El Gobierno de Trump emitió una advertencia dirigida a los bancos estadounidenses, solicitando mayor vigilancia sobre las transacciones de empresas y personas vinculadas a clientes indocumentados.
El aviso, emitido este viernes 5 de junio, se produce después de que el presidente Donald Trump firmara en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos que examinen más de cerca la ciudadanía de sus clientes.
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De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para reforzar las políticas migratorias y financieras, con el objetivo de detectar esquemas de fraude fiscal y lavado de dinero en Estados Unidos.
La orden instruye a los bancos a identificar movimientos sospechosos relacionados con la contratación y pagos a inmigrantes sin autorización laboral.
El Departamento del Tesoro sostiene que la intervención de las entidades financieras es esencial para combatir redes delictivas y proteger la integridad del sistema financiero de Estados Unidos. La medida no ordena excluir automáticamente a los clientes indocumentados, sino que enfatiza la vigilancia sobre patrones de riesgo identificados por las autoridades.
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Riesgos detectados por el gobierno de Trump
La administración Trump atribuye la creación de un ambiente de robo de identidad, evasión de impuestos y transferencias ilícitas a la explotación de trabajadores indocumentados por ciertos empleadores.
Según FinCEN, estas prácticas otorgan ventajas injustas a negocios ilícitos en perjuicio de empresas legítimas, reducen los salarios y desvían fondos que deberían apoyar programas públicos. Para llevar a cabo estas actividades, los empleadores recurren con frecuencia a documentos falsos o al número de identificación fiscal individual (ITIN), lo que permite la apertura de cuentas bancarias y el acceso a servicios financieros sin la retención adecuada de impuestos federales y estatales.
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FinCEN reportó la detección de más de 2.500 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con fraude fiscal y trabajadores sin permiso de empleo, aunque no existen cifras independientes que confirmen este monto.
El aviso también hace referencia a la posible relación entre estos fondos ilegales y la financiación de organizaciones criminales trasnacionales, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas. Se menciona un caso concreto de pérdidas que superan los 38 millones de dólares para el Estado, aunque las autoridades no publicaron documentación específica sobre la asociación directa con redes criminales identificadas.
Reacciones, sectores afectados y detalles prácticos para bancos
El sector bancario fue notificado sobre estas directrices, que no implican la obligación de recopilar información específica sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de todos sus clientes. Associated Press señaló que los bancos estadounidenses nunca han recolectado sistemáticamente estos datos, y que los organismos reguladores, como la FDIC, la OCC y la NCUA, solo recomiendan reforzar los controles en presencia de señales de riesgo, como el uso del ITIN para abrir cuentas o solicitar servicios financieros.
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La recomendación de las autoridades es que las instituciones financieras implementen procedimientos mejorados de debida diligencia cuando los clientes presenten un ITIN en lugar de un número de Seguro Social o un permiso válido de trabajo.
Como resalta el aviso oficial, el propósito de este enfoque es identificar señales de alto riesgo, prevenir esquemas ilícitos y garantizar el cumplimiento normativo, sin impulsar una exclusión masiva de usuarios indocumentados. El carácter no obligatorio de la medida surgió tras las presiones del sector financiero, que expuso el impacto en costos y trámites administrativos, según la AP.
El aviso conjunto incluye 18 señales de alerta que los bancos deben monitorear y reportar a las autoridades competentes. Además, se insta tanto a ciudadanos como a empleados bancarios a notificar posibles casos de empleadores que faciliten la contratación irregular de inmigrantes.
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En la conclusión de la notificación, la Casa Blanca reafirma su intención de fortalecer todas las acciones necesarias para proteger las instituciones financieras frente al uso fraudulento resultante de la migración sin autorización y la complicidad empresarial, priorizando la defensa del patrimonio público y de quienes operan de acuerdo con la ley.
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