Uber demanda a Nueva York para frenar ley que limita expulsión rápida de conductores señalados por mala conducta

Uber demandó a la ciudad de Nueva York para bloquear una ley municipal que entrará en vigor el 28 de julio y que, según la empresa, le impediría apartar de inmediato a conductores peligrosos o involucrados en fraude.

La compañía sostuvo que la norma afectará la seguridad pública y su capacidad de gestionar quién puede operar en su plataforma.

La denuncia se presentó el martes por la noche ante un tribunal federal de Manhattan.

Según la demanda, Uber cuestionó la ley sobre “desactivaciones indebidas” y afirmó que el esquema la obligaría, de forma inconstitucional, a mantener en la aplicación a conductores de los que no quiere disponer.

El reclamo se apoyó en un argumento operativo: la empresa dijo que, ante denuncias de usuarios o señales de riesgo, necesita margen para desactivar cuentas con rapidez. En su planteo judicial, sostuvo que la norma protegería indebidamente a personas que incurren en conductas peligrosas, amenazantes o inapropiadas, con “daños inmediatos” para su reputación y su valor comercial.

Como parte del contexto, la presentación judicial también mencionó que, al 1 de junio, Uber enfrentaba 3.571 demandas en un litigio nacional ante un tribunal federal de San Francisco por acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de sus conductores. El dato quedó expuesto en paralelo a la ofensiva con la que la compañía busca frenar la norma neoyorquina.

La empresa pidió una orden judicial permanente y el pago de las costas procesales. Un portavoz del departamento legal de la ciudad de Nueva York indicó el miércoles que las autoridades revisaban la presentación, de acuerdo con la respuesta oficial citada en el caso. Hasta el momento, no hubo una contestación sustantiva de la ciudad sobre el fondo de las acusaciones.

Qué cambia la ley local 52 de 2026

La norma impugnada es la ley local 52 de 2026, aprobada en enero por el Concejo Municipal de Nueva York con 46 votos a favor y cinco en contra. Según el esquema descrito en la demanda, la regla apunta a limitar las bajas de conductores en plataformas de transporte de gran escala, con foco en los casos que la ley considera “desactivaciones indebidas”.

En términos generales, la ley impediría que empresas como Uber y Lyft, la plataforma de transporte, den de baja a conductores si no existe una “razón económica genuina” o una “causa justificada”.

Uber sostuvo en el expediente que esa fórmula restringe su capacidad de actuar con rapidez ante riesgos potenciales y que, en la práctica, la obliga a sostener en la plataforma a personas que, bajo sus criterios de seguridad y cumplimiento, deberían ser apartadas de inmediato.

El texto legal, según lo detallado en la demanda, sí contempla excepciones. En particular, permite desvinculaciones por compartir cuentas, fraude y conductas indebidas graves. En esa categoría, la enumeración incluye violencia, acoso, agresión sexual y discriminación.

Uber no discutió que esas causales figuran en la norma, pero planteó que el régimen, aun con esos supuestos, introduce condiciones y plazos que dificultan la reacción inmediata ante situaciones que considera de riesgo.

En su presentación, la empresa enmarcó el conflicto como un choque entre reglas de protección laboral y un sistema de control interno basado en desactivaciones rápidas. En esa línea, alegó que la ley vulnera derechos a la libertad de expresión y al debido proceso, protegidos por la Constitución de los Estados Unidos y por la constitución del estado de Nueva York.

Según la demanda, la ciudad avanzó con una regulación que limita el criterio de la compañía para decidir quién accede a operar en la plataforma y cómo se aplican las medidas disciplinarias.

El preaviso de 14 días, la privacidad y el sistema de revisión

Uno de los ejes del reclamo de Uber es la obligación de dar un preaviso de 14 días antes de desactivar cuentas. La compañía afirmó ante la Justicia que ese plazo abriría una ventana de riesgo: según su planteo, algunos conductores podrían aprovechar ese margen para tomar represalias contra pasajeros que hubieran presentado denuncias en su contra.

La demanda incluyó otra advertencia: la norma podría obligar a la empresa a reincorporar a conductores apartados desde 2019 que no hubieran recibido ese preaviso.

Uber expuso ese escenario como una de las consecuencias prácticas más graves del nuevo régimen, por el potencial efecto retroactivo sobre decisiones adoptadas años atrás, en contextos operativos distintos a los actuales.

Además, la compañía sostuvo que la ley compromete la privacidad de los pasajeros. Según su argumento, el esquema exigiría revelar a conductores acusados las denuncias sobre presuntos abusos, lo que podría exponer información sensible de quienes denuncian y desalentar futuras presentaciones.

En el mismo escrito, Uber cuestionó el mecanismo de revisión de las desactivaciones. La empresa acusó a la ciudad de promover procedimientos “injustos” al obligar a jueces, árbitros y funcionarios del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador a partir de la presunción de que las desactivaciones son indebidas.

Según Uber, esa presunción altera el equilibrio del proceso y, además, traslada a la compañía la carga de probar que actuó con una causa válida, aun cuando su intervención haya sido preventiva o basada en denuncias de usuarios.

La empresa resumió su postura en un comunicado citado en el marco del conflicto judicial: “Estamos demandando a la ciudad de Nueva York para bloquear una nueva ley imprudente que busca privarnos de la capacidad de eliminar de inmediato a los conductores potencialmente peligrosos y a los estafadores de nuestra plataforma, lo que crea una amenaza inmediata para la seguridad pública”.

La demanda busca impedir que el régimen entre en vigor. En su lectura del caso, Uber sostuvo que una obligación de sostener conductores activos durante un proceso de revisión y con plazos de notificación puede chocar con la lógica de seguridad que aplica ante alertas, denuncias y patrones de conducta que considera incompatibles con su servicio.

Lyft no respondió de inmediato a las consultas sobre sus planes legales o su estrategia frente a la entrada en vigencia de la ley.