La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con permanencia temporal en el país.
El fallo representa un revés para la administración republicana y mantiene vigente la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, que reconoce ese derecho a quienes nacen en territorio estadounidense.
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El pronunciamiento judicial reafirma una interpretación vigente desde hace más de un siglo: la mayoría de quienes nacen en suelo estadounidense adquieren la ciudadanía de manera automática, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La decisión, tomada por una mayoría de seis votos contra tres, marca un nuevo episodio en el debate sobre la aplicación de la 14ª Enmienda de la Constitución y el alcance de las políticas regulatorias federales.
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“La ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en el dictamen mayoritario. Además sentenció: “Hoy mantenemos esa promesa”.
Decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento
La Corte Suprema rechazó la orden ejecutiva impulsada por Trump que pretendía restringir el acceso a la ciudadanía para hijos de inmigrantes sin residencia permanente o de visitantes temporales.
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La votación se resolvió con seis magistrados en contra de la orden y tres a favor. Uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, se sumó a la mayoría, aunque fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución.
El fallo implica que la ciudadanía por nacimiento sigue reconocida para quienes nazcan en territorio estadounidense, salvo excepciones específicas como hijos de diplomáticos extranjeros. El criterio de la Corte mantiene la vigencia de una jurisprudencia que data de finales del siglo XIX y refuerza la aplicación general del derecho de suelo en el país.
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Detalles y alcance de la orden ejecutiva de Trump
El 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva cuyo objetivo era modificar el alcance tradicional de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La directiva establecía que solo serían reconocidos como ciudadanos al nacer aquellos hijos de al menos un padre que fuese ciudadano estadounidense o residente permanente legal —poseedor de una “green card”—. Según el texto, quedaban excluidos los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales (como estudiantes o trabajadores con visa) y personas en el país de manera legal pero sin intención de residencia permanente.
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La orden instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de menores nacidos bajo las condiciones mencionadas. Si se hubiera implementado, la medida habría impactado el estatus legal de hasta 250.000 bebés cada año y podría haber obligado a millones de familias a aportar pruebas adicionales sobre la ciudadanía de sus hijos recién nacidos.
Sin embargo, la orden nunca llegó a entrar en vigencia, ya que fue bloqueada por tribunales federales poco después de ser emitida.
Argumentos legales y constitucionales en juego
La controversia en torno a la orden ejecutiva giró en torno a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868. Esta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
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La interpretación tradicional —respaldada por más de un siglo de jurisprudencia— sostiene que la ciudadanía corresponde a toda persona nacida en suelo estadounidense, salvo casos concretos como hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de fuerzas de ocupación enemigas.
La administración Trump argumentó que la frase “sujetas a su jurisdicción” debía leerse de forma más restrictiva, excluyendo a los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales y personas cuya presencia en el país no implicara “lealtad primaria” o “domicilio legal permanente”.
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Los abogados del gobierno defendieron que solo los hijos de quienes tuvieran residencia legal y la intención de permanecer en Estados Unidos deberían ser considerados ciudadanos al nacer.
En contraste, los opositores a la orden —incluyendo organizaciones civiles y estados— alegaron que la interpretación de la 14ª Enmienda ya había sido definida por la Corte Suprema en 1898, en el caso United States v. Wong Kim Ark, donde se reconoció la ciudadanía por nacimiento a un hombre hijo de inmigrantes chinos que residían legalmente en el país.
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Los detractores de la orden ejecutiva sostuvieron que la nueva interpretación propuesta por el gobierno carecía de fundamento constitucional y contradecía precedentes judiciales.
Desarrollo del caso judicial y antecedentes históricos
El litigio que llegó hasta la Corte Suprema se originó en Nueva Hampshire, impulsado por una demanda colectiva presentada por padres y menores cuyos derechos de ciudadanía se veían amenazados por la orden ejecutiva.
El caso fue respaldado por organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y otros grupos defensores de derechos civiles. En julio de 2025, el juez federal Joseph Laplante permitió que la demanda avanzara como acción colectiva, lo que posibilitó que la política fuera bloqueada a nivel nacional.
Durante la tramitación judicial, la administración defendió la validez de la orden ante tribunales inferiores, pero todos los fallos previos resultaron desfavorables al gobierno. En diciembre, la Corte Suprema aceptó revisar el caso en medio de un clima político marcado por debates sobre inmigración y ciudadanía.
La discusión ante la Corte Suprema se centró en la validez de la interpretación restrictiva de la 14ª Enmienda y el precedente histórico mencionado. Durante los alegatos orales, Donald Trump asistió personalmente a la audiencia, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en presenciar una sesión de este tipo, aunque se retiró antes de que concluyeran los argumentos.
El fallo de la Corte Suprema mantiene la tradición establecida tras la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, cuando la 14ª Enmienda se adoptó para garantizar la ciudadanía a las personas nacidas en el país, especialmente a los anteriormente esclavizados y sus descendientes.
La decisión de este martes reitera el alcance histórico de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y deja sin efecto la orden ejecutiva de Trump.
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