Las consecuencias del programa de préstamos por desastre económico implementado durante la pandemia en Estados Unidos han comenzado a afectar a miles de pequeños empresarios como Chris Towns, productor de arándanos en Georgia.
Tras solicitar un préstamo federal de USD 125.000 y posteriormente ampliarlo a USD 495.000, Towns enfrenta graves dificultades para cumplir con los pagos debido al aumento de los costos, la caída de las ventas y fenómenos climáticos adversos, como heladas y el huracán Helene, que en 2024 destruyó la mitad de su cosecha.
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El caso de Towns refleja la situación de muchos beneficiarios del programa gestionado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), que otorgó cerca de cuatro millones de créditos a 30 años y bajo interés, con montos de hasta USD 2 millones, durante la crisis de COVID-19.
Lo que fue presentado como un salvavidas financiero se ha convertido, para una parte creciente de los prestatarios, en una carga difícil de sostener por la persistencia de problemas económicos y la presión de los nuevos mecanismos de cobro federal.
Miles de empresarios estadounidenses que recurrieron al programa de préstamos por desastre económico enfrentan ahora morosidad creciente y la amenaza de ejecuciones de cobro por parte del Tesoro.
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La SBA ha remitido más de USD 75.000 millones en deudas impagas al Departamento del Tesoro para su recuperación, y el saldo pendiente total alcanzaba USD 279.000 millones a mediados de 2025.
Los deudores reciben notificaciones de agencias de cobranza exigiendo el pago inmediato de la totalidad del monto, con recargos incluidos.
Aquellos que superan los 90 días de atraso pueden perder subsidios agrícolas, sufrir la retención de pagos federales e incluso ver afectado su historial crediticio, lo que limita futuras opciones de financiamiento.
Los estudios económicos muestran que las pequeñas empresas beneficiadas experimentaron una mejora inicial en el empleo, aunque este impacto se desvaneció y, en 2023, muchas reportaban menor rentabilidad respecto a aquellas que no accedieron al crédito.
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Abogados especializados advierten que los pedidos de asesoría legal por parte de empresarios en apuros han aumentado de forma significativa.
Además, la estructura del programa, pensada para catástrofes localizadas, resultó insuficiente para la magnitud de la crisis y la ola de impagos.
Estrategias de cobro y futuro incierto para los deudores
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado la contratación de empresas de cobranza, duplicando el gasto anual en estos servicios desde 2024.
Entre los mecanismos utilizados se encuentran la retención de devoluciones de impuestos y pagos federales, así como la imposición de embargos sobre propiedades y cuentas personales para quienes ofrecieron garantías al solicitar el préstamo.
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Empresarios como Ruby Brister, quien obtuvo un préstamo de USD 318.000 para expandir residencias de cuidados en Hawái, han visto cómo los atrasos y nuevas comisiones dispararon su deuda a niveles insostenibles.
Brister enfrenta cuotas mensuales superiores a USD 12.000 tras renegociar su saldo con una agencia de cobranza, y ha debido buscar asesoría legal ante la presión de las nuevas condiciones.
La SBA, que redujo su plantilla en un 31 % en un año, ha recibido críticas por demoras en la atención a deudores y por no perseguir activos en garantía ni trasladar suficientes casos al Departamento de Justicia.
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Los programas de alivio temporal, que permitían pagos reducidos, se están agotando, y muchos empresarios no encuentran alternativas antes de entrar en mora definitiva.
Falta de alternativas y presión política
El programa de préstamos por desastre económico fue presentado como una herramienta cálida y accesible, según Brett Theodos, analista del Urban Institute.
Sin embargo, los prestatarios enfrentan ahora recargos, amenazas sobre su patrimonio y escasas vías de negociación. Muchos esperaban que el Congreso aprobara condonaciones similares a las debatidas para los préstamos estudiantiles, pero la falta de acuerdo político ha dejado sin solución a quienes no pueden cumplir con sus pagos.
El gobierno acepta offers in compromise (ofertas de pago parcial), aunque abogados especializados aseguran que son difíciles de conseguir.
Además, quienes hayan incumplido algún término del crédito, incluso involuntariamente, pueden quedar inhabilitados para recibir ayuda o reestructuración.
Pequeños empresarios como Jim Mellon, propietario de una cadena de bienestar que acumuló USD 2,2 millones en créditos, hoy adeudan más de USD 3 millones tras sumar intereses y recargos, y consideran imposible cumplir los plazos pactados.
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“No hay manera. No puedo pagar eso”, resume Mellon sobre la situación de miles de prestatarios.
El sector empresarial sugiere que, ante la magnitud de los impagos, el Tesoro y el Congreso deberán encontrar soluciones, ya que la vía judicial masiva sería costosa y políticamente riesgosa.
Los afectados reclaman la eliminación de altas comisiones y planes de pago realistas para evitar la ruina crediticia o la pérdida de activos personales.
El futuro del programa y la confianza en eventuales ayudas federales dependerán de la capacidad política y administrativa de ofrecer respuestas ante una deuda que amenaza la estabilidad de las pequeñas empresas y la gestión de las cuentas públicas.
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