La administración Biden confeccionó reglas que determinan cuál es el protocolo a seguir a la hora de deportar a alguien de los Estados Unidos. Dicho manual fue demandado por dos estados conservadores (Texas y Luisiana) y la pelea legal llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que hoy se pronunció al respecto.
El máximo tribunal ha dado luz verde para que utilicen esas reglas. Si bien la administración aún no se ha pronunciado al respecto, se espera que el plan se implemente en el corto plazo.
¿Qué dice la norma?
Si bien en ultima instancia la última palabra la tienen los agentes del departamento de inmigración (ICE por sus siglas en inglés), la norma indica que deben dar prioridad de deportación a los migrantes que representan un peligro a la seguridad pública, por haber cometido delitos graves. Pero además, hay una cuestión de tiempo en el país. Si una persona es detenida apenas cruza la frontera y no demuestra vínculos a los Estados Unidos, aunque no tenga antecedentes penales, puede tener prioridad para la deportación.
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En tiempos de Donald Trump, el ser indocumentado era causa suficiente para que una persona sea deportada. Bajo estas nuevas normas, ya esto no sería causa suficiente sino que el gobierno debería presentar otro motivo que justifique la expulsion del país.
Como factores, se toman en cuenta el arraigo al lugar y lo involucrados que están con la comunidad. Si se tienen hijos estadounidenses, también es un factor a tomar en cuenta.
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El tema es que se calcula que hay entre 11 y 20 millones de indocumentados en el país (algunos afirman que solo bajo la administración Biden cerca de 6 millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera). No hay manera realista de pensar que se puede deportar a toda esa gente. Bajo la administración Obama hubo un récord histórico de deportaciones y en los ocho años fueron menos de 3 millones los expulsados del país.
Por eso tener parámetros ordera la situación. Los agentes de ICE saben en qué enfocarse.
Tres criterios claros
El primer criterio es deportar a aquellos que representan una amenaza a la seguridad nacional. Personas involucradas en terrorismo, espionaje u otro tipo de actividades que vayan en contra de los intereses nacionales. Incluso si los crímenes de este tipo fueron cometidos en otro país, la personas puede ser deportada
El segundo criterio tiene que ver con antecedentes penales. Si un migrante es arrestado y condenado por un delito violento, esto lo pone en línea directa de deportación.
El tercer criterio son los recién llegados que aún no generaron vínculos en el país.
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