Estados Unidos propone una multa de hasta USD 18.000 a migrantes con orden de deportación

El Gobierno de Donald Trump propuso una multa a migrantes deportables: elevar a USD 18.000 la sanción que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cobra a ciertos migrantes con orden de deportación dictada en ausencia que permanecieron en Estados Unidos y luego fueron detenidos.

El cambio fue impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y formalizado en un documento difundido a través del Registro Federal.

Según la propuesta del DHS, el nuevo monto reemplazaría el cobro vigente de USD 5.130 y se aplicaría a extranjeros con una orden de expulsión “en ausencia” que no abandonaron Estados Unidos y después fueron arrestados por ICE.

El Gobierno sostuvo que la sanción actual no alcanza para reembolsar, de manera parcial, los costos de detención y expulsión.

De acuerdo con el texto oficial, la medida se inscribe en la estrategia de la Administración Trump para incentivar la autodeportación de migrantes indocumentados.

En esa lógica, el aumento busca elevar el costo económico asociado a permanecer en el país tras una orden de salida no cumplida, especialmente cuando el caso deriva en un operativo de arresto y en el proceso de expulsión.

A quiénes se aplica: órdenes “en ausencia” y arresto posterior

El DHS explicó en su propuesta que las órdenes de deportación dictadas en ausencia recaen sobre extranjeros que fueron notificados para presentarse ante una corte de inmigración y no asistieron a sus audiencias. En esos supuestos, la autoridad emite una resolución de expulsión aun sin la presencia del involucrado.

La iniciativa no plantea, según la redacción oficial, una multa general para cualquier infracción migratoria. El documento delimita un escenario concreto: existencia de una orden de expulsión emitida en ausencia, permanencia posterior en Estados Unidos y detención posterior por ICE.

La sanción se vincula con el hecho de que la persona no salió del país tras la orden y terminó bajo custodia de la agencia.

En su fundamentación, ICE sostuvo que el valor vigente resulta insuficiente para compensar los recursos que demanda ejecutar estos casos.

Según la propuesta, la multa funciona como un mecanismo de reembolso parcial de gastos: no se presenta solo como una penalidad, sino como un cobro que busca recuperar una parte de lo que el Gobierno afirma que cuesta detener y expulsar a una persona que ya tenía una orden previa.

El origen del monto vigente: de USD 5.000 a USD 5.130

El DHS detalló en el Registro Federal que, en septiembre pasado, informó que ICE comenzó a cobrar USD 5.000 por esta sanción correspondiente al año fiscal 2025. Siempre según el texto oficial, en noviembre las autoridades migratorias aplicaron un ajuste por inflación y llevaron el monto a USD 5.130.

La propuesta agregó que la base actual de la multa fue fijada el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria. En ese marco, el DHS indicó que el valor vigente quedó desactualizado frente a los costos que, según su evaluación, afronta el Estado cuando la ejecución de una orden de expulsión “en ausencia” culmina en detención y en el proceso de expulsión.

La argumentación oficial subrayó que la revisión no busca únicamente reflejar inflación. El DHS sostuvo que el monto debe acercarse más al costo total del procedimiento cuando la agencia debe localizar a la persona, arrestarla, sostener la custodia y completar las etapas administrativas necesarias para la expulsión.

Cómo el DHS justifica el cálculo: costos directos e indirectos

En el documento oficial, el DHS planteó que el costo del procedimiento no debe limitarse al traslado del detenido o a la custodia inmediata. La agencia incluyó en el cálculo etapas que consideró parte del mismo proceso: identificar a la persona, detenerla, procesarla y expulsarla.

De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS indicó que deben considerarse costos indirectos y generales asociados al funcionamiento de las operaciones. Entre los rubros mencionados figuran capacitación, vehículos y personal de apoyo, además de los recursos empleados en tareas de detención, custodia y logística.

Con esa contabilidad ampliada, el DHS sostuvo que USD 5.130 no cubre de manera suficiente los costos que atribuye al procedimiento, y por eso propuso el salto a USD 18.000. El documento argumentó que la brecha se hace más visible cuando la ejecución exige recursos para localizar a la persona con orden previa, desplegar el operativo, sostener la custodia y completar la expulsión.

Vínculo con la política de autodeportación

Según el texto oficial, la Administración Trump encuadró el aumento de la sanción dentro de un conjunto de acciones orientadas a promover la autodeportación. En ese marco, el DHS presentó el incremento como un mecanismo adicional para incentivar la salida voluntaria antes de una detención por ICE.

El planteo gubernamental combina, de acuerdo con el documento, dos finalidades: por un lado, el reembolso parcial de gastos asociados a la detención y la expulsión; por otro, un efecto disuasorio orientado a impulsar la salida voluntaria antes de que el caso termine en un arresto por ICE.

En 2024, la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, informó que los tribunales de inmigración acumularon más de 3,5 millones de casos pendientes, un contexto que —según la entidad— incrementa la presión sobre el sistema y se vincula con un mayor volumen de decisiones en ausencia.

Si la propuesta avanza, la multa aplicable a ese supuesto pasaría de USD 5.130 a USD 18.000.