Fraude con tarjetas de crédito de donantes, robo de identidad y otros cargos que enfrenta el legislador George Santos

Los fiscales federales presentaron una serie de cargos adicionales contra el representante de Nueva York George Santos, alegando que el congresista republicano se involucró en nuevos esquemas criminales, como robar las identidades y detalles de tarjetas de crédito de donantes a su campaña, informó New York Times.

Dichas acusaciones se plasmaron en una acusación formal reemplazante que conglomera 23 delitos, ilustrando cómo Santos facturó “reiteradamente y sin autorización” las tarjetas de crédito de ciudadanos que lo apoyaron electoralmente, distribuyendo esos fondos irregularmente a sus propias campañas y las de otros candidatos, además de a su propia cuenta bancaria.

En el Distrito Este de Nueva York, se añadieron 10 cargos contra el congresista, incluyendo conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, fraude electrónico, robo de identidad agravado, fraude con dispositivo de acceso, declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones y falsificación de registros para obstaculizar la comisión.

Las acusaciones contra Santos, un parlamentario republicano de primer mandato, difieren considerablemente de los casos de corrupción típicos contra los políticos. La mayoría de estos casos han girado en torno a intercambios de favores complicados y preguntas legales complejas sobre la índole de un soborno político. A diferencia, las supuestas faltas del acusado parecen tener más en común con las de un estafador común.

Entre otros actos, los fiscales sostienen que el representante neoyorquino robó el número de tarjeta de crédito de un donante para transferir más de USD 11 mil a su propia cuenta bancaria y estafó por USD 50 mil a dos otros donantes utilizando una falsa organización sin fines de lucro, luego de emplear el dinero para comprar bienes de diseñadores prestigiosos y saldar deudas personales.

Además, las acusaciones alegan que fingió ser rico para impresionar a líderes republicanos, pues reportó un préstamo ficticio de USD 500 mil a su campaña para obtener su apoyo financiero y fingió decenas de miles de dólares en donaciones para dar la impresión de éxito político desbordante.

La actualización de la acusación llegó luego que la tesorera de la campaña de Santos, Nancy Marks, se declarara culpable de un delito grave de conspiración para defraudar a Estados Unidos y admitiera su papel en la denuncia fraudulenta del préstamo ficticio de USD 500 mil.

La mujer reveló en la corte que ella y un cómplice no identificado acordaron hacer informes de donaciones falsas y falsificación del préstamo. La acusación de reemplazo hizo evidente lo que ya se sospechaba ampliamente: el cómplice era Santos.

“Santos infló falsamente los recibos reportados de la campaña con préstamos inexistentes y contribuciones que fueron fabricadas o robadas”, dijo en un comunicado Breon Peace, Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este. Santos se negó a comentar sobre los nuevos cargos, indicándole a los periodistas en Washington que no había revisado recientemente su teléfono, pero que no tenía planes de renunciar. Su abogado, Joseph Murray, declinó comentar.

New York Times señaló que la acusación original presentada en mayo contra Santos, con una potencial condena de 35 años, lo acusaba de involucrarse en tres esquemas financieros separados. Los fiscales le imputaron 13 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y mentir en formularios de divulgación federales.

El político, quien busca la reelección en 2024, se ha declarado inocente de los cargos anteriores. Ha negado de manera consistente cualquier participación en las finanzas de su campaña, atribuyendo cualquier problema o discrepancia a Marks.

Los nuevos cargos podrían ejercer una presión mayor sobre Santos para llegar a un acuerdo de culpabilidad. En septiembre, los fiscales revelaron que habían iniciado conversaciones sobre “posibles vías a seguir” con el congresista en su caso de fraude; sin embargo, él ha negado que tales negociaciones estén en marcha. Si Santos llegara a renunciar y dejar vacante su puesto estatal, se tendría que llevar a cabo una elección especial para reemplazarlo.