El reciente acuerdo del Concejo Municipal de Los Ángeles posterga la aplicación de la ley estatal SB 79, frenando así la transformación inmediata de las zonas residenciales cercanas al transporte público.
La estrategia, aprobada este martes, evita que la ciudad quede sujeta de manera automática a la nueva normativa, que contemplaba la construcción de edificios de hasta nueve pisos en áreas próximas a paradas de transporte a partir del 1 de julio.
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A partir de esta decisión, en lugar de acatar la densificación masiva prevista por SB 79, Los Ángeles redefinirá 55 zonas de baja densidad, donde se permitirá la edificación de entre cuatro y dieciséis viviendas y hasta cuatro niveles de altura.
Estas áreas se ubican principalmente en el centro de la ciudad, la zona oeste, el Eastside y el Valle de San Fernando.
SB 79, promulgada el año pasado, otorga a los municipios la opción de aplazar su entrada en vigor hasta 2030, siempre que adopten medidas propias para incrementar la densidad habitacional.
Esta disposición fue empleada por el gobierno local para diseñar un plan alternativo que incrementa la oferta de viviendas sin ceder el control urbanístico a la normativa estatal.
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El mecanismo aprobado responde a la presión de propietarios preocupados por el impacto de la “upzonificación” masiva.
Según el concejal Bob Blumenfield, aunque la legislación estatal tiene el objetivo legítimo de “crear más oportunidades de vivienda y concentrar el desarrollo cerca del transporte público”, el enfoque local prioriza un crecimiento más controlado y gradual.
Alternativas evaluadas por el Concejo Municipal
El plan aprobado fue el menos expansivo de los tres presentados por el Departamento de Planificación Urbana.
Una segunda propuesta permitía edificios de hasta ocho pisos en un radio de 800 metros alrededor de 23 paradas de transporte, mientras que la tercera, respaldada por organizaciones pro-vivienda, extendía esa posibilidad a 55 puntos de acceso.
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La estrategia seleccionada distribuye el aumento de densidad de forma moderada en las 55 zonas definidas, permitiendo a la ciudad mantener el ritmo y la escala de los cambios urbanísticos.
Las otras alternativas impulsaban una transformación más acelerada y mayor volumen de construcción cerca del transporte público, con el objetivo de responder a la crisis de vivienda.
El acuerdo permite a Los Ángeles retrasar la aplicación de SB 79 hasta 2030. Sin esta medida, la ley habría impuesto la “upzonificación” inmediata en las áreas adyacentes a 141 puntos de transporte, salvo en las zonas protegidas por regulaciones históricas o por riesgo de incendios.
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Excepciones, críticas y perspectivas para la densificación
La ley SB 79 incluye diversas excepciones que protegen áreas históricas y regiones con alto riesgo de incendios del crecimiento vertical.
Según el análisis técnico, la ciudad podría evitar la “upzonificación” en el 88 % de los 141 sitios identificados, aunque el 12 % restante quedaría sometido a la normativa estatal desde julio.
El acuerdo amplía además la denominada “área de Transición del Corredor de Oportunidad”, un incentivo urbanístico para fomentar pequeñas construcciones multifamiliares cerca del transporte público.
No obstante, durante la sesión del concejo, varios participantes señalaron que dicho incentivo no ha generado nuevas viviendas de manera significativa, lo que genera dudas sobre su efectividad bajo el nuevo esquema.
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Frente a la incertidumbre sobre el impacto real de la medida, la concejala Katy Yaroslavsky propuso profundizar los incentivos, permitiendo edificios más altos y densos si los promotores avanzan efectivamente con las obras.
“Esto es solo la primera etapa. Suma capacidad habitacional y nos permite decidir, con más tiempo, dónde ubicar el resto de la densidad”, indicó Yaroslavsky.
La edil remarcó que el éxito de la estrategia dependerá de la concreción efectiva de nuevas viviendas y advirtió contra una postura complaciente que solo retrase el debate de fondo.
Las propuestas para ampliar los incentivos y agilizar la densificación en zonas específicas serán revisadas ahora por la Comisión de Planificación y Uso del Suelo.
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El futuro de la vivienda en Los Ángeles dependerá de la capacidad municipal para equilibrar la presión estatal, las demandas vecinales y la urgencia de responder a la crisis habitacional.
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