protección infantil con acceso total a archivos y registros.
• Publicar el informe del consultor en el sitio web de la arquidiócesis.
• Publicar una lista parcial de acusados con credibilidad, con un proceso para ampliarla de forma progresiva.
• Incorporar a un sobreviviente en la Junta de Revisión Independiente de la arquidiócesis.
• Modificar la política de denunciantes para incluir reportes de abuso sexual infantil.
• Crear un archivo público sensible a las víctimas con sus testimonios, documentos institucionales y expedientes del personal acusado.
• Liberar a todos los sobrevivientes de los acuerdos de confidencialidad existentes.
• Prohibir que futuros acuerdos incluyan cláusulas de confidencialidad obligatoria.
• Publicar una Carta de Derechos de los Sobrevivientes en el sitio web y entregarla a toda persona que reporte una conducta indebida.
• Prohibir las comunicaciones digitales privadas entre adultos y menores, incluyendo mensajes de texto individuales.
• Habilitar un formulario anónimo de denuncia en línea.
• Publicar una declaración de no represalias para proteger a empleados que presenten denuncias.
• Exigir al arzobispo que escriba cartas de disculpa personales a cada sobreviviente.
• Adoptar procedimientos reforzados de verificación de antecedentes para todo el personal de la arquidiócesis.

Anderson subrayó el alcance de estas exigencias: “He trabajado con sobrevivientes durante décadas y nunca había escuchado nada tan significativo, tan riguroso, tan sólido como lo que se le exige a la Arquidiócesis de San Francisco”.

Las críticas al acuerdo

No todos consideran que el acuerdo sea suficiente. Tim Stier, ex sacerdote de Oakland, advirtió que los cambios serán limitados mientras no se transforme la cultura interna de la institución: “No creo que cambie tanto como necesita hasta que el sistema clerical que dirige y la cultura que dirige la Iglesia Católica sean demolidos”.

La arquidiócesis atiende a cerca de 440.000 católicos en los condados de San Francisco, Marin y San Mateo. El cumplimiento de los 14 puntos quedará bajo la supervisión del tribunal de quiebras, que tendrá jurisdicción sobre todas las parroquias, escuelas y entidades afiliadas a la institución.