
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó un aviso en su sitio web informando que no se emitirán beneficios federales de alimentación el 1 de noviembre, en caso de que se mantenga el cierre del gobierno federal iniciado el 1 de octubre.
Esta decisión afecta principalmente a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del cual dependen cerca de 42 millones de estadounidenses, es decir, aproximadamente uno de cada ocho habitantes del país, según datos de The Associated Press.
La medida responde a la negativa de la administración Trump de utilizar cerca de 5 a 6 mil millones de dólares de fondos de contingencia para cubrir las asignaciones de noviembre. “En resumen, el pozo se ha secado”, cita el aviso del USDA. “En este momento, no se emitirán prestaciones el 1 de noviembre. Nos acercamos a un punto de inflexión para los demócratas del Senado”.

El SNAP durante la crisis política
El SNAP, conocido informalmente como “cupones de alimento”, representa uno de los pilares de la red de seguridad social en Estados Unidos. Proporciona un beneficio mensual promedio de 188 dólares por persona.
Con el cierre gubernamental perfilándose como el segundo más largo en la historia nacional, la administración aseguró el pago de los beneficios de octubre, pero advierte que la extensión de la crisis dejará a millones de familias y personas vulnerables sin recursos para adquirir alimentos. El impacto ampliado podría extenderse a todos los estados y a diversas organizaciones que dependen de fondos federales.
El anuncio del USDA incrementa la presión sobre el Congreso para alcanzar un acuerdo de gasto federal. Los demócratas han declarado que no apoyarán una prórroga presupuestaria si no incluye la extensión de subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act), mientras que los republicanos exigen primero la reapertura del gobierno para entablar negociaciones.
En respuesta a la crisis, legisladores demócratas han enviado cartas a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, solicitando el uso de fondos de contingencia. Sin embargo, un memorando interno del USDA sostiene que “los fondos de contingencia no están legalmente disponibles para cubrir las prestaciones ordinarias”, justificando que dichos recursos están reservados para emergencias.

Algunas administraciones estatales, tanto demócratas como republicanas, han manifestado su preocupación. Algunos estados han prometido sostener los beneficios de SNAP utilizando fondos locales en caso de que el gobierno federal detenga los pagos, aunque el memorando advierte que “los estados no serán reembolsados si usan sus propios fondos”, generando incertidumbre sobre la viabilidad de esa medida.
Por ejemplo, Arkansas y Oklahoma han recomendado a los beneficiarios identificar comedores sociales y organizaciones caritativas como alternativa ante una posible interrupción en las ayudas federales.
Un panorama de incertidumbre
La potencial interrupción de SNAP se suma a la crisis del WIC, otro programa alimentario federal para mujeres y niños pequeños, que enfrentó la amenaza de quedarse sin fondos recientemente. En ese caso, el gobierno federal reasignó recursos de aranceles destinados a otros programas para garantizar la operación del WIC hasta finales de mes.
Durante el anterior cierre de gobierno prolongado, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el USDA encontró excepciones legales que permitieron cubrir pagos imprevistos. Sin embargo, la actual postura parece no contemplar soluciones de ese tipo por el momento.
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