La justicia de Texas absuelve a cuatro hombres tras 35 años de polémica por el brutal crimen conocido como “caso Yogurt Shop”

Una jueza declaró inocentes a los acusados del asesinato de cuatro adolescentes en Austin en 1991, poniendo fin a años de incertidumbre, dolor y estigmatización para las familias implicadas

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Un cartel de recompensa con fotos en blanco y negro de cuatro mujeres jóvenes, texto rojo "WHO KILLED THESE GIRLS?" y detalles de una recompensa de $125,000
Un mural de recompensa por $125,000 busca información sobre los asesinatos de las cuatro jóvenes en la tienda I Can't Believe It's Yogurt! de Austin en 1991. (HBO)

Cuatro hombres acusados en Austin fueron declarados inocentes por la jueza estatal Dayna Blazey en una sala repleta, culminando así uno de los procesos judiciales más complejos y polémicos de Texas de las últimas décadas, según consignó la cadena estadounidense NBC News.

La decisión marca el cierre del célebre caso de los asesinatos ocurridos en la tienda I Can’t Believe It’s Yogurt en 1991, donde cuatro adolescentes fueron brutalmente asesinadas, y pone fin a más de veinte años de incertidumbre, dolor y estigmatización para los implicados y sus familias.

El crimen, que estremeció a la comunidad de Austin, tuvo lugar en la tienda I Can’t Believe It’s Yogurt. Las víctimas —Amy Ayers (13 años), Eliza Thomas (17), y las hermanas Jennifer y Sarah Harbison (17 y 15 años)— fueron halladas atadas, amordazadas y ejecutadas de un disparo en la cabeza. Tras la masacre, los responsables incendiaron el local, lo que intensificó la conmoción pública y aumentó la presión sobre la policía local, detalló la cadena estadounidense NBC News.

El error institucional y la larga lucha por la absolución

Durante la audiencia, la jueza Blazey fundamentó su decisión en el respeto por la ley y la dignidad de los acusados. La fiscal Trudy Strassburger abordó de manera directa la responsabilidad del estado, reconociendo: “El estado procesó a cuatro hombres inocentes... por uno de los peores crímenes que ha enfrentado Austin. No pudimos haber estado más equivocados”, consignó la cadena estadounidense NBC News.

La inocencia comprobada permite ahora a Michael Scott, Forrest Welborn, Robert Springsteen y Maurice Pierce reintegrarse a la sociedad de manera legal, con la posibilidad de solicitar compensación por los años que pasaron en prisión o bajo sospecha infundada. En la audiencia, Scott y Welborn estuvieron acompañados de familiares; por su parte, Springsteen, condenado y sentenciado a muerte anteriormente, no estuvo presente. Pierce falleció en 2010 tras un enfrentamiento con la policía.

Los cuatro acusados, adolescentes en el momento del crimen, fueron arrestados en 1999, tras una investigación en la que la policía revisó miles de pistas y obtuvo confesiones consideradas falsas. Las condenas de Springsteen y Scott se apoyaron en estas confesiones, que ambos aseguraron luego habían sido obtenidas por coacción policial.

Estas sentencias serían anuladas a mediados de la década de 2000, gracias a la aparición de nuevas pruebas. Welborn fue acusado pero nunca sometido a juicio, ya que dos jurados se negaron a imputarlo. Pierce pasó tres años en prisión hasta que los fiscales desestimaron los cargos.

Perspectiva y testimonio de los exonerados

La abogada Amber Farrelly, defensora de Springsteen, enfatizó el peligro real del error judicial al advertir: “No olvidemos que Robert Springsteen pudo haber muerto ejecutado por el estado de Texas”. Mientras tanto, Scott relató el extenso daño personal: “Perdí a mi familia. Perdí mi juventud. Mi hija tenía tres años cuando fui arrestado. Cada día cargué el peso de un crimen que no cometí”.

Primer plano de personas en una protesta, con una pancarta negra grande que dice "¿QUIÉN MATÓ A ESTAS CHICAS?" y un letrero de gasolinera en el fondo
Manifestantes sostienen una gran pancarta negra con la pregunta "¿QUIÉN MATÓ A ESTAS CHICAS?" durante una protesta por justicia. (HBO)

Fue la irrupción de las pruebas de ADN en 2009 el factor decisivo: el análisis genético reveló la presencia de un perfil masculino que excluía a los cuatro hombres absueltos. Esto descartó de forma contundente su implicación y reorientó el curso de la investigación.

El giro de la investigación por nuevas evidencias

La revisión del caso tomó impulso en 2025, luego de la difusión de una serie documental que captó la atención pública y llevó a los detectives a reexaminar tanto las pruebas genéticas como las balísticas. En septiembre del mismo año, las autoridades identificaron al verdadero responsable: Robert Eugene Brashers, quien falleció en 1999 durante un enfrentamiento armado con la policía en Missouri.

El ADN de Brashers, hallado bajo la uña de una de las víctimas, coincidía con el registrado en otros crímenes perpetrados en distintos estados: en todos los casos, las víctimas fueron atadas con su propia ropa, sufrieron agresiones sexuales y en ocasiones los escenarios del crimen fueron incendiados. Además, los investigadores comprobaron que Brashers había sido detenido cerca de El Paso poco después del crimen de Austin, portando una pistola calibre 38, la misma empleada en el asesinato.

Esta resolución ha generado un intenso debate sobre los métodos policiales empleados y la reacción institucional después de los errores. Familiares de los absueltos denunciaron casos de acoso policial y la abogada Farrelly reiteró el peligro de los errores judiciales: la falta de pruebas contundentes y la presión mediática derivaron en detenciones e imputaciones injustificadas.

Marisa Pierce, hija de uno de los hombres exonerados, hizo hincapié en la imprescindible recuperación del honor familiar y señaló el hostigamiento tras la liberación de su padre.

Reparación e impacto en el sistema de justicia

La decisión judicial implica no solo un acto de reparación para los absueltos y sus familias, sino que establece un llamado claro a fortalecer la base científica y metodológica de las investigaciones criminales y a mejorar la protección de los derechos humanos.

El caso ha impulsado nuevas discusiones en Texas sobre la necesidad de mecanismos que eviten errores estructurales en el sistema judicial y el uso de pruebas periciales de máxima robustez y transparencia institucional.

Cuando la jueza anunció la inocencia de los acusados, las familias celebraron el cierre de una injusticia que pesó por décadas y la esperanza de reconstruir sus vidas.

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