Florida prohíbe la inscripción de estudiantes indocumentados en todos sus colleges públicos

Miami Dade College y Broward College, dos de las instituciones de educación superior más grandes de Florida, operaron durante décadas con una política de admisión abierta que no exigía verificar el estatus migratorio de sus estudiantes. Esa práctica llegó a su fin el 30 de junio de 2026.

La Junta de Educación de Florida aprobó una nueva regla que prohíbe la inscripción de personas con estatus migratorio irregular en los colleges públicos del estado y en los programas de Educación General para Adultos. La medida fue aprobada durante una reunión de la Junta y tiene alcance inmediato sobre 24 colleges estatales.

La decisión lo convierte en uno de los primeros del país en extender formalmente esta restricción más allá de las universidades, hacia instituciones que históricamente funcionaron como puerta de entrada a la educación superior para comunidades inmigrantes.

Qué exige la nueva regla y a quién afecta

La normativa establece requisitos concretos para cualquier persona que quiera matricularse en un college público de Florida o acceder a programas de preparación para el examen de equivalencia de bachillerato (GED):

• Declarar por escrito ser ciudadano estadounidense o encontrarse legalmente en el país antes de ser admitido.
• Presentar documentación que acredite ese estatus antes de completar la inscripción.
• Cumplir con políticas escritas de verificación que cada institución deberá establecer e implementar.

Los colleges públicos de Florida —distintos de las universidades estatales— son instituciones de dos años que ofrecen títulos de asociado, certificaciones técnicas y cursos de transferencia. A diferencia de las universidades, han funcionado bajo un modelo de acceso abierto: cualquier persona con diploma de bachillerato o equivalente podía inscribirse sin mayor filtro.

Los programas de Educación General para Adultos, también alcanzados por la regla, preparan a quienes rinden el examen GED para obtener el equivalente a un diploma de escuela secundaria. Estos programas los ofrecen tanto los colleges como los propios planteles de educación secundaria pública.

Menores de edad, entre los potencialmente afectados

La regla alcanza también a estudiantes que aún no terminaron la escuela secundaria. Los grupos de menores con mayor exposición son dos:

• Jóvenes de 16 y 17 años sin estatus legal que buscan rendir el examen GED, disponible para esas edades, para obtener el equivalente a un diploma de bachillerato.
• Estudiantes de secundaria que participan en programas de dual enrollment —una modalidad que permite cursar materias en un college público de forma simultánea con la educación media— y que quedarían excluidos si no acreditan su situación migratoria.

Esa extensión hacia menores activa una tensión legal de fondo. El fallo Plyler v. Doe de 1982, dictado por la Corte Suprema de Estados Unidos, prohíbe a los estados negar a niños indocumentados el acceso a la educación K-12 —desde jardín de infantes hasta el grado 12— sin demostrar que la exclusión responde a un interés estatal sustancial.

El único voto en contra y sus argumentos

Daniel Foganholi, miembro de la Junta de Educación Estatal, fue el único integrante del cuerpo que votó en contra. Su posición no cuestionó el contenido político de la medida, sino el rol institucional que implica:

“Nuestro trabajo es enseñar y asegurarnos de que las personas tengan acceso a una buena educación en nuestro estado. No considero que sea nuestro lugar hacer cumplir las leyes de inmigración”, afirmó, según Telemundo 51.

Foganholi también fue quien sintetizó el mecanismo central de la nueva regla: “Los estudiantes, al momento de inscribirse, tendrán que demostrar su ciudadanía”.

Las voces estudiantiles y la incertidumbre sobre la implementación

Durante la reunión de la Junta, varios estudiantes tomaron la palabra para expresar su rechazo. La estudiante María Igarza planteó el impacto en términos de pertenencia: “Creo que esto no solo genera miedo para los estudiantes, sino también un espacio de exclusión. La escuela debe ser un lugar donde uno se sienta cómodo y pueda construir conexiones que amplifiquen su futuro”.

Faisal Gaitán lo formuló en términos más directos: “Los sueños de los inmigrantes… con esta decisión están tratando de matar ese sueño”, según recogió Telemundo 51.

Las organizaciones estudiantiles, por su parte, aún procesan las implicaciones prácticas de la norma. Laura Muñoz, directora de política de Florida Student Power, señaló que la ambigüedad en los términos es uno de los problemas centrales: “Estamos esperando entender qué va a significar esto y cómo van a definir exactamente lo que constituye una presencia legal”.

Tanto Miami Dade College como Broward College no respondieron a las solicitudes de reacción de Telemundo 51 antes del cierre de la publicación.

La propuesta paralela para las universidades estatales

La aprobación de la Junta de Educación no es el único movimiento en marcha. La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario de Florida —el organismo que rige las 12 universidades estatales— revisó una propuesta equivalente que prohibiría la admisión de estudiantes sin estatus legal a partir del año académico 2027-2028. La votación formal está prevista para septiembre.

A diferencia de la regla ya aprobada, esa propuesta no afectaría a quienes ya están matriculados. La Junta también aclaró, a instancias de algunos de sus miembros, que la restricción no alcanzaría a estudiantes ubicados fuera de Estados Unidos que cursan programas en línea.

Alan Levine, presidente de la Junta de Gobernadores, delimitó el alcance en una sesión de discusión: “No creo que sea la intención de esta junta excluir a alguien que vive en el extranjero del acceso a programas en línea. De lo que estamos hablando es de programas de grado y posgrado para residentes”, indicó al Tallahassee Democrat.

La propuesta universitaria fue enmendada para reflejar esa distinción, aunque aún no cuenta con aprobación formal del organismo.