Un tribunal federal de apelaciones en Atlanta suspendió este jueves 4 de septiembre la orden para cerrar el centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, mientras se resuelve el proceso de apelación interpuesto por las autoridades estatales y federales.
La decisión del panel, tomada por dos votos frente a uno, frena el mandato de una jueza de primera instancia que exigía desmantelar completamente las operaciones antes de finalizar octubre, incluyendo la reubicación de detenidos y el retiro de infraestructuras, según informó The Associated Press.
La orden original emanó de la jueza de distrito Kathleen Williams, quien resolvió a favor de la demanda presentada por organizaciones como Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la Tribu Miccosukee. Dichas entidades sostienen que la construcción de la cárcel en medio de zonas húmedas protegidas no cumplió con el requisito federal de evaluación de impacto ambiental.
En opinión de los demandantes, la instalación pone en riesgo los frágiles ecosistemas de los Everglades. “Las leyes medioambientales existen para proteger estos lugares únicos y delicados”, declaró ante el tribunal un representante de Friends of the Everglades.
La polémica alrededor del centro de detención
El centro de detención de migrantes, situado en una pista de aterrizaje abandonada y rodeada por humedales, fue erigido en tiempo récord por la administración del gobernador Ron DeSantis a finales de junio.
Según versiones recogidas por The Associated Press, el propósito fue colaborar con las políticas de deportación emprendidas bajo el gobierno del presidente Donald Trump, en una ubicación remota que dificultaría los intentos de evasión.
El propio DeSantis afirmó que el emplazamiento buscaba servir de “elemento disuasorio” y reconoció el apodo alusivo a la prisión de máxima seguridad en California: “queríamos un sitio con el mismo tipo de aislamiento que Alcatraz, apto para quienes se encuentran en el país en situación irregular”, argumentó el gobernador republicano.
Luego de la instrucción judicial de Williams, los gobiernos estatal y federal apelaron de inmediato, defendiendo la legalidad del centro. Las autoridades de Florida reiteraron esta semana su intención de reabrir la cárcel y recibir nuevos detenidos si la suspensión judicial les favorecía.
El panel del tribunal de apelaciones justificó su decisión aduciendo el interés público hasta que se resuelva la apelación principal. Por su parte, el gobierno federal se desmarcó de la responsabilidad sobre el centro, argumentando que “no ha invertido ni un solo dólar en su construcción ni en su administración”.
No obstante, Florida gestiona actualmente una solicitud de subsidios federales para financiar una parte de la operación. En los documentos judiciales, las autoridades estatales defendieron que “la obligación de presentar una declaración de impacto ambiental no es aplicable a los gobiernos estatales en este contexto”, según extractos recogidos por The Associated Press.
El argumento de los demandantes
Las demandas de Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la Tribu Miccosukee han elevado la controversia a nivel nacional, al involucrar cuestiones de derecho ambiental, competencias federales y políticas migratorias.
Los demandantes denuncian la omisión de procedimientos legales exigidos en áreas ambientalmente sensibles, mientras los defensores del proyecto aseguran que todo está ajustado a la normativa aplicable en Florida.
Las organizaciones demandantes insisten en la importancia de la protección de los Everglades y han advertido sobre la reactivación de la lucha judicial si la instalación reanuda operaciones. “El daño a los humedales puede ser irreversible”, alertó un portavoz del Center for Biological Diversity.
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