El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz

El escrito de defensa de Alberto González Amador sostiene que la filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía, anterior a la apertura formal del procedimiento penal, impidió que se cumpliera el principio de un juicio justo. Según consignó Europa Press, el documento señala que este hecho, junto con otras actuaciones relacionadas con la revelación de secretos, ha comprometido las garantías procesales desde el inicio del caso de presunto fraude fiscal contra González Amador.

De acuerdo con Europa Press, la defensa de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, argumentó ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid que existieron vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales, en especial el derecho de defensa y la presunción de inocencia. El procedimiento contra González Amador, que inició tras el dictado del auto de apertura de juicio oral por la jueza Carmen Rodríguez-Medel en septiembre pasado, gira en torno a la acusación de un posible fraude a Hacienda de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 y la supuesta pertenencia a un grupo criminal.

El escrito citado por Europa Press vincula las filtraciones mediáticas del caso con la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Los abogados subrayan que el procedimiento penal que enfrenta su cliente estuvo precedido por actuaciones delictivas del exfiscal general derivadas de su función institucional, lo que, en opinión de la defensa, afectó la legitimidad del proceso penal vigente.

Para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los hechos atribuidos a González Amador constituyen la base para pedir una condena de tres años y nueve meses de cárcel, por dos delitos fiscales cometidos en concurso medial con falsedad documental. Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid eleva la petición de pena a cinco años de prisión, añadiendo la presunta responsabilidad en un delito contable y otro relacionado con la pertenencia a grupo criminal, según reportó Europa Press.

Se detalla que el eje central de la estrategia jurídica de González Amador, presentado en su escrito de defensa, lo conforma la denuncia de la filtración a medios de un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por su letrado a la Fiscalía, que exploraba la posibilidad de un acuerdo penal. La defensa sostiene que la divulgación de este mensaje vulneró el deber de confidencialidad propio de las negociaciones previas a un pacto procesal, lo que a su entender desvirtuó desde el origen los mecanismos de garantía de un proceso penal justo.

En cuanto a los hechos denunciados, los abogados argumentan que no se configuran los delitos de fraude contra la Hacienda Pública, falsedad documental, ni los delitos contable y de pertenencia a grupo criminal, según notificó Europa Press. La defensa subraya que no existe deuda tributaria pendiente de ingreso ante la Agencia Tributaria correspondiente al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, S.L.

El documento argumenta que los soportes documentales en el proceso acreditan la realidad de las operaciones, e indica que la Agencia Tributaria reconoce la existencia real de los ingresos derivados de la expansión en América Latina de Quirón Prevención, así como los gastos de desplazamiento a México relacionados con esta actividad. Sin embargo, tal como consta en el escrito, la Agencia Tributaria no acepta como servicios reales los de intermediación de la sociedad MBE Manufactoring, que habrían facilitado el contacto con instituciones mexicanas como el Senado, la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La defensa sostiene en el escrito que el reconocimiento administrativo de los ingresos y gastos respalda la veracidad de los servicios objeto de investigación y descarta la existencia de falsedad documental. Alega que, si se hubieran aplicado los ajustes propuestos por la Agencia Tributaria en su Liquidación Vinculada a Delito, y también los otros cuatro ajustes requeridos por la defensa, la base imponible quedaría por debajo de los 120.000 euros en ambos ejercicios fiscales, eliminando así la posibilidad de que se configure el delito fiscal.

Además, el texto señala, según recopiló Europa Press, que este extremo se habría podido verificar en fase de instrucción si se hubiera admitido la diligencia pericial solicitada por la defensa. El argumento principal se apoya en la idea de que el curso del procedimiento y sus garantías han resultado comprometidos desde el primer momento por las filtraciones y la exposición pública del caso, parte de un proceso que, en opinión de los abogados, suprimió la posibilidad de un juicio justo para su representado.