La administración de Donald Trump suspendió USD 1.000 millones en pagos de Medicaid a California y Minnesota. La medida la anunció el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., con el argumento de que existen “sospechas de fraude e incumplimientos” en solicitudes de reembolso, informaron Reuters, CBS News y Associated Press.
Del total retenido, el Gobierno difirió USD 867,5 millones para California y USD 199 millones para Minnesota. La decisión no modifica los beneficios ni la elegibilidad de los afiliados, dado que se trata de una pausa administrativa y no de un recorte permanente. A su vez, este dinero puede liberarse si ambos estados presentan documentación que pruebe la validez de los reclamos.
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La medida se enmarca dentro de la ofensiva de la Casa Blanca contra el fraude en programas públicos. Kennedy afirmó en un comunicado citado por CBS News: “Medicaid existe para servir a los estadounidenses vulnerables, no para financiar reclamaciones infundadas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos restableciendo la rendición de cuentas en todos nuestros programas públicos y protegiendo el dinero de los contribuyentes”.
Por su parte, el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), afirmó que los aplazamientos de pagos para ambos estados forman parte del “nuevo enfoque de la administración para garantizar la integridad del programa”.
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Qué observó la revisión federal en California y Minnesota
La revisión federal se concentró en programas de atención en el hogar en California, donde la administración consideró sospechoso un crecimiento del gasto por encima de las tendencias nacionales, informó CBS News.
En Minnesota, la retención se enfocó en 14 áreas de servicios consideradas de alto riesgo y señaladas como vulnerables al fraude por el propio auditor legislativo estatal, precisó Reuters.
Oz agregó que, entre los patrones observados, hubo proveedores que facturaban por cuatro o más pacientes al mismo tiempo o que presentaban cargos después de la fecha de muerte de un beneficiario. A su vez, aclaró que Minnesota ya devolvió documentos al Gobierno federal y que ahora son “reevaluados con mucho cuidado”.
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No obstante, el comisionado interino y director estatal de Medicaid del Departamento de Servicios Humanos, John Connolly, dijo, citado por Associated Press, que el Gobierno federal no entregó a Minnesota “datos ni explicación sobre cómo se calculó el monto de la suspensión ni en qué se basó”.
California y Minnesota denuncian motivaciones políticas
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó la decisión y la describió como una represalia política contra su estado. El funcionario expresó que la administración no castiga a los defraudadores, sino a niños, personas mayores y personas con discapacidad, y sostuvo que el Gobierno “está recortando más dinero en salud del que ha procesado por fraude”.
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El gobernador de California, Gavin Newsom, también atribuyó la medida a razones políticas. En una publicación en X, afirmó que el estado se opone al fraude y que colaborará “de buena fe” con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para combatirlo, al tiempo que defendió el programa de atención domiciliaria porque reduce costos al evitar internaciones en residencias geriátricas más caras.
De acuerdo con Associated Press, la estrategia en contra de los fraudes que promueve la administración Trump ha tenido controversias. La misma agencia recordó que en abril los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid admitieron un error importante en cifras utilizadas para justificar una pesquisa por fraude en Nueva York.
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El mes pasado, además, la directora de Medicaid de California declaró ante un comité del Congreso que la agencia federal todavía no había presentado “ningún caso de fraude, despilfarro o abuso” para sustentar una suspensión previa de USD 1.300 millones anunciada en mayo. Hasta el momento, no se precisó si las nuevas suspensiones al estado se suman a los aplazamientos anteriores o si se superponen con ellos.
Kennedy, por su parte, señaló que ampliará la autoridad de exclusión para que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y la oficina del inspector general del Departamento de Salud puedan expulsar a “malos actores” de los programas federales de salud e incluso prohibirles el ingreso de manera permanente, reportó Reuters.
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