
La persistencia del absentismo y la escasez de agentes de la TSA sigue generando complicaciones en los principales aeropuertos de Estados Unidos, incluso cuando algunos trabajadores comienzan a recibir los pagos retroactivos por el reciente cierre parcial del gobierno. Las filas en los controles de seguridad continúan siendo largas y, aunque los tiempos de espera parecían estabilizarse al inicio de la semana, el déficit de personal permanece por encima de los niveles considerados habituales. La situación afecta principalmente a los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros, donde la ausencia de agentes se hace más notoria que en el promedio nacional.
A pesar de que el Congreso estadounidense no logró un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los legisladores abandonaron la ciudad para un receso, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al secretario del DHS a pagar a los trabajadores de la TSA durante el cierre. Este movimiento permitió que algunos agentes comenzaran a ver reflejado en sus cuentas el pago de salarios atrasados, aunque la regularización de los haberes aún es parcial y el proceso avanza de manera desigual entre los empleados.
El pago retroactivo a trabajadores de la TSA ha supuesto un alivio parcial, pero no ha sido suficiente para normalizar completamente la operación en los aeropuertos. Según un aviso interno obtenido por CBS News, los empleados recibieron el pago correspondiente a 160 horas de trabajo entre el 22 de febrero y el 21 de marzo, aunque todavía quedan pendientes los salarios de la semana previa al 21 de febrero. Además, persisten dudas respecto a la remuneración de las horas extras acumuladas durante el cierre, lo que incrementa la incertidumbre financiera de los agentes.
A nivel nacional, la tasa de ausentismo se fijó en 10,6% el domingo, lo que equivale a 3.101 agentes ausentes. Si bien esta cifra representa una leve mejora respecto al pico del 12,4% registrado el 27 de marzo, sigue siendo considerablemente superior al promedio histórico del 2%. El impacto de esta situación es especialmente grave en algunos aeropuertos: el Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington reportó una tasa de ausencias del 38,5%, el Intercontinental George Bush de Houston alcanzó el 36,4%, mientras que el William P. Hobby, también en Houston, tuvo un 34,1%. En Nueva Orleans y Atlanta, los índices superaron el 33%, y en los principales centros del noreste, como JFK, LaGuardia y Filadelfia, las ausencias rondaron o superaron el 20%. Estos datos reflejan la presión constante sobre las operaciones de control de seguridad.
Para intentar paliar la situación, se dispuso la asistencia de agentes de otras agencias federales. Durante el fin de semana, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron enviados a ayudar en el aeropuerto BWI y en otras terminales con alto nivel de ausentismo. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, indicó que el apoyo se mantendría hasta que los aeropuertos consideraran que sus operaciones estaban completamente restablecidas. El lunes, todos los puestos de control del aeropuerto de Baltimore/Washington lograron estar operativos gracias a estas medidas.
Entre los testimonios de los agentes afectados por el cierre y los retrasos en los pagos, resalta el caso de Pasqual Contreras, oficial de la TSA y dirigente sindical, quien relató a CBS News que, tras recibir el depósito retroactivo, pudo llenar el tanque de su auto y se encontraba listo para regresar a su puesto. La semana anterior, Contreras no había podido costear el combustible necesario para cumplir con su viaje diario de dos horas al aeropuerto Phoenix Sky Harbor. Según sus palabras, el pago recibido apenas alcanzaba para cubrir el alquiler del mes de marzo. “Es suficiente para —quizás no seguir en números rojos— pero no para mucho”, detalló Contreras, evidenciando la precariedad a la que se enfrentan muchos agentes.
La distribución y los plazos de los pagos atrasados han generado confusión entre los trabajadores. Funcionarios del DHS explicaron que algunos depósitos comenzaron a realizarse el lunes, mientras que otros empleados debían recibirlos el martes. El objetivo era que la mayoría tuviera su salario antes de que concluyeran las operaciones del martes, con una fecha límite el miércoles 1 de abril, día en que vencen varias facturas importantes para los trabajadores. La desigualdad en la acreditación de los fondos se atribuye a diferencias en las prácticas bancarias, no en el calendario de la nómina: algunas instituciones liberan los depósitos en cuanto los reciben, otras esperan hasta la fecha oficial de liquidación.
En el plano operativo, las consecuencias del cierre y la escasez de pagos han sido graves. La presión financiera llevó a más de 510 agentes de la TSA a renunciar durante las semanas de interrupción, agravando la escasez de personal. La orden ejecutiva del presidente cubre únicamente el salario de los trabajadores de la TSA, mientras que empleados de otras dependencias del DHS, como la Guardia Costera, FEMA y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, siguen laborando sin recibir sueldo.
El efecto más visible para los viajeros ha sido el incremento en los tiempos máximos de espera en los controles de seguridad. Según los registros más recientes, el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City reportó una demora máxima de 570 minutos el 30 de marzo. Orlando y Denver presentaron tiempos máximos de 517 y 510 minutos, respectivamente. Otros aeropuertos como Filadelfia, Charlotte Douglas y Nashville también registraron demoras superiores a los 100 minutos, mientras que algunos, como JFK y LaGuardia, dejaron de actualizar sus cifras, reflejando la magnitud del desafío operativo.
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