
Los jubilados de Estados Unidos que cobran la Seguridad Social podrían sufrir un recorte promedio de USD 500 al mes si el fondo fiduciario de jubilación del programa entra en insolvencia a fines de 2032 y el Congreso no aprueba una reforma, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.
El centro de estudios estimó que el ajuste equivaldría a un recorte del 24% en el pago típico y que afectaría entre el 10% y el 23% de la población de cada estado.
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La advertencia llegó a días de la publicación del próximo informe anual de los fideicomisarios de la Administración del Seguro Social, el documento técnico que actualiza las proyecciones de solvencia del sistema.
Una insolvencia no implicaría que los beneficiarios dejen de cobrar por completo. El fondo fiduciario funciona como una reserva que cubre la diferencia entre los ingresos del programa y sus obligaciones de pago; cuando se agota, el sistema continúa recaudando el impuesto sobre la nómina y puede seguir pagando, pero con prestaciones reducidas, salvo que una ley modifique el esquema de financiamiento.
Según el informe, “ningún estado se libraría de los efectos potencialmente devastadores de la insolvencia”. Calculó que los mayores recortes mensuales promedio se concentrarían en Connecticut (USD 556), Nueva Jersey (USD 554) y Nuevo Hampshire (USD 553).
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También figuran Delaware (USD 549), Maryland (USD 541), Washington (USD 531), Minnesota (USD 530), Massachusetts (USD 527), Míchigan (USD 523) y Utah (USD 523), según el mismo análisis.
Qué presiona al fondo y qué sucede cuando se agota

La brecha entre ingresos y egresos del programa se amplió a medida que se retiró la generación del "baby boom" (el auge de natalidad de la posguerra) y aumentó la cantidad de beneficiarios. Ese proceso elevó el gasto anual y obligó a usar la reserva del fondo fiduciario para sostener el pago completo de prestaciones.
El punto de inflexión llega cuando la reserva se termina. En ese escenario, el sistema no queda sin fondos, pero pierde el colchón que permite pagar el 100% de los beneficios programados. Según el comité, el recorte sería automático porque, por diseño, el programa no puede desembolsar más de lo que recauda una vez agotadas las reservas.
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La referencia técnica de este debate es el informe de fideicomisarios. En su último reporte anual disponible, publicado el 18 de junio de 2025, la Administración del Seguro Social proyectó que el fondo OASI quedaría sin reservas en 2033 y que, desde entonces, el programa podría pagar el 77% de las prestaciones con sus ingresos dedicados.
La fecha 2032 en la discusión pública

El nuevo análisis del comité se difundió antes de la salida del próximo reporte de fideicomisarios, que debe actualizar el cronograma de solvencia.
Según informó CBS News, la Administración del Seguro Social movió la fecha de agotamiento de OASI a fines de 2032 y atribuyó el cambio al efecto de la Ley One Big Beautiful Bill sobre la tributación de las prestaciones.
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Esa diferencia de fechas es relevante por su impacto político: acorta el margen para que el Congreso discuta medidas e instala un horizonte de recorte automático si no hay acuerdo legislativo. El comité subrayó ese punto al remarcar que la reducción prevista no sería selectiva, sino generalizada.
La variación entre estados se explica por el nivel promedio de prestaciones. Un recorte porcentual uniforme se traduce en montos distintos: en los estados con cheques promedio más altos, la pérdida mensual estimada es mayor. El informe ubicó a Connecticut, Nueva Jersey y Nuevo Hampshire en la parte alta de la tabla, con recortes promedio superiores a USD 550.
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El comité también estimó la penetración territorial del impacto: entre el 10% y el 23% de la población de cada estado quedaría alcanzada, un rango que refleja diferencias demográficas y el peso del programa en la estructura de ingresos de los hogares.
Dependencia del ingreso y opciones sobre la mesa

La posible reducción llegaría a un universo de beneficiarios que, en muchos casos, organiza su economía doméstica alrededor de ese pago mensual. Según una encuesta de la Liga de Ciudadanos Mayores, el 73% de los jubilados depende de la Seguridad Social para obtener más de la mitad de sus ingresos y el 39% la señaló como su fuente total de ingresos.
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El debate sobre cómo evitar el ajuste automático vuelve a girar sobre cambios en ingresos, gastos o ambos. Una de las propuestas mencionadas en el análisis es eliminar el tope de ingresos sujeto al impuesto sobre la nómina, que hoy exime de tributar a la Seguridad Social cualquier ingreso que supere los USD 184.500.
Al describir el escenario, según retomó The Independent, el deterioro del vínculo entre trabajadores aportantes y retirados que cobran es una de las tensiones estructurales que explican por qué el fondo se acerca al límite.
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