El Gobierno de Estados Unidos demandó a la Universidad de Harvard por no colaborar con una investigación federal

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, presentó una nueva demanda judicial contra la Universidad de Harvard en un tribunal federal de Massachusetts. El Ejecutivo acusa a la institución de no colaborar plenamente con una investigación federal y reclama la entrega de documentos vinculados a sus procesos de admisión. La disputa se enmarca en una ofensiva más amplia de la Casa Blanca, que busca condicionar el acceso a fondos federales y modificar las políticas de admisión de las universidades estadounidenses, señaladas por Trump como espacios dominados por ideologías antisemitas y de “izquierda radical”.

El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, intensificó el viernes el contencioso legal con Harvard. La demanda sostiene que la universidad “ralentizó repetidamente el ritmo de presentación y se negó a proporcionar los datos y documentos pertinentes” requeridos en la investigación sobre sus criterios de admisión. Entre los documentos solicitados figuran datos sobre “raza, origen étnico, diversidad, equidad e inclusión” de los estudiantes admitidos. “Harvard no ha revelado los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones están libres de discriminación; seguiremos luchando para que el mérito prevalezca sobre las políticas DEI en todo EEUU”, afirmó Bondi.

La administración Trump sostiene que la universidad no ha abordado adecuadamente las denuncias de acoso hacia estudiantes judíos, razón por la cual se cancelaron centenares de becas destinadas a investigadores. Harvard, por su parte, respondió en un comunicado que ha colaborado con los requerimientos del Gobierno y asegura que cumple con la sentencia de la Corte Suprema que prohíbe la acción afirmativa en el proceso de admisión. En palabras de la universidad: “Harvard continuará defendiéndose de estas acciones represivas que se han iniciado simplemente porque la universidad se negó a ceder su independencia o a renunciar a sus derechos constitucionales en respuesta a la extralimitación ilegal del Gobierno”.

La querella no acusa formalmente a Harvard de discriminación racial, sino que busca forzar la entrega de información sobre cualquier consideración de raza en sus procedimientos de admisión. El Departamento de Justicia inició la revisión de cumplimiento en abril de 2025, el mismo día en que la Casa Blanca remitió una lista de exigencias alineadas con las prioridades de Trump. Las autoridades federales solicitaron cinco años de datos de admisiones correspondientes a los programas de grado, medicina y derecho, incluyendo calificaciones, resultados de pruebas, ensayos, actividades extracurriculares y datos sobre raza y etnia. El plazo para entregar la información vencía el 25 de abril de 2025.

La disputa escaló en febrero, cuando el Ejecutivo remitió una carta formal a Harvard exigiendo supervisión sobre admisiones, contrataciones e ideología tanto de estudiantes como de personal. Ante la negativa del centro académico, el Gobierno congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales, argumentando una supuesta política antisemita en la universidad. Harvard presentó una demanda y una jueza federal suspendió el bloqueo de fondos.

La tensión aumentó cuando Trump intentó prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros en Harvard y calificó a la institución como “un peligro para la democracia”. Días atrás, el presidente reclamó una compensación de 1.000 millones de dólares al centro educativo en concepto de “daños y perjuicios”, después de que The New York Times informara que la administración habría desistido del litigio. Trump duplicó así la cifra que había solicitado previamente como parte de un posible acuerdo para restaurar los fondos federales de la universidad.

El caso se inscribe en una ofensiva federal más amplia que exige a universidades de todo el país datos detallados sobre sus procesos de admisión. El Departamento de Educación planea recolectar información adicional luego de la orden ejecutiva de Trump, que apunta a verificar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema y la eliminación de cualquier consideración racial en los procesos de selección de estudiantes.

(Con información de Reuters, EFE y AP)