
La Comisión del Condado Miami-Dade aprobó, tras años de controversias, la reurbanización del antiguo campo de golf Calusa en West Kendall. La decisión permite la construcción de 524 viviendas unifamiliares en más de 68,4 hectáreas, pese a la oposición vecinal y de cinco comisionados. El expediente Z21-031, impulsado por Kendall Associates I, LLLP; 9800 Calusa Club Drive, LLC; y Home at 9810, LLC, obtuvo luz verde para la rezonificación del terreno ubicado en 9400 SW 130th Ave., así como en 9800 y 9810 East Calusa Club Drive. La votación estuvo dividida: ocho comisionados se manifestaron a favor y cinco en contra, reflejando la intensidad del debate.
El proyecto urbanístico aprobado implica la transformación del antiguo campo de golf en una comunidad residencial de baja densidad. El cambio de zonificación de GU y EU-M a PAD (Planned Area Development) habilita el desarrollo de 524 viviendas unifamiliares, acompañadas de una serie de amenidades. El plan incluye 12 lagos, con la ampliación de uno de ellos de una hectárea, la siembra y preservación de 4.622 árboles y más de dos hectáreas destinadas a espacios recreativos. Se contemplan senderos peatonales, aceras continuas, una casa club con piscina, parque infantil, canchas de baloncesto y tenis, y áreas verdes comunes. También se aprobó la excavación de nuevos lagos, el relleno parcial de otros existentes y la construcción de calles privadas con acceso a las vías públicas, junto con varias excepciones urbanísticas relacionadas con espacio abierto y derecho de vía.
Uno de los principales puntos de conflicto para la comunidad es el impacto vial que generará el desarrollo. Según el informe técnico del Departamento de Regulación y Recursos Económicos (RER), la urbanización aportará aproximadamente 493 viajes vehiculares durante la hora pico de la tarde. El comisionado Roberto J. González, representante del Distrito 11, fue una de las voces más críticas, señalando que West Kendall ya experimenta una congestión considerable y que sumar más viviendas sin un plan de mitigación agrava los problemas existentes. González subrayó la falta de una estrategia clara para abordar el tráfico y la necesidad de crear empleos reales y oportunidades económicas que acompañen el crecimiento urbano. La líder vecinal Amanda Prieto, fundadora de Save Calusa, también advirtió que el incremento de densidad de 34 a 524 viviendas saturará aún más las intersecciones y carreteras locales. Además, lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con el desarrollador para reducir la cantidad de viviendas y recordó que el terreno fue concebido originalmente como un parque o espacio recreativo a ser preservado durante 100 años.

El debate ambiental ocupó un lugar central durante la discusión pública. Vecinos y expertos manifestaron preocupación por la pérdida de áreas verdes y el posible impacto sobre la fauna local, particularmente en la colonia de aves protegidas que anidan en la zona. El experto en vida silvestre Ron Magill se sumó a la oposición, citando los riesgos para los murciélagos y las garzas tricolores presentes en el área. Frente a estas inquietudes, el desarrollador estableció acuerdos con la organización Tropical Audubon Society, comprometiéndose a reforzar las protecciones ambientales. El vicepresidente senior de GL Homes, Richard Norwalk, detalló que el nuevo diseño amplía el lago y delimita una franja de protección de 330 pies alrededor del área sensible, además de implementar barreras vegetales y establecer una moratoria de dos años para construir en torno a la zona de anidación. Norwalk aseguró que DERM y los demás departamentos del condado recomendaron la aprobación del proyecto tras revisar las medidas ambientales.
En defensa del proyecto, la comisionada Raquel Regalado, en cuyo distrito se ubica el desarrollo, respaldó la iniciativa tras los ajustes ambientales negociados, considerando que las concesiones alcanzadas con Audubon mejoran sustancialmente la propuesta. El desarrollador enfatizó que la densidad final de tres unidades por hectárea es muy inferior a propuestas anteriores, que incluso contemplaron hasta 1.300 viviendas, y se mantiene dentro de los límites permitidos por el Plan Maestro de Desarrollo Integral.
La historia del conflicto se remonta a décadas atrás, cuando el Calusa Country Club operó bajo un convenio legal que impedía su reurbanización hasta 2067. En 2020, la Comisión reconsideró este acuerdo al determinar que el terreno era propiedad privada, no espacio público. En 2021, GL Homes compró el campo por 32 millones de dólares, y ese mismo año la Comisión autorizó una primera rezonificación. Sin embargo, una demanda presentada por Amanda Prieto ante la Corte Suprema de Florida alegó falta de notificación adecuada a los residentes, lo que llevó a repetir el proceso y a la reconsideración que culminó en esta última votación.
La aprobación del proyecto quedó sujeta a una serie de condiciones estrictas: cumplimiento de los 96 planos presentados, obtención de permisos ambientales y de árboles, supervisión de DERM y la agencia de Pesca y Vida Silvestre, aprobación de drenaje y lagos, restricciones específicas para proteger el entorno de aves y tasas de impacto de parque destinadas a mejorar rutas como Kendall Indian Hammocks Trail y West Kendall Trail. Aunque Save Calusa logró incluir mayores salvaguardas ambientales, la organización advirtió que la responsabilidad por el futuro de la zona recae ahora sobre los hombros de quienes votaron a favor del desarrollo.
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