USCIS aclara que no habrá una obligación automática de salir del país por la green card, pero endurece el ajuste de estatus

El nuevo memorándum de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) sobre ajuste de estatus (cambio de estatus migratorio dentro del país para acceder a la residencia permanente) no eliminó esa vía para obtener la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, pero sí endureció el criterio de evaluación y amplió el margen de discreción de los funcionarios.

La agencia emitió el documento el 21 de mayo de 2026 como memorándum de política PM-602-0199 y lo acompañó con un comunicado oficial del 22 de mayo de 2026, lo que reactivó dudas sobre si más solicitantes podrían ser empujados hacia el trámite consular.

La pregunta que se instaló con fuerza fue si el Gobierno pasaría a exigir, de manera automática, que todos los solicitantes de residencia salieran del país para completar el proceso. Con lo que surge de los textos oficiales, no hay una regla general que obligue a todos a abandonar Estados Unidos.

El Diario y Univision registraron que el temor creció por versiones que circularon en redes sociales y por la lectura expansiva del anuncio, pero coincidieron en que el ajuste de estatus no desapareció del marco legal.

Según le dijo a CBS News, cadena estadounidense de noticias, el portavoz de USCIS Zach Kahler, afirmó: “De ahora en adelante, un extranjero que esté en Estados Unidos de manera temporal y quiera una tarjeta de residencia permanente debe regresar a su país para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”.

El punto clave para los solicitantes es separar el anuncio público del alcance jurídico real: el ajuste de estatus sigue contemplado por la legislación federal de inmigración, pero USCIS dejó por escrito que su adjudicación no funciona como un paso automático y que, aun cuando alguien cumpla requisitos de elegibilidad, la aprobación depende de una evaluación caso por caso.

En la cobertura de El Diario, especialistas plantearon que la consecuencia más visible puede ser el aumento de exigencias probatorias y entrevistas, sobre todo en expedientes con historial migratorio complejo.

Qué dice el memorándum PM-602-0199 y qué cambia en la revisión

El memorándum de política PM-602-0199 se enfocó en la naturaleza discrecional del ajuste de estatus. El texto lo definió como un mecanismo de “extraordinary relief” (alivio extraordinario) en el sentido de que permite “dispense with the ordinary consular visa process” (prescindir del proceso consular ordinario de visa).

En otras palabras: según el razonamiento de USCIS, la regla del sistema migratorio es que la residencia se tramite mediante el circuito consular, y el ajuste dentro de Estados Unidos opera como una excepción.

El documento recordó que el ajuste se tramita bajo la Immigration and Nationality Act (Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA) y, en particular, la sección 245. Allí, el verbo legal relevante es “may” (podrá), lo que habilita a la autoridad a aprobar o negar según su criterio.

Ese marco ya existía, pero el memorándum buscó reforzarlo y orientar a los oficiales hacia una aplicación más estricta de esa discreción, un punto que Univisión subrayó al remarcar que un memorándum administrativo no modifica por sí solo el texto de la ley.

La instrucción operativa fue que los adjudicadores deben considerar “all relevant factors” (todos los factores relevantes) y decidir según “the totality of the circumstances” (la totalidad de las circunstancias). Ese tipo de estándar suele traducirse en revisiones más intensas de la coherencia del expediente, de la trayectoria migratoria y de la consistencia documental, con menos margen para omisiones, contradicciones o “zonas grises”.

Abogados citados por El Diario advirtieron que esa lógica suele venir acompañada de más requerimientos de prueba y de entrevistas más extensas.

En paralelo, el comunicado del 22 de mayo de 2026 fue más contundente que el memorándum. Allí USCIS afirmó que, de ahora en adelante, concederá el ajuste de estatus solo en “extraordinary circumstances” (circunstancias extraordinarias) y reiteró que el trámite consular es el camino preferente.

Ese contraste entre el texto técnico y el mensaje público fue uno de los ejes del debate que recogieron El Diario y Univisión al explicar por qué se expandió la lectura de que la mayoría de los casos quedaría fuera del ajuste dentro del país.

Qué factores pueden pesar en contra y cuáles suelen jugar a favor

En un esquema de discrecionalidad reforzada, la decisión depende más de los antecedentes y de cómo se explican y documentan.

Entre los factores negativos figuran: ingreso sin inspección, presencia ilegal, empleo no autorizado, violaciones a la visa, inconsistencias en formularios y señales de “preconceived intent” (intención preconcebida): ingresar con una visa temporal con la intención de pedir la residencia.

También pueden pesar antecedentes penales, contradicciones documentales y cualquier indicio de fraude, tergiversación o testimonio falso ante autoridades migratorias.

En un estándar de “totalidad de las circunstancias”, incluso hechos antiguos o aparentemente menores pueden adquirir relevancia si afectan la credibilidad del solicitante o la coherencia del relato, un criterio que especialistas citados por Univisión relacionaron con un endurecimiento de la interpretación, sobre todo para quienes dependen de excepciones o arrastran irregularidades.

Del lado de los factores positivos, USCIS suele valorar vínculos familiares en Estados Unidos, empleo estable, pago de impuestos, arraigo comunitario y el “good moral character” (buen carácter moral), además de un historial de cumplimiento migratorio y documentación consistente.

Con el nuevo enfoque, estos elementos no desaparecen: el cambio es que el peso relativo de los aspectos negativos puede aumentar y que el solicitante cargará con un estándar probatorio más exigente para sostener la conveniencia de resolver el caso dentro de Estados Unidos.

Qué puede pasar con entrevistas, pedidos de evidencia y la vía consular

Para muchos solicitantes, puede haber un aumento de solicitudes de pruebas adicionales y más entrevistas. Un estándar más estricto suele implicar más requerimientos para aclarar fechas, entradas y salidas, historial laboral, cumplimiento del estatus y consistencia entre lo declarado en formularios y lo que surge de registros previos.

De acuerdo con lo recogido por El Diario, esa dinámica puede aumentar la ansiedad de familias que ya esperan resoluciones durante años y que temen que una denegación derive en separación familiar o en la obligación de seguir el proceso fuera del país.

También puede crecer la probabilidad de denegaciones en expedientes con historial irregular o documentación débil. En algunos casos, una decisión negativa puede empujar a que la persona complete el proceso por vía consular, si su situación legal lo permite y si esa vía está disponible.

Esto no equivale a una obligación automática de abandonar Estados Unidos por el solo hecho de solicitar la residencia, pero sí abre un escenario de mayor incertidumbre en la etapa final, como explicó Univisión al diferenciar el texto de la ley de la manera en que USCIS decide ejercer su discreción.

Otro riesgo asociado es que, ante una denegación, la persona quede en una situación migratoria más frágil si no tiene estatus vigente o si su caso arrastra factores que la expongan a procedimientos de remoción.

Por eso, la cobertura de El Diario y Univisión insistió en una recomendación práctica: evitar decisiones apresuradas por rumores, no generalizar y revisar cada expediente con asesoría profesional antes de cambiar de estrategia o viajar.

Qué queda claro tras el anuncio y qué aspectos siguen abiertos

El memorándum PM-602-0199 no eliminó el ajuste de estatus ni modificó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Sí dejó una señal de política: USCIS quiere que el trámite consular sea la regla y que el ajuste dentro de Estados Unidos se conceda bajo un examen más exigente, apoyado en discrecionalidad y en un análisis integral del expediente.

En términos prácticos, el mensaje para quienes esperan la residencia es doble. Primero, el camino legal continúa, pero será más difícil que la elegibilidad formal alcance por sí sola.

Segundo, el comunicado del 22 de mayo de 2026 instaló una vara más alta al afirmar que el ajuste se otorgará solo en “circunstancias extraordinarias (extraordinary circumstances)”, un concepto que, en la aplicación cotidiana, puede traducirse en más pedidos de prueba, más entrevistas y mayor peso de cada detalle del historial migratorio.