Un jurado civil de Oakland condenó a la Diócesis Católica Romana a pagar USD 16 millones a una persona que sufrió abuso sexual infantil por parte del exsacerdote Stephen Kiesle durante la década de 1970. Más de medio siglo después de los hechos, la decisión judicial reconoce el impacto psicológico y emocional que estos delitos generan en las víctimas y refuerza el debate sobre la responsabilidad institucional en el manejo de casos de abuso dentro de la Iglesia católica, según informó el medio local abc7news.com.
El veredicto representa un fallo dentro de las demandas civiles contra la diócesis. Rick Simons, abogado especializado en estos casos, señaló al medio que la decisión da esperanza a otras personas afectadas. “El jurado reconoció cuán grave, duradero y permanente es el abuso sexual infantil, especialmente cuando implica la traición de confianza de un sacerdote hacia un monaguillo”, afirmó Simons.
El fallo se emite en un contexto en el que múltiples demandas de supervivientes aguardan resolución, muchas de ellas paralizadas después del proceso de bancarrota de la diócesis iniciado tres años atrás.
El fallo reactiva la discusión sobre resarcimiento y transparencia en la Iglesia
La cifra otorgada por el jurado —USD 16 millones— contrasta notablemente con los acuerdos previos ofrecidos por la diócesis a otras víctimas. Joey Piscitelli, director regional en el norte de California de la organización de apoyo a víctimas de abuso clerical Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP o Red de Supervivientes de Abusos por Sacerdotes), consideró que la respuesta de la Iglesia no es adecuada.
Piscitelli declaró: “Las cantidades deberían ser realistas, no lo que ofrece la iglesia, que tras seis años de demoras, ofrece cifras que representan apenas el 3% o 4% de lo que el jurado determinó”.
El alcance del fallo se extiende más allá del caso individual. De acuerdo con Simons, aún existen opciones legales para “quienes tengan menos de 40 años o para quienes, en los últimos cinco años, hayan descubierto por primera vez la conexión entre daños emocionales actuales y el abuso sufrido en la infancia”. Este punto reabre la posibilidad de procesos judiciales para otros sobrevivientes que hasta ahora no habían presentado demandas o cuyos casos fueron postergados.
El endurecimiento de las políticas institucionales ha sido reiterado en declaraciones recientes de la diócesis. Según el medio local abc7news.com, la institución recordó la disculpa pública emitida por el obispo Michael Barber en 2024 y aseguró haber implementado “políticas decisivas para la protección de menores y para la selección y capacitación de sacerdotes, empleados y voluntarios en todas sus dependencias”.
Testimonios internos señalan antecedentes y omisiones
La cercanía temporal y física de otros miembros de la Iglesia con los hechos de abuso reveló vacíos en la supervisión institucional. El exsacerdote Tim Stier relató a abc7news.com su experiencia personal en la parroquia Our Lady of the Rosary en Union City, donde ocupó la misma habitación que Kiesle. “Me asignaron en 1979. él había sido esposado y retirado del lugar un año antes, en 1978”, precisó Stier. Este testimonio apunta a que sectores de la diócesis ya conocían acusaciones contra Kiesle antes de que la justicia interviniera.
El propio Kiesle se encuentra privado de libertad desde hace años. En 2022, sumó cargos por su implicación en un accidente de tráfico mortal en Walnut Creek, dato que añade complejidad a su historial ante las autoridades.
La organización de apoyo a víctimas de abuso clerical SNAP y otras organizaciones insisten en que el camino hacia una reparación integral exige mayor rigor y rapidez en los procesos de atención a sobrevivientes, así como reformas que eviten la prolongación de las demandas por medio de estrategias legales dilatorias. Voces como la de Stier subrayan la urgencia de una transformación institucional: “Estoy profundamente motivado a intentar cambiar la Iglesia Católica y la forma en que maneja este problema de abuso”, remarcó.
Decisión judicial podría reactivar demandas paralizadas
El reciente veredicto del jurado de Oakland introduce un precedente relevante para la tramitación de casos pendientes. Conforme indica abc7news.com, múltiples demandas se suspendieron tras la declaración de bancarrota de la diócesis.
El nuevo fallo puede ofrecer un argumento jurídico y anímico para que otros afectados retomen acciones legales, especialmente dado el reconocimiento expreso del daño permanente que este tipo de abusos causa en las víctimas.
La condena de USD 16 millones a la Diócesis Católica Romana de Oakland por abuso sexual cometido por el exsacerdote Stephen Kiesle en la década de 1970 representa uno de los fallos civiles más significativos en la región y podría reconfigurar la manera en que la Iglesia enfrenta futuras denuncias y demandas de resarcimiento por delitos cometidos en su seno.
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