El Algarrobico, 20 años desde su paralización: una licencia aún vigente y una expropiación parcial en ciernes

Una revisión incompleta del permiso municipal para la construcción del hotel El Algarrobico ha ralentizado los procedimientos destinados a su posible demolición, mientras se cumplen dos décadas desde la paralización de la edificación en Carboneras, Almería. Este sábado se conmemoran veinte años desde que la justicia ordenó la suspensión cautelar de las obras, un fallo que marcó el inicio de extensos litigios y que, según informó El País, mantiene bloqueada la recuperación de la playa almeriense por parte de ecologistas y el Gobierno.

El edificio, que permanece sin terminar, se sitúa dentro de los límites del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y sobre terrenos clasificados como protegidos. De acuerdo con el medio El País, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoció esta semana que el Ayuntamiento de Carboneras cumplió con la obligación de modificar su plan urbanístico, que ahora califica los suelos de El Algarrobico y El Canillar como no urbanizables de especial protección en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta decisión impide legalmente la continuación o desarrollo de nuevas edificaciones en estos sectores.

A pesar de esta resolución judicial, el hotel sigue en pie porque no se ha completado el proceso de revisión de la licencia de construcción concedida a la promotora Azata del Sol el 13 de enero de 2003, permiso que, según diversas sentencias, vulneró la Ley de Costas al invadir la zona de servidumbre de protección de 100 metros sobre el dominio público marítimo-terrestre. El País detalló que, aunque esta vía judicial es la preferida por la Junta de Andalucía para conseguir la demolición, los colectivos ecologistas han señalado que el Ayuntamiento ha retrasado el proceso durante más de tres años. Argumentan que los plazos administrativos se han dejado expirar de forma sistemática, lo que ha impedido activar el expediente de demolición y ha generado la posibilidad de que la promotora reclame indemnizaciones millonarias por responsabilidad patrimonial.

El medio El País relató que el Ayuntamiento de Carboneras inició formalmente la revisión de la licencia el 11 de julio mediante un acuerdo de pleno, pero sólo remitió los trámites exigidos al Consejo Consultivo de Andalucía el 7 de diciembre, y además lo hizo de forma incompleta. Greenpeace considera que el procedimiento ha perdido validez, ya que han pasado más de seis meses desde su inicio, lo que a su juicio obliga a repetir todo el proceso desde el principio. Para este colectivo, esta es una táctica de la administración local orientada a simular un cumplimiento formal que en la práctica no se materializa.

Frente al estancamiento en el plano municipal, el Gobierno central ha optado por una estrategia distinta y, según consignó El País, ha iniciado la expropiación de casi la mitad de los suelos sobre los que se asienta el hotel, en la franja de dominio público marítimo-terrestre. Fue la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien anunció en febrero de 2025 la intención de recuperar ese espacio a través de una expropiación más ágil. Los cálculos oficiales preveían resolución en cinco meses, pero el trámite judicial se ha prolongado ya que la promotora recurrió la medida. Si bien el TSJA denegó la suspensión cautelar que solicitaba Azata, la resolución definitiva aún depende de la deliberación del tribunal y la revisión de los expedientes correspondientes.

Mientras la Sala judicial reúne información para resolver sobre la legalidad del procedimiento, las partes discuten la compensación económica. La cuantía es un punto conflictivo, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica calculó una indemnización de 16.500 euros por los terrenos expropiados, mientras que Azata del Sol reclama 44,5 millones de euros. Las negociaciones involucran a un jurado provincial que fijará el importe final, en tanto el Gobierno ha insistido en que la Junta de Andalucía participe en la operación, petición reiteradamente planteada según publicó El País.

La superficie alcanzada por el proceso de expropiación, unos 16.432 metros cuadrados, equivale a aproximadamente la mitad del área total ocupada por el hotel; todo el complejo suma 32.654 metros cuadrados, de acuerdo con los datos catastrales difundidos por El País. La otra mitad se encuentra sobre suelos que, aunque también protegidos y ya clasificados como no urbanizables, dependen de la Junta de Andalucía, la cual hasta ahora no ha iniciado procedimientos de expropiación. En años previos la administración autonómica estudió ejercer su derecho de retracto, pero actualmente la competencia sobre esa zona permanece sin movimientos administrativos relevantes.

Los conflictos legales derivados de la situación del hotel El Algarrobico se originaron en 2005, cuando un juez ordenó el cese de las obras tras una demanda de Salvemos Mojácar, grupo conservacionista al que luego se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Las sentencias posteriores señalaron que el edificio, un bloque blanco de hormigón ya construido en un 95 por ciento, se levantó en una franja de suelo sometida a protección medioambiental y marítima, por lo que debía ser demolido. Desde entonces, el proceso judicial ha derivado en alrededor de quince sentencias y numerosas resoluciones, ampliando sin solución la controversia.

El actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, declaró a El País que el edificio pasó “de ser el sueño de Carboneras a una pesadilla de la que no despierta”, reflejando el impacto que el largo litigio ha tenido en la localidad y su entorno. El hotel nunca llegó a inaugurarse, pese a que quedaban dos meses para su apertura oficial cuando se decretó la paralización, que coincidía con el inicio de la temporada turística de Semana Santa.

Mientras tanto, el hotel se mantiene cerrado y vacío, convertido en uno de los ejemplos más reconocidos del estancamiento de proyectos urbanísticos en suelo protegido en España, a la espera de una resolución definitiva que determine su futuro y el de la costa de El Algarrobico. Las distintas administraciones, junto a colectivos ecologistas y judiciales, continúan en una disputa legal y administrativa sobre cómo y cuándo ejecutar la demolición, y en cuáles términos restaurar el entorno natural a su estado previo.