El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició procesos de revocación de ciudadanía contra 17 inmigrantes naturalizados, entre ellos Andrea Marroquín y Fernando Cristancho, dos personas de origen colombiano.
En un comunicado, la entidad norteamericana manifestó que este proceso forma parte de una campaña nacional, al considerar que estos individuos habrían recibido la naturalización mediante fraudes, como ocultar antecedentes penales o delitos graves ligados al crimen organizado.
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Casos señalados incluyen lavado de dinero, fraude electrónico o tráfico de drogas, en consonancia con una política de tolerancia cero impulsada por el gobierno federal en los últimos años, tal como confirmaron documentos judiciales.
El proceso de revocatoria implica que los acusados quedaría sujeta a perder su estatus migratorio previo, por lo que podrían ser expulsados del país y perder todos los derechos vinculados a la ciudadanía estadounidense.
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Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan preservar la integridad y legitimidad del sistema de ciudadanía, al enfrentar el fraude y el crimen en los procesos migratorios.
Esta política cuenta con sustento en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza a las autoridades a revocar la ciudadanía y anular certificados de naturalización si se prueba que el proceso se consiguió de manera fraudulenta u ocultando hechos graves, en especial aquellos asociados al crimen organizado o la corrupción.
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Caso de Andrea Marroquín
Según la fiscalía estadounidense, Andrea Johana Marroquín Rubiano obtuvo la residencia permanente tras ocultar un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense (es decir, que su compromiso anterior no había sido anulado).
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) sostuvo además que entre 2003 y 2011 participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario y lavado de dinero, con fondos provenientes del narcotráfico de su padre fallecido, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida, según el documento citado por EFE.
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En la demanda, la justicia estadounidense no menciona el nombre del padre de la acusada, pero remite a una audiencia en la que se alegó que era “un conocido capo de la droga colombiano” asesinado en 1998 o 1999. “La acusada heredó las ganancias del narcotráfico de su padre, que ascendían a decenas de millones de dólares”, indicó el organismo estadounidense citada por la agencia.
A su vez, el Departamento de Justicia también afirmó que el tío de Marroquín, con quien mantenía una relación estrecha, era un narcotraficante que fue condenado por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
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“Cuando extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”, declaró el fiscal interino Todd Blanche en declaraciones a la prensa local.
Caso de Fernando Cristancho
Por su parte, Fernando Cristancho de 69 años y de origen colombiano, figura en el listado como exsacerdote católico. Según los reportes oficiales, es acusado o señalado por presunto abuso sexual contra menores de edad.
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Además de los dos colombianos, el Departamento de Justicia de EE.UU. incluyó a otros 15 ciudadanos naturalizados de países como Cuba, México, República Dominicana, Haití, India, Somalia, Filipinas y Jamaica.
La resolución de estos casos tendrá lugar en los tribunales federales, donde se determinará la validez de cada proceso de desnaturalización, bajo criterios legales estrictos y con base en la evidencia presentada por las agencias estadounidenses.
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Frente al avance de estos procesos, las autoridades recalcan que ningún inmigrante que obtenga la ciudadanía estadounidense mediante fraude o abuso quedará libre de enfrentar las consecuencias legales, arriesgando la pérdida de todos los derechos inherentes a ese estatus.
Esta ofensiva judicial destaca la alta proporción de latinoamericanos entre los afectados y refleja la determinación de reforzar la supervisión en los procesos migratorios como respuesta al uso indebido por parte de organizaciones criminales.
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La política migratoria estadounidense se ha endurecido frente al fraude, subrayando el propósito de salvaguardar el sentido y las ventajas de la ciudadanía en un contexto de creciente vigilancia contra delitos que amenazan la confianza institucional.
Por el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado al respecto.
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