
La petición formulada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para la imputación de Carlos Mazón, expresidente de la región, constituye el avance más reciente en la investigación judicial sobre la gestión de la depresión aislada en niveles altos (DANA) que azotó la provincia de Valencia en octubre de 2024 y provocó la muerte de 230 personas. De acuerdo con la publicación del PSOE, este paso representa para las víctimas de las inundaciones y para el conjunto de la comunidad valenciana un acercamiento hacia la obtención de justicia. Según reportó el PSOE en un comunicado, consideran a Mazón como el principal responsable político de la tragedia y expresaron que “Mazón no es el único, pero sí es el máximo responsable político de una gestión negligente que costó vidas”.
El medio detalla que la jueza responsable de la investigación solicitó formalmente la imputación del expresidente ante el alto tribunal valenciano. Desde la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, se exigió públicamente al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que retire a Mazón del acta de diputado autonómico y lo aparte de la vida política regional. Los socialistas sostienen que, pese a las numerosas contradicciones ofrecidas desde que ocurrieron las inundaciones —incluida la referencia a una “dimisión falsa” y el aforamiento que, consideran, protege a Mazón gracias al respaldo del PP— la investigación judicial podría derivar en consecuencias legales personales para el exmandatario regional.
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El comunicado del PSOE también hizo hincapié en los actos concretos atribuidos a Mazón durante la emergencia. Los socialistas relatan que durante la noche de la catástrofe, el expresidente se encontraba en el establecimiento conocido como el Ventorro y, pese a que se habían confirmado varias víctimas mortales y se estaban realizando rescates de emergencia, él se marchó a su domicilio a dormir pasada la una de la madrugada. Según publicó el PSOE, esa conducta evidencia, en su opinión, una falta de diligencia y de compromiso con la ciudadanía en uno de los momentos más críticos que vivió la región.
Por otra parte, el PSOE denuncia que el Partido Popular, bajo la dirección de Feijóo, ha mantenido a Mazón como diputado y, por tanto, aforado, lo que según la formación socialista supone un blindaje político y una recompensa tras lo ocurrido. El partido califica dicha protección parlamentaria como una “verdadera indignidad” y subraya la necesidad de asumir responsabilidades políticas inmediatas. En ese sentido, remarcan que el líder de la oposición nacional debe actuar, retirando a Mazón de su escaño y reclamándole su acta para evitar convertirse en “cómplice” de la situación.
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Según consignó el medio, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, manifestó desde la Cámara Baja que la decisión de la jueza de Paiporta representa “el primer paso” hacia el ejercicio de las responsabilidades que, en su opinión, Mazón eludió cuando presidía la Comunidad Valenciana. López criticó la continuidad de Mazón en el cargo durante más de un año a pesar de las circunstancias señaladas. “Estoy convencido de que al final la verdad se va a abrir paso y esa verdad exige responsabilidades. Y la mayor es la de Mazón”, afirmó López según difundió el PSOE.
La investigación judicial sobre estos hechos responde a las muertes y daños humanos ocurridos por la DANA entre el 17 y el 20 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. Los procesos de rescate y atención de víctimas, así como la gestión política y administrativa del desastre, figuran entre los principales ejes bajo análisis por parte de la magistrada a cargo del caso. Según distintas comunicaciones difundidas por el PSOE, los socialistas consideran que el aforamiento que mantiene Mazón debe eliminarse para que la justicia pueda actuar “sin obstáculos” y que la sociedad valenciana reciba una respuesta adecuada ante el nivel de afectaciones sufridas.
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El impacto de las inundaciones, que dejaron cientos de fallecidos y un alto número de damnificados, ha situado el debate en torno al desempeño de las instituciones regionales y la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia. La actuación personal de Mazón, enfocada en este caso por la acusación política como determinante, genera una presión sobre la dirigencia nacional del PP para revisar su apoyo y resguardar la imagen institucional, según interpretan los socialistas.
El medio destacó la insistencia del PSOE en que todas las versiones y explicaciones ofrecidas por Mazón desde octubre han sido contradictorias o insuficientes a su juicio. Además, el partido exige que la posible protección legal derivada del aforamiento no obstaculice el avance de la causa judicial, subrayando que la decisión de la jueza aumenta las expectativas de una resolución que, según el propio comunicado socialista, requiere no solo una respuesta legal, sino también una asunción inmediata de responsabilidades políticas por parte de todos los implicados.
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