Donald Trump firmó una orden que facilita el despido de 8.000 empleados federales

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de unos 8.000 empleados federales de alto rango, con salarios de hasta casi USD 200.000 al año, para facilitar su destitución si se considera que interfieren en la ejecución de su agenda política.

La Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Personal publicaron la medida el 3 de junio. La misma reclasifica esos puestos dentro de una categoría denominada “Política/Carrera Profesional”, lo que permite a las agencias despedir a estos trabajadores sin los largos procedimientos administrativos que hoy dificultan las destituciones.

El 97% de los afectados ocupa cargos de nivel GS-15 o superior, los rangos más altos fuera del Servicio Ejecutivo Superior.

Quiénes pueden ser despedidos y por qué motivos

Los puestos afectados incluyen:

• Directores.
• Subdirectores.
• Jefes de gabinete.
• Asesores sénior.
• Analistas de políticas.
• Responsables de asuntos públicos y legislativos.
• Empleados con participación directa en la redacción de regulaciones o en la asignación de subvenciones federales.

Con el nuevo esquema, las agencias pueden destituir a estos trabajadores por bajo rendimiento, mala conducta, corrupción o por incumplir directivas presidenciales, sin necesidad de tramitar los procedimientos de apelación que actualmente pueden extenderse por más de un año.

La Casa Blanca aclaró que los procesos de contratación siguen siendo competitivos e imparciales, y que las decisiones de destitución no pueden basarse en la afiliación política del empleado.

Por qué la administración Trump impulsó esta medida

Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés), explicó la lógica detrás de la orden en diálogo con The Guardian:

“Puedes tener cualquier opinión política, pero si permites que esas opiniones interfieran con tu disposición a cumplir órdenes legales y directivas de política de la administración, esto proporciona un mecanismo para que las personas en esas agencias puedan ser removidas efectivamente a voluntad”.

La Casa Blanca basa la decisión en una encuesta donde la mayoría de los altos funcionarios federales en Washington afirmó que ignoraría una orden legal del presidente Trump si la considerara una mala política.

Según la administración, durante el primer mandato de Trump varios funcionarios de carrera se negaron a colaborar en asuntos como el enjuiciamiento de la discriminación racial en la educación superior o la reforma del Título IX por desacuerdos personales con esas políticas.

El antecedente de la Orden Ejecutiva 13957

Trump ya intentó este tipo de reclasificación durante su primer mandato. Durante su primer mandato emitió la Orden Ejecutiva 13957, con el mismo objetivo, pero la administración Biden la revocó antes de que entrara en vigor por completo y luego emitió regulaciones para impedir que una administración futura aplicara medidas similares.

Trump prometió restablecer esa orden durante su campaña y lo hizo el primer día de su regreso al cargo. La OPM revocó posteriormente las regulaciones de la era Biden que bloqueaban su implementación inmediata.

La orden firmada esta semana amplía y consolida ese marco.

Cuántos empleados federales ya salieron del gobierno

El contexto es más amplio que los 8.000 puestos reclasificados. Desde octubre de 2024, unos 348.000 empleados —más del 11% de la fuerza laboral federal total— dejaron el gobierno. La administración también autorizó programas de indemnización voluntaria para incentivar renuncias, y la plantilla federal se redujo a su nivel más bajo desde 1966.

El número de trabajadores afectados por la nueva orden quedó muy por debajo del techo estimado de hasta 50.000. Funcionarios de la administración señalaron que Trump podría ampliar ese grupo, pero que no tiene planes inmediatos de hacerlo.

Las críticas desde los sindicatos y organizaciones civiles

La medida generó rechazo inmediato entre los sindicatos de empleados públicos y organizaciones de defensa civil.

Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, calificó la orden de "intento flagrante de corromper el gobierno federal al eliminar los derechos al debido proceso de los empleados para que puedan ser despedidos por razones políticas", según citó The Guardian.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward —organización que representa a varios sindicatos federales en una demanda judicial iniciada en enero—, advirtió al diario británico que “cuando los expertos del gobierno pueden ser despedidos sin causa, no solo se perjudica a los trabajadores federales, sino a las personas en todo el país que dependen de estos servicios esenciales”.

Los líderes sindicales también argumentaron que la reclasificación representa un retroceso al sistema de “botín” del siglo XIX, donde los cargos públicos se asignaban a leales políticos en lugar de basarse en el mérito.