Una sequía que se prolonga desde hace casi 7 años colocó a Corpus Christi, Texas ante el riesgo de una crisis hídrica sin precedentes, obligando a la ciudad a acelerar planes de emergencia para evitar recortes obligatorios de agua que podrían afectar tanto a sus habitantes como a la industria que la convirtió en un puerto energético estratégico para Estados Unidos.
Mientras las reservas hídricas tocan mínimos históricos y las lluvias resultan cada vez más improbables de cara al verano, funcionarios municipales reconocen que sin precipitaciones sustanciales o nuevas fuentes de abastecimiento, la ciudad afronta el escenario de imponer restricciones que impactarían de manera crucial a las refinerías y plantas petroquímicas de la región, responsables de producir el 5% de la gasolina del país, según informó Associated Press.
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En la actualidad, el área metropolitana de Corpus Christi, que cuenta con una población aproximada de 317.000 habitantes y abastece también a condados vecinos, está aplicando la Fase 3 de su plan de sequía.
Esta etapa contempla la suspensión de buena parte de los usos exteriores del agua, mientras el descontento crece entre residentes por la imposibilidad de regar jardines, el aumento previsto en las facturas y la amenaza de multas, según explicó Isabel Araiza, cofundadora de una agrupación local dedicada a temas hídricos.
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El diseño tarifario ha sido un punto de controversia. Araiza denunció que el sistema otorga a la industria —sector que consume hasta el 60% del agua de la ciudad, según reconoció el administrador municipal Peter Zanoni— la posibilidad de pagar un recargo fijo permanente para eludir tarifas mucho más altas en tiempos de sequía, lo que desalienta medidas de ahorro.
En contraste, la ciudad defiende el mecanismo señalando que gracias a estos recargos la industria ha aportado USD 6 millones anuales y rechaza la idea de que las empresas queden exentas de ajustes forzosos de consumo o esfuerzos de conservación.
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Escasez de agua en plena expansión industrial y presión sobre la infraestructura
La sequía se agrava en un contexto de crecimiento de los grandes clientes industriales. Tras la última crisis hídrica de principios de la década de 2010, la ciudad extendió un acueducto para captar más agua del río Colorado y promovió activamente la reducción de consumo, registrando incluso una caída en el uso posterior. Animados por esta mejora, los funcionarios sumaron a la lista de grandes usuarios una planta petroquímica y una acerera.
Sin embargo, los sistemas de abastecimiento quedaron cortos frente a un fenómeno climático más persistente y severo de lo previsto. El propio Zanoni reconoció en diálogo con Associated Press que la planificación municipal contemplaba periodos secos, pero no de la gravedad actual ni la acumulación de reservas sin recarga adecuada tras la última sequía.
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El acueducto solo alcanzó su capacidad plena el año pasado, mientras que el debate por instalar una planta desalinizadora —recomendada en 2016 como solución potencialmente a prueba de sequías— se estancó ante el alto costo estimado de USD 1.300 millones y la preocupación por su impacto ambiental.
Actualmente, la urgencia domina la respuesta de la ciudad. Las autoridades han comenzado a extraer millones de galones de agua subterránea y esperan ampliar el abastecimiento en los próximos meses.
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Un proyecto clave en el horizonte es el Evangeline Groundwater Project, una obra que incluye una tubería y una veintena de pozos, cuya puesta en servicio podría evitar una emergencia si obtiene la autorización estatal. El agua adicional podría estar disponible a partir de noviembre, aunque persisten dudas sobre la calidad y el eventual agotamiento de los acuíferos si se intensifican las extracciones.
Impactos potenciales: de los hogares a la industria y al suministro energético nacional
La ciudad ingresaría formalmente en estado de emergencia si sus reservas solo alcanzaran para cubrir la demanda durante 180 días. Según escenarios expuestos por las autoridades a Associated Press, esa situación podría presentarse entre mayo y octubre o, en el mejor de los casos, evitarse si las previsiones mejoran de forma inesperada.
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Las restricciones obligatorias recaerían tanto sobre la industria como sobre la población, pero tras años de ahorro por parte de los habitantes, los recortes futuros amenazan especialmente el funcionamiento de las instalaciones industriales.
Don Roach, ex subgerente general del Distrito Municipal de Agua de San Patricio, advirtió: “Será un desastre increíble. Cuando se corta el agua de enfriamiento a la mayoría de estas industrias, simplemente deben cerrar. No hay otra salida”.
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Por su parte, Bob Paulison, director ejecutivo de la Coastal Bend Industry Association, remarcó que las empresas cuentan con poca flexibilidad para recortar significativamente su consumo de agua, aunque sostuvo que mantienen el optimismo respecto de su capacidad de adaptarse y continuar operando.

Mientras la comunidad busca resistir la crisis, la inversión en infraestructura —estimada en alrededor de USD 1.000 millones en mejoras— también aparece como fuente de tensión. Zanoni reconoció ante Associated Press que estas erogaciones podrían duplicar el precio del agua, una perspectiva que muchos temen hará la vida cotidiana más costosa y que, según críticos, beneficiará en mayor medida a las empresas en detrimento de los residentes.
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A diferencia de sequías anteriores, la continuidad de la producción energética nacional podría verse comprometida si se profundiza la emergencia hídrica. Corpus Christi es responsable de despachar combustible y acero a mercados internos y externos; la crisis coincide, además, con un alza de precios de la gasolina por el conflicto con Irán, intensificando el impacto potencial a nivel nacional.
Las dificultades para anticipar y gestionar el suministro, los costos crecientes de soluciones alternativas y la tirantez entre los intereses de la industria y las necesidades de la población proyectan un panorama de alta incertidumbre, mientras la región aguarda precipitaciones que parecen cada vez más remotas.
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