La inminente destrucción de los materiales electorales relacionados con la Proposición 50 encendió una polémica en Riverside County, California.
A pocas semanas de que la ley ordenara eliminar las papeletas, el sheriff Chad Bianco intervino y decomisó más de 650.000 votos emitidos en los comicios de noviembre, alegando su “deber constitucional” de investigar posibles delitos electorales.
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La operación, ejecutada bajo dos órdenes judiciales, generó una confrontación inédita entre autoridades locales y estatales.
El fiscal general de California, Rob Bonta, expresó profunda preocupación por la intervención del sheriff. En una carta enviada el 4 de marzo, advirtió que esta acción “sienta un precedente peligroso y solo sembrará desconfianza en nuestras elecciones”.
Bonta exigió la suspensión de la pesquisa y amenazó con tomar acciones legales si Bianco continuaba con la investigación.
La fiscalía estatal considera que el decomiso representa un hecho sin precedentes y podría afectar la confianza pública en el sistema electoral del estado.
La incautación de los votos se produjo a raíz de una denuncia presentada por un grupo de voluntarios locales, que aseguraba haber detectado una diferencia de 45.896 votos entre los emitidos y los contabilizados.
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Aunque Bianco no identificó públicamente a los responsables de la auditoría, la denuncia se atribuye al Riverside Election Integrity Team, una organización ciudadana centrada en la vigilancia de procesos electorales.
El caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia y la integridad electoral en California.
El origen de la denuncia y la respuesta oficial
La investigación partió de la discrepancia señalada por el grupo ciudadano, que alertó sobre un supuesto desfase en el escrutinio.
La autoridad electoral del condado, Art Tinoco, restó importancia a la acusación durante una comparecencia ante la Junta de Supervisores, explicando que el grupo interpretó de forma errónea datos sin procesar.
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Tinoco precisó que el desfase real era de solo 103 votos, el 0,016 % del total, una variación común en procesos de gran magnitud.
El sheriff Bianco actuó bajo dos órdenes judiciales fechadas el 9 y el 23 de febrero y procedió con la incautación de las papeletas antes de que venciera el plazo legal para su destrucción.
La fiscalía general fue informada y solicitó posponer la operación para compartir información relevante; no obstante, los votos se retiraron antes de lo anunciado, según fuentes del despacho de Bonta citadas por Los Angeles Times.
La corte designó a un “special master” para supervisar el recuento. Mientras tanto, los investigadores del sheriff ya habían comenzado una revisión previa de los votos.
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El recuento se reiniciará bajo nuevas directrices judiciales, marcando un ambiente de tensión entre las autoridades locales y estatales encargadas del proceso electoral.
Implicancias políticas y repercusiones en California
La investigación del sheriff ocurre en un entorno político influido por la aprobación de la Proposición 50, que modificó temporalmente los distritos federales y fue avalada con el 56 % de los votos en Riverside y el 64 % en todo el estado.
En el condado, el margen superó 82.000 papeletas a favor de la reforma. La intervención ha generado sospechas en la política californiana.
La politóloga Kim Nalder, de la Sacramento State University, califica la pesquisa como “una maniobra electoral” y advierte: “Quienes no conocían el historial del sheriff, ahora lo sabrán. Es un mensaje claro”.
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Bianco figura entre los favoritos en la carrera a la gobernación, de acuerdo con una encuesta reciente de UC Berkeley y Los Angeles Times, que muestra un empate técnico con el analista conservador Steve Hilton, mientras el voto demócrata aparece dividido.
Contexto nacional y antecedentes recientes
Las acciones de Bianco en Riverside County se inscriben en una tendencia nacional de cuestionamientos al sistema electoral de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump, a quien Bianco apoya explícitamente, ha impulsado reiteradas propuestas para federalizar los comicios y sostiene —sin presentar pruebas— que existió fraude masivo en 2020.
En enero, la oficina del FBI registró oficinas electorales en el condado de Fulton, Georgia. Este mes, la legislatura de Arizona entregó registros federales vinculados a la auditoría de Maricopa, siguiendo órdenes de un jurado federal.
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La creciente judicialización de los procesos electorales ha elevado la presión sobre las autoridades locales, que deben equilibrar la investigación de denuncias con la protección de la integridad del sufragio y la confianza pública.
De acuerdo con Statista, en 2024 había más de 30 investigaciones electorales de alto perfil en curso en Estados Unidos, la mayoría impulsadas por denuncias de actores políticos o ciudadanos.
Consecuencias inmediatas y posibles escenarios legales
El sheriff Bianco ha explicado que su pesquisa no equivale a un nuevo recuento de la Proposición 50 ni está relacionada con su postulación a gobernador.
Afirma que actúa ante denuncias ciudadanas de posible fraude, aun sin el respaldo de los responsables electorales. La fiscalía estatal mantiene que la incautación masiva de votos vulnera precedentes legales y podría derivar en acciones judiciales para detener la operación.
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La situación en Riverside County ilustra la creciente tensión entre autoridades estatales y locales por la gestión y protección del voto.
Los próximos pasos dependerán de las resoluciones judiciales y de la capacidad de garantizar transparencia y legalidad en el proceso electoral.
El impacto político y social de la incautación continúa alimentando el debate tanto en California como en el ámbito nacional.
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