El apoyo a un impuesto único del 5% a los multimillonarios para financiar la sanidad pública en California apenas supera la mitad del electorado, con divisiones partidistas y dudas sobre su viabilidad.
Una encuesta reciente del Instituto de Estudios de Gobierno de la Universidad de California en Berkeley, junto con el Los Angeles Times, muestra que solo el 52% de los votantes registrados respalda la propuesta, frente a un 33% que la rechaza y un 15% indeciso.
La iniciativa pretende recaudar USD 100.000 millones mediante un impuesto único del 5% sobre los patrimonios de quienes residan en California y posean más de USD 1.000 millones en activos.
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El sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, que representa a 120.000 trabajadores del sector, impulsa la medida como respuesta a los recortes federales en programas de salud promovidos por la administración republicana y firmados por el expresidente Donald Trump.
Si se aprueba, la norma afectará a unas 200 personas en el estado. Sin embargo, algunos empresarios tecnológicos reconocidos, como Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin, han realizado inversiones inmobiliarias en Florida, lo que sugiere un posible cambio de residencia para evitar el tributo.
Además, Brin ha destinado USD 45 millones a una campaña para promover una iniciativa alternativa y bloquear el impuesto, intensificando así el debate sobre el futuro fiscal del estado.
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El respaldo a este impuesto presenta una segmentación política definida: el 72% de los demócratas lo apoya, cifra idéntica al porcentaje de republicanos que lo rechaza.
Entre los votantes no afiliados a los principales partidos, el apoyo es levemente mayoritario, aunque existe un nivel significativo de indecisión.
Para el estratega Brandon Castillo, la iniciativa arranca desde una posición débil. Castillo advierte: “No es un lugar muy sólido para arrancar”, y señala que la oposición, respaldada por grandes sumas de dinero, podría cambiar la tendencia en los próximos meses.
Polarización en torno al impuesto a multimillonarios y la identificación de votantes
La encuesta de UC Berkeley también evaluó el respaldo a una segunda propuesta: requerir identificación y verificación de ciudadanía para votar.
En este caso, la sociedad californiana aparece aún más dividida: el 44% de los votantes apoya la medida, mientras que el 45% se opone.
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El respaldo entre republicanos alcanza el 91%, y entre demócratas, el 68% la rechaza. Los votantes independientes están prácticamente divididos, lo que añade incertidumbre al desarrollo del debate electoral.
Actualmente, la ley estatal exige identificación solo al registrarse para votar, bajo juramento de cumplir los requisitos legales.
No se requiere mostrar identificación al emitir el voto, ni en persona ni por correo, normativa que los partidarios de la reforma consideran insuficiente para asegurar la integridad del proceso.
El impulso para endurecer los requisitos surgió tras denuncias infundadas de fraude electoral promovidas por Donald Trump.
Sus seguidores y sectores del Partido Republicano sostienen que exigir verificación adicional evitaría el voto de no ciudadanos, aunque informes oficiales reportan que este fenómeno es raro y ya está prohibido por la ley federal.
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El papel de los votantes latinos e inmigrantes
La encuesta muestra que, entre los votantes latinos, el 44% apoya la verificación obligatoria de ciudadanía, mientras el 41% está en contra.
Entre quienes hablan predominantemente español y nacieron en el extranjero, la mayoría está a favor de la medida. Mark DiCamillo, director de la encuesta, advierte que el voto latino suele definirse cerca de la fecha electoral, por lo que estos porcentajes podrían modificarse a medida que avance la campaña y aumente la cobertura mediática.
Escenario y perspectivas de cara a noviembre
Ambas iniciativas esperan aún la confirmación oficial para figurar en la boleta electoral de noviembre. Los promotores de la verificación de ciudadanía aseguran haber presentado 1,3 millones de firmas, superando el mínimo requerido de 875.000.
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En tanto, los defensores del impuesto a los multimillonarios tienen plazo hasta el 24 de junio para reunir y presentar las suyas.
Por ahora, la atención del electorado es baja y no se han desplegado campañas masivas; se prevé que la publicidad y el debate público crezcan al acercarse la elección, lo que podría modificar la intención de voto y el nivel de conocimiento ciudadano sobre ambas propuestas.
Las encuestas previas suelen indicar mayor respaldo al control de ciudadanía, incluso entre demócratas. Esta vez, los sectores progresistas mantienen una postura más escéptica, un factor que podría incidir si la campaña moviliza a estos grupos.
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La discusión actual refleja la tensión constante entre prioridades sociales y fiscales en California, con la salud pública y la integridad del sistema electoral como ejes en las próximas elecciones.
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