La ruptura de relaciones diplomáticas entre Nicaragua e Italia ha reabierto una historia de impunidad y memoria silenciada. Según el exencargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, el conflicto no solo responde a un desacuerdo entre gobiernos, sino que revive el dolor de las víctimas de las Brigadas Rojas y muestra la protección en el país centroamericano bajo el régimen de Daniel Ortega.
Según O’Reilly, la disputa se desató luego de que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señalara durante un acto en Madrid: “Italia no comparte nada con la visión de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, un país que todavía brinda protección a peligrosos terroristas como Alessio Casimirri”.
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Para el exdiplomático, esta frase sintetiza el conflicto y traduce el reclamo de un país que busca justicia por crímenes de terrorismo aún impunes. Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigate Rosse (Brigadas Rojas), fue condenado en Italia por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro y por el homicidio de funcionarios judiciales como Girolamo Tartaglione.
O’Reilly subraya que la protección que Nicaragua extiende a Casimirri no solo es una afrenta diplomática, sino un reclamo vigente en la sociedad italiana y para las familias de las víctimas. “Casimirri participó en la muerte de muchos, no solo de Moro, y todas sus vidas tenían valor”, escribe el analista.
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El análisis del estadounidense recuerda que Girolamo Tartaglione, abogado napolitano y director de asuntos penales del Ministerio de Justicia, fue asesinado en Roma en 1978. Rechazó escolta policial porque no quería que víctimas inocentes cargaran con las consecuencias de la violencia política. Casimirri lo ejecutó en el vestíbulo de su edificio.
Para O’Reilly, Tartaglione no fue solo un nombre en una crónica policial: “era más que una víctima, más que un titular macabro, un mensaje político o un cadáver ilustre dejado para conmocionar a la opinión pública italiana”.
Cómo Nicaragua protegió a Casimirri
La columna de O’Reilly reseña que el régimen de Daniel Ortega se niega desde hace décadas a extraditar a Casimirri. Cuando Italia pidió la extradición a fines de los años 80, el régimen nicaragüense le otorgó la ciudadanía para blindarlo frente a cualquier intento de repatriación.
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El exencargado de Negocios en Managua resalta que Nicaragua califica a Casimirri como refugiado político, pero la justicia italiana lo condenó “en ausencia” a seis cadenas perpetuas por varios asesinatos y atentados.
La reacción oficial de Managua calificó de “injustificadas, agresivas e irresponsables” las palabras del canciller Tajani. Según el análisis, la ruptura de relaciones fue anunciada como defensa de la soberanía y la dignidad nacional, una respuesta habitual del gobierno sandinista cada vez que recibe cuestionamientos por su política de protección a acusados de delitos graves, mientras intensifica la represión contra la disidencia interna.
La impunidad como política del régimen
O’Reilly advierte que la protección a Casimirri, de 74 años, se inscribe en un patrón de impunidad. El régimen de Ortega y Murillo, afirma, reprime a sus opositores pero protege a quienes considera aliados políticos.
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“Las víctimas, empezando por Tartaglione, sin vida en el vestíbulo de un ascensor, eran personas reales, con esperanzas, sueños, amigos y familias, y deberíamos recordarlas y no ver esto simplemente como una disputa diplomática”, concluye el autor.
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