Texas enfrenta una inversión de USD 174.000 millones para evitar una crisis hídrica que, de no atenderse, podría provocar pérdidas económicas de hasta USD 91.000 millones tan pronto como en 2030.
El nuevo plan estatal advierte que la oferta de agua podría reducirse hasta en un 10% de aquí a 2080, mientras la demanda sigue en aumento, reveló el último análisis presentado por la agencia estatal Texas Water Development Board y citado por el medio The Texas Tribune este jueves.
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La magnitud del desafío supera estimaciones previas: en 2022, la agencia estatal había proyectado que serían necesarios USD 80.000 millones para afrontar el futuro hídrico del estado.
Con la actualización publicada esta semana, el costo se ha más que duplicado, mientras el respaldo financiero autorizado por los votantes apenas alcanza USD 20.000 millones, según informó The Texas Tribune.
La estimación oficial identifica 3.000 proyectos prioritarios propuestos por 16 grupos de planificación regional, abarcando desde grandes infraestructuras hasta la perforación de nuevos pozos, además de 6.700 estrategias recomendadas, como el desarrollo de nuevas fuentes mediante almacenamiento en acuíferos, desalación de aguas salobres, reutilización de agua y un énfasis en la conservación.
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Según Perry Fowler, director ejecutivo de la red de especialistas Texas Water Infrastructure Network, “no será suficiente para compensar los costos de los proyectos”.
La presión sobre los recursos hídricos se acentúa por la combinación de sequías crónicas, rápido crecimiento demográfico e inflación en los precios de construcción.
Autoridades de Corpus Christi advirtieron esta semana que la ciudad podría declarar emergencia hídrica en cuestión de meses.
Otras localidades rurales próximas a Coastal Bend intensificaron la perforación de pozos, mientras habitantes del norte del estado también se preparan para eventuales escaseces de acuíferos, informó The Texas Tribune.
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Factores detrás del aumento de costos
De acuerdo con el plan, la capacidad máxima de extracción hídrica disminuirá en un 9% entre 2030 y 2080, lo que pondrá en riesgo la viabilidad de comunidades y el desarrollo económico de Texas.
El informe señala como causantes el efecto de la inflación persistente, las disrupciones en las cadenas de suministro derivadas de la pandemia de COVID-19 y la acumulación de proyectos pendientes.
Jeremy Mazur, director de infraestructura y recursos naturales en el think tank Texas 2036, puntualizó a The Texas Tribune que la proyección oficial solo cubre la oferta de agua, sin incluir el reemplazo de infraestructuras. Mazur advierte que el coste real podría aproximarse al “cuarto de billón de dólares”, considerando ambas problemáticas.
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La demanda aumenta sobre infraestructuras bajo presión
Sarah Kirkle, directora de políticas de la asociación sectorial Texas Water Association, indicó al mismo medio que la demanda por agua ya supera la capacidad de la infraestructura actual.
“El crecimiento poblacional, los fenómenos meteorológicos extremos y el dinamismo económico incrementan la exigencia sobre nuestros sistemas, a medida que los proyectos locales más sencillos y económicos ya han sido ejecutados”, remarcó Kirkle.
El plan, de 80 páginas, constituye solo el primer paso administrativo para definir la hoja de ruta hídrica de los próximos 50 años.
Matt Nelson, subadministrador ejecutivo de la oficina de planificación de la agencia estatal Texas Water Development Board, puntualizó que se trata de proyectos impulsados desde lo local, “prioritarios, sin importar cómo sean financiados”.
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Residentes y organizaciones tienen hasta finales de mayo para enviar comentarios sobre el plan. Según The Texas Tribune, la aprobación definitiva deberá producirse antes de enero de 2027, mientras en la legislatura de Texas se anticipa un debate central sobre el papel estatal en el financiamiento.
Fowler advirtió: “Tendrá que ser una prioridad desde arriba; los retos son tan grandes que requerirán de todos los niveles de gobierno”.
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