Las negociaciones entre la Universidad y Harvard y la administración de Donald Trump podrían tomar un nuevo rumbo tras el reciente fallo de la justicia federal en Boston, que ordenó dejar sin efecto los recortes presupuestarios superiores a 2.000 millones de dólares impuestos a la universidad. La magistrada Allison Burroughs dejó sin validez las órdenes ejecutivas del gobierno que, según argumentó la administración, respondían a la supuesta incapacidad de la universidad para proteger a estudiantes judíos e israelíes en medio de protestas por la guerra en Gaza.
La administración de Donald Trump anunció que apelará la decisión, defendiendo que los recortes estaban “legalmente justificados” por el supuesto incumplimiento de Harvard de salvaguardar a sus estudiantes. No obstante, desde la universidad negaron esos cargos, apuntando que la verdadera motivación del presidente era intervenir en políticas de contratación, admisiones y currículo.
La suspensión de fondos federales condujo a Harvard a adoptar medidas como un congelamiento de contrataciones y la interrupción de importantes programas de investigación, especialmente en el ámbito médico y de salud pública, un hecho que “puso en riesgo vidas de estadounidenses”.
El fallo de la jueza Burroughs no solo anula todos los congelamientos y cancelaciones de financiación desde el 14 de abril de 2025, sino que también prohíbe a la administración utilizar los mismos argumentos para futuros recortes. En palabras textuales de la magistrada: “El Tribunal anula y deja sin efecto las Órdenes de Congelamiento y las Cartas de Terminación al ser violatorias de la Primera Enmienda”.
A pesar del claro triunfo judicial para Harvard, la posibilidad de un acuerdo económico sigue sobre la mesa. Según el profesor de la Albany Law School, Ray Brescia, citado por AFP, la universidad podría seguir la senda de Columbia y pactar una suma que reconozca parcialmente las acusaciones a cambio de restituir los fondos. “Creo que se ha hablado de un arreglo de 500 millones de dólares”, estimó Brescia y agregó: “La gente resuelve casos todo el tiempo, incluso si piensa que tiene toda la razón”.
Por su parte, el presidente de Harvard, Alan Garber, consideró que el fallo “valida los argumentos en defensa de la libertad académica universitaria” y añadió que la institución seguirá evaluando las implicancias del dictamen.
En su resolución, la jueza Burroughs admitió la existencia de antisemitismo en Harvard, pero subrayó que los recortes de fondos no tendrían ningún efecto sobre ese problema:
“Está claro, incluso basándonos solo en las propias admisiones de Harvard, que la universidad ha estado aquejada por el antisemitismo en los últimos años y podría (y debería) haber trabajado mejor en el tema”, escribió. No obstante, remarcó que “hay poca conexión entre la investigación afectada por la cancelación de subsidios y el antisemitismo”.
La jueza, nombrada durante el mandato de Barack Obama, fue tajante al sugerir que la Casa Blanca “utilizó el antisemitismo como una cortina de humo para un ataque ideológico y dirigido contra las principales universidades del país”. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, calificó a Burroughs como una “jueza activista designada por Obama que siempre iba a fallar a favor de Harvard” y ratificó que el ejecutivo prepara de inmediato la apelación: “Harvard no tiene derecho constitucional a los fondos de los contribuyentes”, recalcó.
(Con información de AFP)
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